Apenas terminaba la jornada electoral en el año 1995. El panista Ernesto Ruffo Appel – actualmente senador de la República- era gobernador de Baja California y los diarios de la entidad publicaron notas sobre una llamada telefónica que políticos maliciosos -y delincuentes, porque sin orden de un juez esta acción siempre ha sido delito- le grabaron. Palabras más, palabras menos, en el audio se escuchaba “… que despierten al viejito, y que ponga cara que se la está dejando ir a (Arturo) Guerra Flores”, entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional. Los panistas habían ganado la gubernatura y querían que el triunfador, don Héctor Terán Terán -quien le informaron a Ruffo, estaba dormido- saliera a vanagloriarse de su triunfo en una conferencia de prensa. La voz era inconfundible, con el tono que los bajacalifornianos le habíamos escuchado ya por casi un sexenio y su peculiar manera de pronunciar la letra R. En las primeras entrevistas posteriores a la filtración, Ruffo dijo “yo no fui”, y después las cabezas de los diarios atestiguaron un “sí, sí fui yo”. A ZETA también le tocó ver cómo en la XVII Legislatura bajacaliforniana -ya vamos en la XXI- un presidente de la mesa directiva de extracción priista, le presumió a uno de los diputados de oposición cómo le llegaban informes de las llamadas entrantes y salientes del Congreso, y de lo que ingresaba y emergía de las computadoras en las instalaciones. En el transcurso del tiempo, lo mismo hemos recibido denuncias de ex empleados de gobierno obligados a firmar sus renuncias con la amenaza de dar a conocer el contenido de sus mensajes de computadora, de los cuales les dan copia en un folder. Recordemos ejemplos recientes y nacionales; ahí también sobra tela de dónde cortar. Con lo anterior, lo único que se pretende aclarar es que desde hace muchos años, los panistas, los priistas y los ciudadanos bajacalifornianos -por las notas publicadas- no somos ajenos a la práctica de la actividad ilícita del espionaje en las empobrecidas (en calidad y dignidad) esferas políticas locales. Por ello, tras la exposición pública del gobierno de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid – el lunes 6 de julio- como uno de los presuntos compradores de equipos de la empresa italiana Hacking Team – vía Elite By Carga-, el margen para dudar que tal acción fuera cierta, resultó muy estrecho, sobre todo después que WikiLeaks filtró que uno de los implicados sería el secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, quien gusta presumir de tener información personal con la que controla a sus detractores. El gobernador Francisco Vega tardó dos días en reaccionar. De hecho, algo enojado, negó todo: “No hay espionaje, no puedo decirles más que eso. No hay relación. Eso también nos sorprendió”, aseguró como si en 24 horas hubiera podido “investigar”, al grado de empeñar su palabra. Pero como el asunto no se sofocó tan fácilmente, Vega informó que ordenó al contralor, Bladimiro Hernández, una investigación, ese mismo 8 de julio. El problema es que este funcionario comentó a la prensa que estaba revisando en Oficialía las licitaciones y asignaciones desde que entró esta administración, “pero” aún no encontraba nada… Siendo fiel a la versión de su jefe, Bladimiro apenas evidenció que la supuesta investigación nació muerta. Trece días después… Bueno, nueve días después -porque resulta difícil creer que se presentaron los sábados y domingos a seguir auditando-, el señor Hernández Díaz salió a respaldar la versión del gobernador. Comentó que había concluido su evidentemente superficial investigación, y que no había elementos que demostraran la compra del equipo de espionaje. Pese a que prometió dar claridad al final de su indagatoria, en su discurso no ofreció elementos que dieran certeza a lo dicho. En sí, a don Bladimiro no se le ha visto muy seguido cumplir con sus funciones de detectar y abatir actos de corrupción, pese a las múltiples denuncias públicas de las irregularidades en licitaciones y asignación de recursos de los fondos sociales. Tampoco se le ha percibido ocupado en custodiar los recursos públicos, o promover la transparencia, pues solo contribuyó a sumar desconfianzas. La pregunta ahora es: ¿Cómo creer en una contraloría que ha sido incapaz de manejarse con independencia, con autonomía profesional? Que ha reflejado la patente subordinación económica porque cobra su sueldo de la nómina gubernamental -pero debería recordar que goza el dinero del pueblo- y laboral, porque todos saben que lo nombró el gobernador. Ahora solo resta esperar los resultados de la investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado, que tampoco ha mostrado grandes avances en otros temas delicados relacionados con el mandatario Francisco Vega y su gabinete, pero mínimamente no hace auditorias exprés. Y de la PGR, cuyos resultados tampoco han sido destacados en el Estado. Por qué no exigir a nuestros caros y azules senadores, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo, les pidan a sus compañeritos, Juan Carlos Romero Hicks. Francisco Búrquez y Marcela Torres Peimbert, se unan; y así como el 22 de julio denunciaron la entrega irregular de recursos públicos a Fundación Proacceso por el Estado de México al gobernador por el PRI y solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que los audite, dejen de lado sus amores partidistas y hagan lo propio con el vergonzoso e ilícito proceder del gobierno panista que, cada día que pasa, los bajacalifornianos padecemos más.
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