Corría el año 2011. En agosto, el Sistema Penitenciario de Baja California anunció una inversión millonaria para bloquear la señal de teléfonos celulares en el Centro de Reinserción Social de La Mesa en Tijuana. Los 20 millones de pesos que inyectó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sirvieron además para marcar el referente nacional; la de Tijuana, fue la primera prisión en contar con tecnología de punta para ese fin. Los aparatos israelitas que se colocaron en las paredes de “La Peni” han servido tanto, que el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quiso el suyo. Informantes dentro del Gobierno del Estado explican: “En algunas reuniones muy privadas se activan los aparatos de inhibición, es para bloquear la comunicación celular y radio frecuencia, para evitar precisamente el espionaje o que la información salga, eso sin contar que se nos obliga a dejar los teléfonos fuera”. Los enterados dan más detalles: “El aparato funciona o se desactiva pulsando un botón y puede interrumpir intentos de intervenir las conversaciones a distancia”. Frente a la prensa, Vega de Lamadrid perjura -contrario a las evidencias– que en su gobierno no existe el espionaje, pero en la secrecía, él mismo se cuida de los espías y de los suyos, cortando la comunicación tal como sucede en las prisiones.
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