Los transportistas de Tijuana consideran que el Gobierno Municipal protege al sistema Uber, y sostienen que de no tratar con imparcialidad el tema, revelarán los nombres de funcionarios que participan activamente en ese servicio. Por lo pronto no lo hacen, porque sería romper el diálogo con las autoridades, pues junto a esas revelaciones vendrían movilizaciones públicas “como nunca se han visto”. Y es que el enfado no solo invade a los del sector municipal, sino a los que trabajan en espacios federales como las garitas y el aeropuerto. En entrevista con ZETA, los transportistas muestran una hoja blanca, sin membrete y solo con dos preguntas, ambas sobre Uber. Aseguran que se trata del sondeo que el Ayuntamiento de Tijuana realiza a través del Instituto Municipal de Participación Ciudadana (Impac). La inconformidad, tal como lo explican Gabriel Lemus, representante de Verde y Crema, Baltasar Gómez de Taxis Libres y Rafael Flores presidente de la alianza del transporte, es que la promesa del ejercicio del Impac es tomar decisiones en todos los sectores del transporte, pero lo que se ve, es un enfoque mayor hacia Uber. Es por ello que no creen que los foros y consultas que se están desarrollando en torno al servicio y a la nueva modalidad en la ciudad, ayuden a generar el orden que en la ciudad falta. Consideran el ejercicio un falta de respeto, pues alegan que en distintas ocasiones han buscado a los funcionarios propuestas para mejorar, y que además ya existe el consejo municipal del transporte. “No, porque ha sido mínimo el interés. Nosotros hemos presentado infinidad de recomendaciones de dónde está el desorden, quién lo trae, sin embargo, ellos únicamente instalaron el consejo municipal del transporte como un requisito”, manifestó Gabriel Lemus. Baltasar Gómez, por su parte, cita el artículo 17 de la Ley General del Transporte Público del Estado de Baja California, mismo que prohíbe la utilización de un vehículo particular o privado para el cobro de traslados. Sobre este ordenamiento reflexionan y se aventuran a decir, que cualquier modificación en el Gobierno Municipal terminará siendo inútil sin una reforma a dicha Ley. “Hay un desorden en el transporte, sin papeles, clonado, unidades que no tienen que operar. ¿Por qué primero no ponen orden? Se está afectando como nunca a los operadores. Están afectando a 20 mil familias, de todas las modalidades. ¿Por qué solapar intereses, a favor de quién está operando?”, insistió Rafael Flores. Los transportistas aceptaron que la ciudadanía está en su contra, pero como consecuencia de un gobierno que no responde a la intención de un transporte de calidad, digno, por estar solapando y tolerando el desorden, permitiendo amparados, piratas y vehículos sin concesión. “La culpa no es de los transportistas 100 por ciento, es compartida, necesitamos autoridades a las que les interese acabar con la corrupción, que les interesé acabar con las irregularidades que están a la vista”, dijo Lemus. El de Verde y Crema, consideró que la llegada de Uber fue “la gota que derramó el vaso de un hartazgo de los transportistas, de estar viviendo ya de ilusiones. Gobiernos van, gobiernos vienen diciendo que van a poner orden”.
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