En el poblado de Camalú, a 150 kilómetros de Ensenada, siguen esperando que el diputado federal electo del Partido Acción Nacional por el Distrito 03, Wenceslao Martínez Santos, regrese a cumplirles. Y no se trata precisamente de promesas de campaña, sino de su palabra de honor, el compromiso moral que hizo con la familia de un par de adolescentes a quienes atropelló a finales de 2013. La mañana del domingo 17 de noviembre de ese año, los primos Esteban Lili Reyes y Marcelino Rivera Vergara, entonces ambos de 11 años de edad, pidieron permiso a sus padres para ir a pintar la Escuela Primaria “Monte Albán”, en la colonia del mismo nombre. No pasó mucho tiempo cuando el padre de Esteban, Martín Lili Reyes, vio a lo lejos que había gente armando barullo en medio de la Carretera Transpenínsular, a la altura del Kilómetro 155. Cuando llegó se encontró con la imagen de una bicicleta destrozada, los dos menores tirados en el asfalto, uno de ellos inconsciente. Su hijo orinando sangre, y su sobrino “boqueando”, arrojando sangre, con el cráneo roto y masa encefálica de fuera. También ahí vieron por primera vez a Wenceslao Martínez, en ese tiempo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), quien era el conductor que arrolló a los menores. “Venía en una pick-up gris nuevecita, del año”, describe Martín Lili, jornalero oriundo de Veracruz y con 25 años radicando en el Valle de San Quintín. “Andaba en su juicio, pero el hombre iba muy duro y les pegó, el bato como que quiso librarlos, pero aventó a uno de los niños hacia el paredón de concreto y ahí es donde se le acabó de achatar la cabeza”, prosigue.
Prominente empresario del ramo de la construcción, el arquitecto Martínez venía a bordo de una Toyota Tundra color gris modelo 2013 con placas AM71399, reconoció venir hablando por teléfono celular cuando de repente se le aparecieron los menores en medio de la carretera y nada pudo hacer para esquivarlos. “Señora, fue sin querer, no lo hice a propósito, venía distraído y cuando ya quise… Me los llevé, no pude por más que quise frenar, pero aquí estoy, no me fui”, le dijo el próximo diputado a Ventura Salazar Vergara, abuela paterna de uno de los menores. Mancillados el par de adolescentes, uno de ellos agonizando en la Clínica 69 del Seguro Social en la colonia de jornaleros 13 de Mayo, los familiares de la víctima acordaron otorgarle el perdón momentáneamente al detenido a cambio de que respondiera con los costos de atención y recuperación de los menores. Conductor y autoridades afirmaron que los niños habían sido los culpables por su imprudencia, y bajo esa condicionante, fácilmente los padres firmaron el perdón. Los propios agentes de la Policía Federal de Caminos, que llegaron “a las mil” a la escena del crimen, cuando la abuela les preguntó cómo se iban a arreglar el hecho, les respondieron: “Mire señora, no hay nada qué arreglar, aquí lo único que se va a hacer es levantar el papeleo, fue el choque de dos vehículos”. La mujer le reclamó el hecho de comparar una pick-up con una bicicleta: “Pues es lo mismo, porque el carro trae chófer y la bicicleta trae chófer, y los niños son los culpables”. Ignorantes, desesperados, y sin saber leer, no costó trabajo convencer a los papás de las víctimas, firmar un acta ante el Ministerio Público otorgando el perdón al conductor e incluso aceptando literalmente la culpabilidad de los menores en el accidente; pero también pidiendo ayuda para cubrir los gastos que se originen. En el documento oficial atestiguado y avalado por el licenciado Miguel Ángel Amador Dueñas, Agente del Ministerio Público Receptora en San Quintín y la secretaria de Acuerdos Ericka Pérez Mendoza, se establece como delito el de “lesiones por culpa”, donde también asientan los padres que los menores “se atravesaron”. No hay declaración de Wenceslao Martínez. Tres meses después el expediente 11/14/311/CO de la Unidad de Orientación y Atención Temprana establece el delito como de “lesiones culposas”, lo que significa “que lo agrediste, pero sin intención. Bueno, no que lo agrediste, que lo lesionaste”, según explica un abogado. “Por ejemplo, subes corriendo una escalera y chocas con una persona, que cae por las escaleras y se lesiona, pero no era tu intención hacerlo. No recuerdo las sanciones por lesiones culposas, obviamente es menor a que sean dolosas. ¿Los indemnizó?”, plantea. 
