Tal y como ocurrió después de la primera fuga de prisión del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la segunda se repiten diversos episodios. La voz de alerta llegó tarde, el personal del penal fue retenido y hasta el momento más de 50 personas han rendido declaraciones ante el Ministerio Público Federal. Aun sin las investigaciones preliminares, cuatro funcionarios pertenecientes a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) fueron cesados de sus cargos, tres de ellos relacionados con el sistema penitenciario y uno de la Policía Federal. Los despedidos son el director del penal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez, Valentín Cárdenas Lerma; la coordinadora de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra; y Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). El cuarto servidor público en ser removido de su función para ser investigado, es Ramón Eduardo Pequeño, jefe de Inteligencia de la Policía Federal. 
De las personas presentadas a declarar ante el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), 31 fueron personal operativo y de áreas técnicas del CEFERESO Número 1 Altiplano. Custodios del interior y exterior del penal, así como los encargados de videovigilancia, fueron motivo de interrogatorios. Y mientras eso ocurre en las instalaciones del reclusorio federal y de la SEIDO, casi 10 mil elementos de la Policía Federal y otros tantos de diversas corporaciones policiales buscan -como hace más de 14 años de su primera evasión- a Guzmán Loera, por quien la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 60 millones de pesos. Por cierto, durante el año y cuatro meses que “El Chapo” Guzmán permaneció en cautiverio, no se reportó alguna incidencia negativa en la que el capo haya participado. Cuando mucho le ligaron a una huelga de hambre y la presentación de una carta de queja firmada por decenas de reos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la supuesta colaboración está en duda. Fue un recluso que no causó mayor problema, según trascendió entre el personal carcelario. El originario de La Tuna, Sinaloa, centró su atención en promover amparos en contra de una posible orden de detención provisional con fines de extradición internacional que nunca llegó. Otros pocos juicios de garantías versaron sobre algunos de sus procesos penales por actividades del narcotráfico. El preso solo intentó una demanda de amparo en contra de incomunicación y malos tratos, pero al día siguiente de su presentación, desistió. “El Chapo” Guzmán compurgaba las únicas tres sentencias condenatorias con que contaba desde antes de escapar por primera ocasión, el 19 de enero de 2001, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. La del estreno 
Iniciaba la administración del ex Presidente Vicente Fox. Un hecho tatuó el rumbo del sexenio. La fuga del líder del Cártel de Sinaloa del -hasta entonces- inexpugnable Centro Federal de Readaptación Social Número 2, en Jalisco. En ese entonces, como hoy, fueron retenidos custodios, directivos, personal técnico y administrativo. Más de 80 servidores públicos penitenciarios fueron arraigados. Finalmente se procesó a 62 personas, entre ellas algunos internos cómplices del “Chapo”, celadores y el entonces director. La mayoría de elementos de seguridad que llegaron a sentencia condenatoria recibieron penalidades menores a los ocho años de prisión. Sin embargo, sus superiores fueron sancionados con más rigor. El ex director del CEFERESO 2, Leonardo Beltrán, y el ex jefe de custodios, Jesús Vizcaíno, recibieron condena de 11 años cuatro meses de cárcel. El ex comandante Carlos Ochoa, que fuera subdirector de vigilancia, fue objeto de una sentencia de 19 años seis meses de prisión. El interno Jaime Valencia Fontes fue sancionado con 10 años de pena privativa de la libertad, y el presunto narcotraficante -nunca condenado por delitos contra la salud- Jesús Héctor “El Güero” Palma, solo tuvo una condena de dos años de prisión por cohecho. Los empleados de mantenimiento José de Jesús Briseño y Ramón Muñoz, fueron absueltos. No así Francisco Javier Camberos “El Chito”, acusado de sacar del presidio a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera a bordo de un carrito de lavandería. Camberos fue quien recibió mayor condena: 25 años de prisión. Del asunto quedaron pendientes de cumplimentar algunas órdenes de aprehensión, entre ellas la del ex comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y ex jefe de custodios del penal federal de Puente Grande, Dámaso López Núñez “El Licenciado”, compadre de “El Chapo” Guzmán y ahora señalado como uno de los sucesores del capo en la misma organización criminal. Las investigaciones Todo parece indicar que las pesquisas por la nueva escapatoria del afamado delincuente no pasarán más allá de la persona del director del CEFEREO 1 Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, a pesar del anuncio del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que se investigará hasta el nivel que sea necesario hacerlo. Osorio reconoció que la evasión fue “por corrupción”.
