Maestros delincuentes, autoridades incompetentes

¿Qué pasaría si una turba de mexicanos que se consideren afectados por la falta de resultados y la devastación económica generada por la Reforma Hacendaria y todas las reformas estructurales, o por los constantes recortes al pronóstico de crecimiento, decidiera atrapar al secretario de Hacienda Luis Videgaray, cuando llegue  a su oficina a cumplir con su trabajo? Que lo sometieran, lo sentaran en la calle, con unas tijeras lo dejaran pelón, lo lastimaran,  jalonearan, lo golpearan, y luego derramaran líquido a su derredor mientras amenazan con quemarlo vivo. Y porque pueden, le quiten los documentos importantes que necesita para cumplir con su función. El objeto de este ataque hipotético, podrían ser también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aunque se sabe que es imposible acercarse a ninguno de los tres, debido a la seguridad que los rodea. El tema es: ¿Qué pasaría en estos casos? Salvo su mejor opinión, los perpetradores serían detenidos y acusados de un sinnúmero de delitos. Esto si no resultaran “abatidos” -que en este caso sí significa quitar la vida- antes de llegar siquiera a tocarlos. En Chiapas, el fin de semana del 4 y 5 de julio, algunos profesores que decidieron confiar en el gobierno y participar en la evaluación propuesta en la Reforma Educativa, se presentaron en las instalaciones habilitadas para tal efecto, pero una bola de maestros decidieron evitarlo con acciones delictivas. Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los privaron de la libertad, los amenazaron, los acosaron, los agredieron físicamente, los raparon a unos, a otra le cortaron parte de la cabellera, los torturaron psicológicamente y a algunos los amenazaron con incendiarlos, que básicamente es una amenaza de muerte. Todavía se dieron el gusto de videograbar sus delitos para exhibirlos. Las imágenes que circularon en internet y en la prensa de televisión trascendían por demás provocadoras,  pero todavía más indignante resultó el hecho de que ninguna autoridad interviniera, antes, durante o después de estos hechos, para evitar que mexicanos sean arbitrariamente abusados, violentados por intentar cumplir con la Ley. Ellos confiaron en los gobiernos, y estos les pagaron dejándolos solos y expuestos a manos criminales. En redes y noticieros no se hicieron esperar los reclamos ante la falta de valor de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para enfrentar a los maestros de la Coordinadora que están cometiendo delitos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) repudió “este tipo de agresiones que atentan contra la dignidad de las personas” y exigió una investigación, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó “enérgicamente las agresiones”, pero… ¿cuánto pueden lograr estos posicionamientos?, cuando lo que necesitan las víctimas son acciones. En su calidad de maestros, los perpetradores de las agresiones saben que “el derecho propio termina donde empieza el derecho ajeno”, y que las leyes se hicieron para sancionar a quienes se extralimitan en sus libertades. La tragedia aquí es que las autoridades han decidido no aplicarlas. En ese contexto, la más reciente respuesta del secretario de Gobernación, fue que el gobierno sigue abierto al diálogo con los maestros, “pero que quede claro: sin emplazamiento ni amenazas”. Pero ¿y todos los atropellos y delitos que han cometido y siguen cometiendo, qué? Como si lo único que importara fuera que le hablen bonito al señor Osorio Chong. Mejor la asociación Mexicanos Primero (iniciativa ciudadana, independiente y plural que busca impulsar una reforma de fondo para elevar la calidad de la educación del país) decidió actuar, y denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca -con sueldo de 100 mil pesos al mes en dos plazas-, aunque solo lo haya hecho por cobrar el sueldo de 60 días que no laboró. Además, advirtieron que habrá más acciones legales contra las cúpulas corruptas y los gobiernos estatal y Federal, “que se han rendido ante la CNTE”. La Auditoría Superior de la Federación también informó de un daño al erario  por 2 mil 997 millones de pesos en pagos irregulares a maestros en Oaxaca. Ahora, más allá de la persecución que decidan hacer de la CNTE vía delitos fiscales, los alcaldes,  gobernadores y el Presidente Peña no pueden ser omisos en cuanto a su obligación de reguardar la seguridad física de sus gobernados. Algunos miembros de la Coordinadora han escalado peligrosamente los niveles de violencia sin tener consecuencias. Pasaron de la destrucción de propiedad pública y privada, a la agresión física contra otros maestros. Así que en este punto, no debe caber duda que la integridad física, la vida de quienes quieren cumplir la Ley está en peligro, y los gobiernos están obligados a castigar los delitos que se están perpetrando, antes de que tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas en medio de una lucha social que se empieza a desdibujar.