Desde su primer día de gobierno, en el discurso de toma de posesión, el alcalde de Tijuana, doctor Jorge Astiazarán Orcí, prometió una administración austera. Aunque si deseaba quedar bien, esa era justo la arenga esperada, considerando que la ciudad entera estaba enterada de que su antecesor priista le dejaba una enorme deuda y una nómina inflada, entre otras irregularidades que golpeaban al erario. Sin embargo, ese compromiso verbal de optimizar los recursos humanos se mantuvo como mera promesa de campaña durante un año y ocho meses, y tomemos en cuenta que eso es más de la mitad de lo que durará su gestión. En agosto de 2015, anuncian que 200 empleados saldrán de la nómina, pero hay varios puntos dentro de este supuesto ajuste de cinturón que las autoridades municipales no exponen. Uno, es que la mayoría de las personas que serán despedidas son trabajadores que tienen contacto directo con el público, esa gente de a pie, esa cuyos salarios oscilan entre los 10 mil y 15 mil pesos. Los puestos de sueldos privilegiados prácticamente no serán tocados, aunque aseguraron, habría algunos de 25 mil pesos mensuales, pero no hicieron pública la lista que lo pruebe. Segundo, pero igual de importante, que al iniciar la administración el doctor Astiazarán recibió una nómina de 8 mil 658 asalariados, y en su gestión, mientras prometía austeridad, engordó la lista de pago del Municipio a 9 mil 450 empleados. La justificación fue que metió en nómina a unos 500 policías comerciales y convirtió en empleados de confianza a otros casi 300 que contrataban solo por tiempo y obra. Entonces, si ingresó a casi 800 empleados y anunció que va a sacar 200, significa que todavía nos quedaría a deber 600, para dejarnos por lo menos como estábamos -de mal- antes que él llegara. Estos datos provienen de una investigación detallada, realizada por mi compañera Isabel Mercado que se publica en esta misma edición con pormenores de la afectación económica. La realidad es que el doctor prometió austeridad y eso no se logra engrosando la nómina, y los números son claros. Mientras en 2013 -con el alcalde Carlos Bustamante- se pagaron 2 mil 800 millones de pesos en sueldos, al año pasado, ya con el doctor, se erogaron 3 mil 244 millones. Cierto, hubo pleitos por liquidaciones retrasadas, pero esos son los números. Entonces, el año pasado, el gobierno del doctor Astiazarán nos costó -solo en sueldos- 500 millones de pesos más caro, que el del anterior presidente municipal. Por eso, como ciudadano resulta difícil creer que de verdad quiere ahorrar y cumplir aquello de ser austero, cuando su tardío anuncio es que van a eliminar 200 empleados que según los financieros municipales, significarán un ahorro de 74 millones de pesos al año, sobre todo porque este dinero representa menos del 15 por ciento de los 500 millones de pesos de más, que su gobierno adicionó a la partida de sueldos en 2014. Públicamente aseguran, van a economizar, que este año gastarán, 3 mil 096 millones que es menos que el año pasado en pagos al personal, pero en términos reales, sigue con un nómina más inflada y con mayores gastos en salarios que la anterior administración. Quienes dirigen empresas, saben que hablar de reingeniería en el Ayuntamiento tiene que ir más allá de la política fácil de despedir a los que menos ganan. Sobre todo cuando meses atrás -abril de 2015-, el alcalde convirtió a su ex secretario particular, Marlon Tapia Valdez, en cabeza del Instituto Municipal contra las Adicciones (IMCAD) y decidió aumentarle el sueldo que tenía ese cargo de 33 mil a 42 mil pesos Y declara que “…esa elevación salarial es solo la primera de varias”, que la ampliación en las percepciones salariales de los funcionarios “va a ir en base a la responsabilidad del cargo y horas de servicio que dedican”. Se refirió específicamente a Seguridad Pública y Bomberos. Las preguntas y las propuestas de solución al interior de la administración de Astiazarán, necesitan definitivamente mayor autoanálisis, más autocrítica y mejores intenciones. Por ejemplo, además de la Secretaría de Administración y Finanzas, ¿sobran secretarías, subsecretarías, direcciones? Esos puestos en los que designan a sus amigos con onerosos sueldos, ¿bastaría con una Dirección de Seguridad Pública? ¿Cuántos asesores son suficientes? ¿Hacen falta más inspectores y menos asistentes? ¿Sería moralmente correcto reducir los sueldos de los funcionarios de primer y segundo nivel en un municipio donde el alcalde cobra 93 mil pesos al mes? Y eso, solo para empezar.
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