De manera similar a las investigaciones de 2001, las declaraciones de los custodios serán relevantes para esclarecer los hechos y determinar cómo se construyó un túnel de kilómetro y medio sin que nadie se diera cuenta. Así como aquella vez el interrogatorio al personal de mantenimiento fue clave, ahora lo será dar con quienes participaron en la excavación. Además de directivos, custodios y empleados del penal del Altiplano, la SEIDO obtuvo la declaración del ex propietario del predio por donde inició la construcción del túnel, Calixto Estrada Castillo, quien vendió el terreno a los cómplices del “Chapo” Guzmán. También se obtuvo la comparecencia de abogados del prófugo, quienes rindieron declaración en calidad de testigos. Durante los primeros días de investigaciones, familiares de los custodios retenidos por la PGR se manifestaron en el exterior del reclusorio de máxima seguridad lanzando consignas por no tener comunicación con sus seres queridos, y en espera de que se resolviera su situación legal. También parientes de la doctora que suministró el medicamento a Guzmán Loera se movilizaron. Pese a que el sistema penitenciario es su responsabilidad, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que no piensa renunciar a su cargo, tras la fuga del líder del Cártel de Sinaloa. Como todo funcionario, señaló que servirá a México hasta que el Presidente Enrique Peña Nieto decida relevarlo de la encomienda. El funcionario justificó que los protocolos de seguridad del penal del Altiplano fueron cumplidos, pero será el Ministerio Público de la Federación el que determine las responsabilidades de todos los implicados en el penoso suceso. Procesos del “Chapo” 
Cuando Joaquín Archivaldo Guzmán Loera escapó del penal de Puente Grande en 2001, no tenía causas penales pendientes de sentencia. Desde su primera detención, el 7 de junio de 1993 en Guatemala, enfrentó 19 procesos penales, en 16 fue exonerado y solo recibió tres sentencias condenatorias por un total de 20 años nueve meses de prisión. De no haber huido de la cárcel en la primera ocasión, “El Chapo” habría compurgado las penas el 7 de marzo de 2014, pero en caso de concedérsele el beneficio de remisión hubiera obtenido su libertad el 7 de abril de 2007, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Normas Mínimas, aplicables en la fecha de la evasión. El sinaloense fue absuelto de casos importantes como el del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en la balacera del Aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993, donde “El Chapo” tuvo la calidad de víctima al ser emboscado por los hermanos Javier y Ramón Arellano Félix. También resultó “inocente” de la masacre en la discoteca Kristine de Puerto Vallarta, ocurrida el 8 de noviembre de 1992, cuando atacaron a los jefes del Cártel de Tijuana. Joaquín libró otros asuntos de alto impacto como la acusación por el homicidio de la luchadora de los derechos humanos Norma Corona Sapién; el asesinato del ex procurador de Sinaloa, Rodolfo Álvarez Farber; la matanza de familiares del narcotraficante Miguel Félix Gallardo en Iguala; y otros cargos por crímenes, narcotúneles y cargamentos de drogas. Al ser recapturado el 22 de febrero de 2014, “El Chapo” Guzmán estaba obligado a cumplir las condenas que ya tenía y se le enjuició en nueve procesos penales por delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada y operación de vuelos clandestinos, entre otros, además de ser procesado por el delito de evasión de presos por su fuga de hace más de 14 años. Las causas criminales del personaje se encuentran radicadas en Juzgados de Distrito de los estados de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nayarit y Distrito Federal. La NO extradición La pregunta que constantemente se escuchó después de conocerse la fuga de Joaquín Guzmán fue: ¿por qué no lo extraditaron? La respuesta es sencilla. Autoridades de los Estados Unidos no hicieron la solicitud formal a México. Y eso puede comprobarse con los constantes juicios de amparo promovidos por el prófugo contra la posible orden de detención provisional con fines de extradición internacional. 
