El 22 de julio de 2015, “Nico”, un hombre que fuera pescador en Ensenada, y quien en medio de las crisis económicas y de valores engendradas en una oleada permanente de políticas fallidas del Estado mexicano, que han venido marcando el descenso de una gran parte de las sociedades en las entidades de la República, se convirtió en protagonista de una historia viral que llegó a decenas de confines en el extranjero. La noche del viernes 17 de julio, cuando salían de un centro de diversión en la zona de bares de Ensenada, el dueño de la taquería Los Carbones, Francisco Argüelles; Verónica Casillas Romero, subsecretaria de Enlace para Asuntos de Justicia de la Secretaría de Gobierno (defensora de oficio); Pedro Vázquez Quezada, director académico de Extensión Universitaria de la Universidad Xochicalco; y los señores María Medina, Carlos Cruz, Minerva Borja y Guadalupe Guerrero, se tomaron una foto con enormes sonrisas en sus rostros mientras Argüelles sujetaba una soga que el indigente llevaba atada al cuello, y según su versión, al mismo tiempo le daba dinero, porque a eso se había acercado “Nico”. El hecho de que estos hombres y mujeres de privilegiado estado económico y social trataran aparentemente como “animal” al sujeto en estado de desventaja, generó gran escándalo a través de las redes sociales, y la renuncia de Castillo y Vázquez a sus respectivos trabajos. Pero más allá de las frases de desacuerdo, la indignación electrónica y la solicitudes de renuncia para contentar a la opinión pública, la realidad es que nada se está haciendo por las decenas, los cientos de “Nicos” que deambulan por las calles bajacalifornianas. Además, todos tenemos claro que seguramente ese viernes “Nico” no fue el único indigente en Baja California que fue denigrado y discriminado, porque el trato indigno a estas personas es pan de todos los días; son víctimas de situaciones más graves, algunos de ellos son explotados, abusados sexualmente, o incluidos en redes delictivas. Es muy fácil encolerizarse ante las injusticias, plasmar la molestia en declaraciones oficiales (autoridades) o frases lapidarias en redes sociales (ciudadanos), y después quedarse tranquilamente en su casa o en sus oficinas haciendo nada, para proteger o ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas que a nadie le importan. Incluso en la mayoría de los casos, se cruzan con esta gente en la calle, sucia, maloliente, con los ojos perdidos que evidencian su estado de intoxicación, y les sacan la vuelta, sea por miedo o por repulsión. Cierto el gobierno tiene la obligación de atenderlos, pero si quienes cobran millones de pesos por gobernar no cumplen con su trabajo, es a los ciudadanos, a los miembros de la sociedad organizada, a quienes corresponde pedirles cuentas y exigir resultados. Lo reconoció recientemente Melba Olvera, la comisionada estatal de los Derechos Humanos: no se sabe cuántas personas en situación de calle hay en los cinco municipios del Estado, ni existen políticas de gobierno para atenderlos. Acaso reparten miserables cantidades del recurso social enviado por la Federación en las organizaciones civiles y pretenden dejarles una responsabilidad que no les compete, sin entregarles recursos suficientes. Sin cifras oficiales porque no se han tomado la molestia de investigar la magnitud del problema, algunos activistas de la entidad hablan de miles de hombres, mujeres, niños, ancianos que duermen en baquetas, alcantarillas o casas abandonadas usadas como picaderos. Algunos enfermos de sida, tuberculosis, adictos, discapacitados, otros tantos que perdieron sus facultades mentales. En Tijuana, el alcalde Jorge Astiazarán declaró recientemente que él estaba ofreciendo programas de recuperación a los indigentes adictos que desalojaron del bordo, su esposa Elia Manjarrez puso a disposición el número 075 en DIF Municipal para que este intervenga en las denuncias de indigentes y demás personas en situación de vulnerabilidad que son abusadas. Pero ni estas ofertas, ni los programas aislados y paliativos, son suficientes. Por ejemplo el del Hospital Psiquiátrico, que los recoge y después de unos días los vuelve a echar a la calle, lo que deja claro que las autoridades están siendo ineficientes en sus políticas para resolver esta evidente problemática de salud, higiene, seguridad e incluso económica. Entonces, es necesario que el tema vaya más allá de una imagen que marcó tendencia en las redes sociales, porque de nada sirve el escándalo si “Nico”, y todos los “Nicos” siguen en la calle, drogándose, medio desnudos, con su cuerda colgada al cuello para que cualquier persona de poca calidad humana, crea que el darle unos pesos es el precio para denigrarlo sin consecuencias. La única forma en que este incidente valga la pena, es que las secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Seguridad, de Finanzas y sus titulares; así como gobernador y alcaldes, trabajen en un proyecto integral que analice y atienda el fenómeno para lograr una inversión óptima de los recursos de los tres órdenes de gobierno. De otra forma, esa foto solo servirá para dejar plasmada para la posteridad la doble moral de un gobierno y de su sociedad, que evidencia la pérdida de sus valores.
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