A pesar de ser duramente cuestionada, y de haber dejado pendiente la comprobación de casi 650 millones de pesos de los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, cuando se desempeñó como directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la contadora Sonia Murillo Manríquez fue nominada el 19 de septiembre como contralora general de Baja California Sur. Los 21 diputados de la XIV Legislatura no opusieron la mínima resistencia en la designación de la cuestionada funcionaria, y aprobaron el nombramiento por unanimidad, bajo el argumento -según el diputado priista Joel Vargas Aguiar- “de ofrecer el voto de confianza a la propuesta del gobernador”. Durante la comparecencia de la hoy contralora, la mayoría de los legisladores del Congreso encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Marcos Antonio Armendáriz Puppo, tuvieron una sesión muy aterciopelada y a modo de Murillo, quien durante casi dos horas, respondió preguntas sobre las facultades de la contraloría y sobre su plan de trabajo en tres sesiones. Ni un solo diputado cuestionó sus antecedentes laborales, errores y omisiones, inclusive las graves anomalías cometidas cuando se desempeñó como directora de Administración y Finanzas de la SEP. Después de ser votada por el Congreso, el gobernador Carlos Mendoza Davis, tomó protesta a la nueva contralora, quien expresó su confianza de que cumplirá “con la encomienda de contribuir a la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción”. Desde su nuevo puesto, la contadora Sonia Murillo Manríquez habrá de ser juez y parte, porque como contralora general del Estado, tendrá que revisar el gastos irregulares de los casi 650 millones de pesos que no comprobó en su calidad de directora de Administración y Finanzas de la SEP, los cuales -refieren informes de resultados de la Auditoria Superior de la Federación- se distribuyen de la siguiente manera: 130 millones del ejercicio de 2011, 143 millones de 2012 y 77 millones de 2013. No obstante, durante su toma de protesta, la nueva contralora hizo el compromiso -ahora sí- de responder con buenas cuentas a la confianza que depositaron el gobernador y el Congreso del Estado. A pesar de que en el evidente caso de Murillo, no lo hizo con el dinero del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), el mandatario sudcaliforniano confió en que “verificará y constatará que los recursos públicos sean ejercidos conforme están planeados”.
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