“Yo estoy en el Poder Judicial desde 1975 y siempre ha sido así”, respondió el empleado gubernamental cuando se le preguntó desde cuándo los impartidores de justicia de Baja California decidieron que lo ideal para la aplicación de la Ley en el Estado, era que todos sus integrantes se fueran juntos de vacaciones dos veces al año, y dejaran prácticamente paralizado el Poder Judicial. Porque la delincuencia no toma vacaciones. Por citar algunos números, el año pasado, en julio se denunciaron 9 mil 435 delitos, y en diciembre, 8 mil 089, éstos fueron los meses de asueto del Poder Judicial. Y aunque sabemos que un porcentaje muy bajo llegó a los Juzgados -por la falta de efectividad de la Procuraduría del Estado para encontrar a los presuntos responsables-, el asunto es que en ese período no se resolvieron. Los Juzgados Civiles de plano bajan la cortina, cierran por un lapso de 15 días, según se lee en el acuerdo anual de noviembre. Este 2015 será del 20 de julio al 7 de agosto, pero como descansan los fines de semana y ambos días caen en viernes, en realidad es del 17 de julio hasta el 10 de agosto; entonces suman 24 días de vacaciones pagadas. Para los Juzgados Penales, por ser un área más delicada, el personal se divide en dos grupos, léase que no cierran, pero trabajan al 50 por ciento. Este año la labor al 50% sumando los dos equipos, será del 20 de julio al 31 de agosto, 42 días. Y luego todo se repite en diciembre y enero. Consultada la parte que representa al patrón, la respuesta fue que es un derecho ganado por los trabajadores de base, esto de salir todos en bola y cerrar el servicio, en lugar de que cada quien use su derecho de vacaciones en períodos distintos, como sucede en el Poder Ejecutivo, para que no afecten el servicio. Sin embargo, al revisar el tema de las vacaciones, ni en el Artículo 30 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, ni el 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ni en las Condiciones Generales de Trabajo firmadas con el sindicato, hacen referencia a esa obligatoriedad, de tomar vacaciones todos juntos. Si bien, el Artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado indica: “Los servidores del Poder Judicial del Estado, disfrutarán de dos períodos de vacaciones en el año, de quince días cada uno y con goce de sueldo íntegro, para tener derecho a esta prerrogativa, se necesita haber prestado servicios por más de seis meses consecutivos”. En ningún momento obliga a que todos se vayan juntos. Y el Artículo 112 aclara que las fechas de las vacaciones son fijadas cada año en noviembre por “…el Consejo de la Judicatura del Estado, por acuerdo en pleno”, y aunque este artículo no menciona al sindicato de manera específica, también los toman en cuenta. Luego entonces, son el presidente del Tribunal Superior de Justicia, un magistrado, un Juez de Primera Instancia, tres consejeros elegidos por el Congreso del Estado y el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (sigue incluido) quienes deciden, y por Ley, y en teoría, nada los obliga a tener vacaciones en paquete. Como líder de la burocracia bajacaliforniana que es, la licenciada Victoria Bentley explicó que las condiciones de trabajo son las mismas para los trabajadores de los tres poderes, y que la prerrogativa de que en el Judicial salgan todos en la misma fecha, estaba contenida en el Reglamento Interno, documento que fue consultado de su página electrónica, data de 1998 y no menciona nada de las vacaciones. Al insistir con la lideresa si “sería posible de acuerdo a las leyes” que las vacaciones de los trabajadores del Poder Judicial se modificaran de manera que los Juzgados permanecieran abiertos y funcionando al 100% todo el tiempo, por lo menos mientras se abate el conocido regazo, aceptó: “Es posible, como se hace en los otros gobiernos”. Pero argumentó: “Lo que pasa es que la mecánica no funciona así, porque se calendarizan los juicios, ya hay fechas hasta enero del otro año, ahorita hay un rezago casi de seis meses en todo los procesos de las audiencia, entonces, ya se sabe lo que se tiene que hacer”, y agregó: “Lo mismo hace la Junta de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal de Arbitraje, cierran para la atención al usuario, pero ellos siguen trabajando”. Bentley recordó el enorme ahorro en pago de energía eléctrica que significan estas vacaciones, tratándose de Mexicali. Pero bueno, si el rezago en la impartición de justicia es real, y desde el Poder Judicial se habla siempre de la necesidad de más dinero, más instalaciones, más plazas, más jueces para abatirlo, por qué no empezar por trabajar los 12 meses del año, al 100 por ciento. Por lo menos hasta abatir el rezago.
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