El negocio redondo de los corralones

Los Cabos, Baja California Sur.- La tarde del 17 de junio de 2012 el único vigilante del corralón municipal de la colonia Mesa Colorada en Cabo San Lucas fue testigo de un incendio que inició en uno de los carros almacenados en el depósito de vehículos. A falta de extinguidor en los puntos de seguridad dentro y fuera de la oficina del corralón, trató de sofocar las llamas con una cubeta con agua, pero evidentemente no obtuvo ningún resultado. Según el parte informativo, eso fue lo que el vigilante expuso a los bomberos, cuando levantaron el informe, y combatieron el incendio que ya había consumido alrededor de 10 vehículos. Las densas columnas de humo negro podían percibirse desde casi todos los puntos del puerto, en medio del sonar de las sirenas de bomberos, ambulancias y patrullas de la policía municipal de Los Cabos. Después del voraz incendio, los propietarios de los vehículos reclamaron sus unidades a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, y ésta a su vez, envió el caso al alcalde José Antonio Agúndez Montaño. El tema fue tocado por el presidente municipal cabeño el 23 de abril de 2013 –casi 10 meses después— en la sesión ordinaria de cabildo número 35, donde se obtuvo el siguiente punto de acuerdo: “se aprueba la acción de indemnización a favor de los afectados del siniestro en el corralón municipal, pagándoles en dinero el valor del vehículo y recibiendo en propiedad la chatarra que pasa a ser propiedad del municipio de Los Cabos, por motivo del incendio del 17 de junio de 2012 en el corralón municipal de Cabo San Lucas, Baja California Sur”. Los afectados suscribieron entonces un convenio indemnizatorio, donde después de la revisión de cada uno de los casos, el XI Ayuntamiento de Los Cabos solo pagó a dos de los 10 afectados bajo el argumento de que la mayoría de las unidades automotrices tenían daños totales en choques y volcaduras, cuando ingresaron al corralón municipal. Uno de los dos afectados indemnizados fue el señor Jesús Eduardo Corazón Domínguez, quien recibió 16 mil pesos por presumiblemente las condiciones mecánicas de su carro, abolladuras, cristales rotos y malas condiciones de la pintura, cuyo dinero fue pagado por la tesorería general del gobierno municipal cabeño.   La concesión   Aunque todo pareciera haber sido dentro del marco legal, lo cierto es que el pago indemnizatorio fue irregular, sobre todo cuando de manera discrecional –según datos recabados por ZETA— los corralones municipales en Cabo San Lucas y San José del Cabo fueron concesionados irregularmente a familiares del ex tesorero Gerardo Manríquez Amador, quien hoy es un prófugo de la justicia, después de que el Juez Segundo de Primera Instancia en el Ramo Penal, Francisco Efrén Cabrera Trillas, librara una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado en el caso del atraco de 3 millones 130 mil pesos, ocurrido el pasado primero de febrero en la sede del palacio municipal del XI Ayuntamiento de Los Cabos. Los parientes del ex tesorero y familiares de su esposa, Mónica Barraza Valdés, José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra, fueron “autorizados” de manera verbal,  sin previa aprobación de cabildo, para explotar comercialmente la concesión de tres corralones municipales que se encuentran en las siguientes direcciones: 1.- Calle Industrial, Lote 141, colonia Buenos Aires, anexo al aeropuerto internacional de San José del Cabo. 2.- Carretera Transpeninsular esquina con calle La Palma, en la colonia Buenos Aires en San José del Cabo. 3.- Avenida Prolongación Leona Vicario colonia Mesa Colorada, en Primera etapa, en Cabo San Lucas. El propio comisario de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas, admitió el 9 de febrero –bajo el oficio DGSPPPYTM/180/2015— que los corralones eran “particulares” y propiedad de José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra, pero contradictoriamente, de manera oficial, transcribió que “no se tiene conocimiento de ninguna concesión otorgada”. Lo anterior después de que ZETA ganara el 8 de agosto de 2014 el juicio de procedimiento de revisión con el número de expediente PR-I/025/2014 en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur (ITAI), después de que el comisario Guillermo Marrón Rosas, y en un evidente acto de ocultar la información, negó “la información sobre las personas físicas o morales que tenían concesionados los corralones municipales y el servicio de arrastre de grúas por parte de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos”, argumentando que “la información era considerada reservada o confidencial”. Después el ITAI apercibió al jefe de la policía cabeña y concedió 5 días hábiles para que hiciera entrega de la información solicitada por este semanario, quien finalmente entrega de toda la información que obrara en expedientes. Durante una entrevista con ZETA, la regidora del PRD, Ana María Wilson Izquierdo, confirmó que los corralones estaban concesionados, pero “no hay de por medio un documento o aprobación de cabildo que pueda avalar oficialmente el permiso de explotación de manera legal”. La edil dijo que tras el incendio envió una serie de oficios a algunas dependencias en la búsqueda de la información para saber quién o quiénes eran los responsables de los corralones y pagaran el daño a los vehículos quemados, porque “si estaban concesionados lo más lógico y coherente era que los concesionarios respondieran por los daños, y quienes incluso debería de tener y estar pagando un seguro por siniestros o fenómenos naturales”. Sin embargo, la información con el nombre de los concesionarios nunca llegó, por lo que calificó como “un permiso medio raro”, porque “se supone que cuando se da una concesión la autoridad se libera de una responsabilidad estricta, en este caso los bienes inmuebles y el servicio que se otorga en los corralones”, pero “aquí no es así, porque para cobrar sí son concesionarios y para pagar no, inclusive, ningún recurso económico por ese concepto forma parte de los ingresos del municipio”. “La verdad de las cosas es que ahí tenemos un muy buen dinero perdido que debería de estar ingresando por concepto de almacenaje, y donde no solo ganara la autoridad sino también el concesionario”, expuso textualmente.   