Al Gobierno del Estado de Baja California que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, le hace falta oxigenarse. Anquilosado, sin obras concretadas, con préstamos, créditos, refinanciamientos y sospechosas triangulaciones financieras, con brotes de conflictos políticos como los magisteriales o los de jornaleros en San Quintín, y la inseguridad y violencia a la alza, queda claro que la actual administración pública no trae un rumbo definido en términos financieros, políticos y administrativos, para sacar a la entidad de los problemas que enfrenta. El primer gobernante en América Latina en solicitar la renuncia de todo su gabinete fue Michelle Bachelet, la Presidenta de Chile. Lo hizo, explicaría después, por muchos factores, entre ellos, que los niveles de aprobación sobre ella, su gobierno y la administración pública chilena estaban en unos niveles muy bajos. Vaya, los gobernados no le tenían confianza, ni esperanza, ni estaban de acuerdo con políticas públicas que se implementaban en aquel país. Solicitar la renuncia a todo el gabinete no significó dejar acéfalas las esferas gubernamentales, sino dar un ultimátum a secretarios de Estado a desempeñarse en su mejor esfuerzo de servicio a la población, para conservar su trabajo. De cualquier manera, presentarían la renuncia, seguirán trabajando, y la Presidenta se tomaría de 48 a 72 horas para evaluar el desempeño, compromiso y plan de trabajo de cada uno, para tomar la decisión de a quién retiraría y a quién mantendría en la administración pública. La medida obedecía a una evidente estrategia por parte de la presidencia para dar certeza a la población de escucharlos, o por lo menos leerlos, dado que sus niveles de aprobación se encontraban en los 25, 27 puntos porcentuales, con el consabido rechazo de más de un 70 por ciento de la población. Ciertamente la solicitud de renuncias no ha sido ni debe ser la única estrategia de Bachelet para recuperar la confianza y aprobación de los chilenos, pero sí fue un paso político que en el ámbito internacional le fue reconocido, aun cuando los chilenos continúan sin confiar plenamente en la mandataria, a la cual eligieron para un segundo periodo. En México, hace unos días el jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo lo mismo. Por lo menos lanzó la consigna de que solicitaría a todos los miembros de su gabinete la renuncia; en la misma jugada política de Michelle Bachelet, tomaría días para evaluar el desempeño de cada uno y después haría público a quién se la hacía válida y a quién le daba la oportunidad de seguir en la administración pública. Miguel Ángel Mancera, perredista, tampoco atraviesa por su mejor momento, su partido, peor. La derrota en tierras mexicas dejó al PRD harto disminuido en miras a 2018, y las investigaciones sobre anteriores administraciones continúan. En Baja California sería necesario que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid siguiera el ejemplo de Bachelet. La aprobación de Vega de Lamadrid está en 12 por ciento, de acuerdo a la última encuesta realizada en noviembre de 2014 por Plural.mx, a cargo de Lauro Ortiz Aguilera. En su momento fue publicada por ZETA, cuando a los bajacalifornianos se les preguntó si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando Francisco Vega de Lamadrid. 70 por ciento estuvieron en desacuerdo, 12 por ciento de acuerdo y un 18 por ciento no respondió. El nivel de aprobación de Vega es, pues, más bajo que el de Bachelet, aunque a diferencia de Mancera, en Baja California el PAN haya ganado todas las diputaciones federales. Aparte, este año el gobernador enfrenta otros problemas que en noviembre 2014 no estaban en el plano. La inseguridad, para empezar. Las ejecuciones han incrementado en relación a 2014 y los delitos menores se mantienen en alerta. Las sospechas de mal uso de recursos por parte de sus funcionarios, por ejemplo, del secretario de Desarrollo Social, que a discreción otorga los dineros del Estado a asociaciones ligadas a su personal, favoritas y a aquellas que aceptan dar moche del dinero entregado a los operadores de Ricardo Magaña Mosqueda. Y por supuesto, el caso de Antonio Valladolid, el todavía Secretario de Finanzas que no solo cancela licitaciones y otorga de manera directa millones de pesos en convenios y contratos a empresas que le son de alguna manera afines, e inexpertas en los servicios contratados o de nueva creación. Y, en los últimos días, el caso del gobierno que espía a propios y extraños, con un sofisticado y carísimo equipo y programación adquiridos directamente por la Secretaría de Finanzas de Valladolid, pero a través de un intermediario, a una empresa italiana especialista en espionaje y hackeo de información. Lo grave es que, como se detalla en el reportaje de Isaí Lara Bermúdez en esta misma edición, es que con la rienda suelta, el conocimiento del gobernador y con recursos públicos, Antonio Valladolid utilizó ahora sí que toda la fuerza del Estado para espiar en sus vidas personales, privadas, laborales y sociales, a cientos de personas, a saber, a funcionarios y candidatos en las pasadas elecciones. Pero igual a particulares y ciudadanos comunes. La agravante del de suyo delito de espionaje e intervención ilícita de las comunicaciones privadas, está en el hecho que él es funcionario y, con la evidente aprobación del gobernador, utilizó el poder del cargo y el recurso ajeno para hacerse de un equipo de espionaje, con el fin de “tener a todos controlados”, a partir de saberles sus debilidades, sus acciones, sus relaciones, sus negocios y hasta su vida íntima. Se han grabado horas de conversaciones telefónicas, cuartillas de mensajes de texto y hasta videograbaciones, sin una justificación judicial, ni un fin de inteligencia en materia de seguridad, solo para empacho y satisfacción de una sola persona. Por acciones como esta, administraciones han caído, funcionarios han sido despedidos y enjuiciados e incluso en Estados Unidos, un presidente renunció en la década de los 70 cuando se descubrió que allanó, a partir de terceros, oficinas de la oposición y grabó sin consentimiento de las partes a decenas de personas. La solicitud de renuncias en la administración de Francisco Vega es una estrategia que cada vez se vislumbra necesaria, y en el caso de los funcionarios espías, la acción no debería detenerse en una separación de cargo, sino seguir un proceso judicial.
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