“El Chapo” promovió no menos de 15 demandas de garantías ante Juzgados de Distrito en materia penal o administrativa para obtener la suspensión provisional y evitar su traslado a otro centro penitenciario o su extradición. Citaba como autoridades responsables del acto reclamado al secretario de Relaciones Exteriores, al de Gobernación, al titular de la PGR, al Presidente de México y a todos los jueces federales. La respuesta de las autoridades señaladas siempre fue la misma en sus informes al juez de amparo: no es cierto el acto reclamado. Es decir, ni los jueces tenían solicitudes de mandamientos de captura de parte de la Ministerio Público Federal, ni las demás autoridades tuvieron peticiones del gobierno norteamericano para extraditar a Guzmán. Los abogados del narcotraficante estuvieron al pendiente del tema de la extradición y sus escritos, siempre similares, argumentaban que los estadounidenses pretendían la entrega de su cliente “para someterlo a prisión perpetua, equivalente a pena de muerte”. Se manifestaba en sus demandas el temor de Joaquín. Los representantes jurídicos de “El Chapo” aseguraban que en 2014 hubo conversaciones telefónicas del procurador estadounidense con el ex procurador general de México, Jesús Murillo Karam, sobre el tema, asegurándole este último al primero “que esta extradición sería cuestión de tiempo”. Del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, los defensores del capo citaban su declaración del 26 de febrero de 2014 ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de ese país, donde habría dicho del narcotraficante mexicano: “Quiero que enfrente a la justicia en los Estados Unidos y asegurarme que nunca más salga a la calle nuevamente”. Del gobernador de Texas, los abogados refirieron que en diversas ocasiones ha expresado públicamente que está gestionando que “El Chapo” Guzmán sea juzgado en ese Estado “para aplicarle el rigor de la Ley”. Detallan que Texas es una entidad norteamericana “que aplica la pena de muerte, principalmente a personas de ascendencia mexicana, como ha sucedido en los actuales tiempos”. Y como ejemplo, citan las ejecuciones de Ramiro Hernández Llanas, el 9 de abril de 2014, y de Miguel Ángel Paredes, el 28 de octubre, también del año pasado. En referencia al director de la DEA en Chicago, Illinois, Jack Riley, destacan las declaraciones emitidas por el jefe policial al periódico Chicago Sun Times el 23 de febrero de 2014: “Haremos todo lo posible por traer al ‘Chapo’ Guzmán hacia los Estados Unidos para aplicarle con el rigor de la Ley, el castigo que no le permita jamás volver a la calle”. Del embajador de México en Washington, D.C. “ha manifestado enfáticamente ante la prensa norteamericana, que Joaquín Guzmán, será extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica para que sea juzgado y se le aplique la Ley, esto es cuestión de tiempo, y será muy pronto”. El tiempo en Altiplano Joaquín “El Chapo” Guzmán expresó en uno de sus escritos, “bajo protesta de decir verdad”, que el 22 de febrero de 2014 fue detenido en el puerto de Mazatlán por elementos de la Secretaría de Marina, sin que mediara orden de aprehensión, ni de la inconstitucional orden de localización y presentación. Desde el momento de su violenta detención -asegura- fue conducido al CEFERESO Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el cual se encontraba recluido y donde en los siguientes ocho meses posteriores a su detención, la autoridad carcelaria lo sometió a “la más infame, cruel e inhumana forma de encarcelamiento, en una celda especial de segregación y castigo donde ha sido sometido a un brutal daño psicológico y moral”. Guzmán Loera decía entonces que él, su familia y sus abogados defensores “tenemos temor fundado de que con argucias y artilugios inconstitucionales e improcedentes, sea extraditado hacia los Estados Unidos de Norteamérica o algún otro país extranjero, en donde los Estados Unidos tienen cárceles secretas para ser ‘juzgado’ y condenado a la pena capital o prisión perpetua”. <p>Atrás quedó ese tiempo. El líder del Cártel de Sinaloa volvió a las calles a través del túnel descubierto la noche del sábado 11 de julio de 2015 en la supuesta cárcel de máxima seguridad, y así se convirtió de nuevo en el enemigo público número uno de México y de los Estados Unidos. El embajador de la Unión Americana en México, Anthony Wayne, aseguró al reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que existe la disposición de su gobierno para colaborar en la recaptura de Guzmán Loera, y que las diversas agencias de procuración de justicia de ese país están listas para colaborar e intercambiar la información que sea necesaria.
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