El Artículo 139 del Código Penal de Baja California establece que el juez valora la pena por las circunstancias y antecedentes del presunto responsable Pero en este caso, refiere Martín Lili Reyes, uno de los padres, la secretaria de Acuerdos Ericka Pérez Mendoza se la puso bien clara al otro padre, Juvencio Salazar Vergara, cuando este preguntó a la autoridad si Wenceslao Martínez también tendría que firmar su compromiso de cubrir todos los gastos: “¡No!, basta con su palabra. Si él quiere los va a ayudar, si no, ustedes no lo pueden obligar a que los ayude. No pueden hacer nada, ya se hizo todo”. Y firmaron el perdón. Tan contento salió Wenceslao Martínez del embrollo que inmediatamente le dio 2 mil pesos a cada una de las madres de los dos atropellados para que comieran y lo “que hiciera falta”, recuerda Lorena Rivera Castellanos, la madre del menor más afectado, quien separada del padre y su hijo, esa noche fue llamada nomás para que se “despidiera” de su hijo agonizante: “Porque no había nada que hacer por él, no había ni cirujano, y una socia del señor nos llevó un cambio de ropa, nos dijo que era ropa de ella”. “Yo me comprometo ayudarlos para todo”, les prometió cual candidato en campaña, un año antes de las elecciones, a quienes en esos momentos ni se imaginaban quién era, hasta hace unos meses: “Wenceslao… me suena, me suena… ¡Es el que atropelló a los chamacos! Y hasta votamos por él”, narra Matilde, una tía. Víctimas, familia y clamor Martín Lili Reyes, migrante de alrededor de 50 años, perdió un ojo cuando trabajaba como jornalero en el Rancho Colonet, luego se afectó una pierna de por vida -“no dejé que me la mocharan”- en la recicladora Camalú; ni uno ni otro patrón lo tenía asegurado ni lo indemnizaron, meses después su mujer lo abandonó por otro hombre, y a su tragedia se sumó el atropellamiento de su hijo, Esteban Lili Reyes, quien aunque menos afectado que el otro menor, también tuvo secuelas: “Tiene inflamada la espalda, no puede trabajar, se desgarra. Los dientes los tiene quebrados, se le aflojaron todos, todavía le duele la boca y no puede comer”. Dijo que su hijo requiere una especie de “corona” para arreglarle la dentadura, por lo que en su momento Wenceslao Martínez lo canalizó a una dentista ubicada junto al Parque Revolución en la Zona Centro de Ensenada, donde la odontóloga nomás le hizo curaciones pero después les dijo que ya no regresaran porque “el señor” no estaba pagando, “háblenle al que lo arrolló para que pague”, le sugirieron. El tratamiento inconcluso asciende a 8 mil 500 pesos. Afirma Lili que de los demás gastos y medicinas para su hijo él se ha encargado, pidiendo préstamos y cooperación, pese a que el empresario se comprometió a cubrir todos los costos.
Pero alega que Wenceslao nunca respondió, ni para medicinas, ni para el gasto de transporte, pues su hijo duró seis meses en Ensenada, hasta que “el señor dijo que no lo estuviéramos molestando, que mejor nos pusiéramos a trabajar para curar a nuestros hijos, que no nos iba estar manteniendo, entonces mi cuñado le pidió trabajo, y nos respondió, ‘consíganlo como puedan y no me molesten`”. Finalmente, expuso que después de que lo “jalaron” del DIF y el Seguro Social “se comprometió ayudar a mi cuñado -padre del otro menor-, pero no a mí”. Describe las consecuencias del accidente para su sobrino, Marcelino Vergara Rivera, quien se llevó la peor parte: “Está en silla de ruedas, tiene la manita encogida, y el pie también, le falta un pedazo de cráneo, le quitaron media cabeza, nomás tiene la telita, lo que más precisa es una operación, una placa, nos cuesta 80 mil pesos, pero al señor le hablan y que anda fuera y fuera, no da la cara. Duró medio año internado y como dos meses entubado, no puede escribir ni nada, no reacciona, a veces se acuerda pero de repente sale con otras cosas…”. El padre del niño Marcelino, Juvencio Salazar Vergara, no quiso hablar con ZETA, harto del desgaste que le ha traído el caso, justificó. En cambio su madre, Ventura Vergara, explicó: “(Wenceslao) Se careó con mi hijo y llegaron a un convenio, pero ya que conoció a la señora de mi hijo (separados también) no lo toma en cuenta para nada, no sabemos si está ayudando o no a la mujer con el niño, en las noticias dijo que desde que atropelló a los niños no ha dejado de darle la mano, a aquel niño, no a este, que también a veces arrastra la pierna, se le hace una bolota, a veces no puede comer, y ahí anda el pobrecito. Se fue a trabajar a ‘la piedra’ y por poco se saca un ojo…”. A partir del mes de enero del presente año, todo el contacto del empresario y diputado Wenceslao Martínez es con la madre de Marcelino, Lorena Rivera Castellanos, separada de su marido, quien radica en Camalú y que hubo de venirse a Ensenada para el tratamiento de su hijo: “El señor vio al niño y se comprometió de palabra con todos los gastos, en ningún momento me firmó un papel”. 
Lorena se vino a vivir con su hijo a Ensenada para poder llevar a su hijo a las terapias en el DIF y a consultas al Hospital General. Vive en un cuarto de una vecindad en la calle Bocanegra de la colonia Hidalgo, paga una renta mensual de mil 600 pesos que Wenceslao Martínez le cubre puntualmente, salvo el último mes que se atrasó: “Es rara la vez que me manda los 2 mil pesos, y eso porque le tengo que decir que ocupo para el gas, la luz, tengo una receta de medicamento que no se ha comprado, vendo donas y me sale muy poco, de perdida para el agua y las tortillas. “Aquí no ha venido ni una sola vez, lo vi en dos ocasiones en otra parte, le llevó una tablet al niño, y dos cobertores, y vio los exámenes, incluso le tomó fotos al niño y se tomó fotos con él cuando le dio la tablet, pero la tablet se apagaba, se la devolví y quedó que se la iba a cambiar para que se entretuviera, pero hasta ahorita no…”. La hoja de alta del Hospital General de Ensenada, fechada el 13 de enero de 2014, dos meses después de su ingreso, consigna como diagnóstico del paciente Marcelino Rivera Salazar como “TCE severo con exposición de masa encefálica”, por lo que se le practicó una craneotomía hemisférica derecha, drenaje de hematoma, gastrostomía y traqueotomía. Dos meses estuvo semiconsciente, comunicándose con señales, sin habla, ha mejorado a como estaba, pero desde febrero pasado requiere la colocación de dos expansores tienen un costo de mil 600 dólares cada uno, previo a una cirugía que tendrá que practicarse y la cual no garantiza que ayudará a recuperar totalmente las capacidades de Marcelino. “Desde febrero se le ha hablado a Wenceslao y nomás me ha dicho que espere y espere, que ha estado muy ocupado, yo sí lo entiendo, con eso de que subió para diputado, pero mi hijo también ocupa la atención”, reclama la madre, quien refiere que en su momento sí la ayudó con medicamento, un colchón anti escamas y un par de cobertores. “Sí ha sido muy amable, para qué le voy a decir que no, confié en su palabra, fue muy sincero”, pero con los gastos de la operación se ha hecho el desentendido. Describe el estado actual de su hijo: “Gracias a Dios ya está consciente de todo, pregunta cuándo lo van a operar, necesitan levantarle la piel, va estar dos o tres meses con los expansores, hace un mes dejó el pañal, no tiene fuerza en la cintura, con un ojo casi no distingue, es muy alegre pero hay veces que está muy triste, aun con la cirugía le dan pocas posibilidades de que vuelva a caminar”. De la clínica particular Central Médica Obregón ya le entregaron desde hace meses el presupuesto a Wenceslao Martínez, solo es cuestión de que lo apruebe, afirma Lorena. Siempre ha cumplido No sin antes de calificar de “sospechoso” o “muy extraño” el hecho de que el caso de Camalú resurja a unos días de tomar protesta ante la Cámara de Diputados, voceros de Wenceslao Martínez Santos aseguraron a ZETA que el también empresario nunca ha dejado de cumplir con su compromiso para con la mamá del menor Marcelino Vergara Rivera. Solo reconoce a un niño afectado por el atropellamiento, y respecto al padre del otro menor, Martín Lili, dijeron que nunca han hablado ni acordado nada con él. “Si el otro niño hubiera salido con ‘algo’ también se le hubiera cumplido”. Todo el trato es exclusivamente con la madre que atiende e Marcelino en Ensenada, y cuya renta mensual cubre puntualmente, “salvo ahora que se atrasó solamente dos días”, declararon el miércoles 26 de agosto, dos días después de haber hablado con Lorena Rivera.
Negaron también que el legislador esté renuente a pagar la operación, y si no lo ha hecho es porque los médicos no lo han autorizado, argumentando que habría que esperar más tiempo: “En el momento que se puede operar, él corre con los gastos, como ha sido siempre, desde hace casi dos años. “Está cumpliendo, está esperando a que el doctor diga que ya es el momento, no se ha ‘atorado’ por cuestión del diputado, se entiende que la mamá del muchacho está preocupada y desesperada por la salud de su hijo… Se va a seguir apoyando a la señora hasta donde se necesite…”. Reiteraron que el trato del panista es exclusivamente con la señora madre de Marcelino, y que el resto de familiares son como terceros en discordia. Mientras tanto Lorena, después que su hijo en días recientes le pidió perdón “por todo lo que hice cuando caminaba, y porque si me muero quiero irme en paz”, todo lo que quiere saber del diputado federal ahora que lo tendrá más lejos es “si definitivamente me va seguir apoyando o me va a dejar sola con esto”.
Publicidad