Los antecedentes   ZETA recabó información que permitiera confirmar el otorgamiento de una concesión de los corralones municipales a favor del matrimonio formado por José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra. Sin embargo, no hay rastros documentales de que el permiso de explotación haya sido autorizado de manera formal por el seno del cabildo. El propio síndico municipal del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez, dijo que “oficialmente no ha sido expedida o aprobada por los regidores ninguna concesión en el caso de los corralones municipales”, por lo que se comprometió a revisar el tema, derivado de que “hasta ahorita no se ha reportado ni un solo centavo de ingreso por concepto de almacenaje que viene estipulado en la Ley de Hacienda”, y como encargado del patrimonio y la hacienda pública, tiene la responsabilidad de investigar cualquier medida que vaya en contra de los intereses de la sociedad. La información más actualizada –según pruebas documentales obtenidas por ZETA— data del 18 de diciembre de 2009, cuando el entonces presidente municipal de Los Cabos, Óscar René Núñez Cosío, presentó un punto de acuerdo en la sesión extraordinaria de cabildo número 31, y donde se analizó, discutió y aprobó la propuesta para concesionar los corralones de Cabo San Lucas y San José del Cabo. El argumento –según el acta de cabildo bajo el número de certificación 0269— era que “la propuesta de mérito había surgido porque los corralones o depósitos de vehículos presentaban situaciones de congestionamiento, robo de partes e incendios principalmente, por lo que existía la necesidad de contar con más espacios físicos para la guarda y custodia de automotores en Cabo San Lucas y San José del Cabo”. El informe presentado en ese momento y levantado por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, era que había un inventario de mil 167 vehículos. En la sesión de cabildo, el alcalde cabeño de aquel entonces expuso que se “habían estado recibiendo propuestas de particulares con el interés de concesionar y prestar el servicio a los automovilistas”, por lo que si se llegaba aprobar el permiso de explotación, “el ayuntamiento se liberaría de esa responsabilidad, y el personal operativo que estaba al cuidado de los vehículos resguardados, haciendo las funciones de velador, regresaría a cubrir sus funciones operativas, y no correrían el riesgo de exponerse a contingencias y fenómenos naturales, como el incendio ocurrido el 8 de septiembre de 2008”. De acuerdo al acta del cabildo el punto de acuerdo fue “lanzar una convocatoria abierta, y en cuyo procedimiento de contratación se establecieran requisitos y condiciones de los interesados y fijar tarifas, garantías y seguridad en la lista de los bienes resguardados, cuyo procedimiento deberá seguirse bajo los lineamientos de la Contraloría General Municipal, procurando que se funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para los automovilistas y el municipio, y una vez registradas las propuestas, tomar la decisión final”. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, aunque no se concretó nada. Un mes después, es decir, el 4 de enero de 2010, el entonces oficial mayor, Juan Octavio Arvizu Buendía, todavía solicitó la siguiente información al comisario de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Apolinar Ledesma Arreola. 1.- El número de personal asignado para el control de ingreso, almacenaje, vigilancia y entrega de vehículos en cada uno de los corralones. 2.- La lista de gastos que se realiza en la operación de los corralones municipales. 3.- La estadística actualizada de ingreso, almacenaje y salida de vehículos por mes de cada uno de los corralones. 4.- El ingreso neto generado mensualmente por concepto de almacenaje de automotores. 5.- Cualquier otra información que se deba conocer y sirva de base para establecer los lineamientos y criterios para la convocatoria de la concesión de la administración y operaciones de los citados corralones.   Todo a su favor   Derivado de que la concesión no fue otorgada oportunamente en la administración de Óscar René Núñez Cosío, y tras la llegada de José Antonio Agúndez Montaño, como alcalde de Los Cabos, el entonces tesorero Gerardo Manríquez Amador, y según datos recabados por este semanario, otorgó de manera discrecional la “autorización” a sus familiares, José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra, y quienes desde entonces explotan irregularmente el servicio de los corralones municipales. La influyente familia comenzó así a construir su propio imperio, y sacar raja económica del negocio redondo, bajo el amparo del poder –según pruebas documentales en poder de ZETA— sobre todo porque desde entonces fueron a su vez elegidos para ofrecer el servicio de arrastre de vehículos de la vía pública en la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, a través de las compañías “Grúas Gómez”, registrada a nombre de José Manuel Gómez Simental, y “Grúas Araujo”, dirigida por Celsa Araujo Vizcarra, casualmente las dos con domicilio fiscal en la calle de Lugarda Pedrín en la colonia Rosarito, en San José del Cabo. Así el negocio es redondo: 1.- Primeramente arrastran los vehículos infraccionados por concepto de circular sin placas, conducir sin licencia o tarjeta de circulación, manejar en estado de ebriedad, estacionarse en zona prohibida o involucrarse en un accidente vial, y enseguida van y los ingresan a los tres corralones municipales que tienen concesionados de manera discrecional en San José del Cabo y Cabo San Lucas. 2.- Ya cuando pagan las multas y salen, y sobre todo cuando los vehículos resultaron involucrados en accidentes viales, los dueños de los automotores, pueden ser considerados en el pago del almacenaje en los corralones, siempre y cuando, las unidades averiadas puedan ser reparadas en el taller de hojalatería de esta familia, bajo el nombre comercial de “Body Shop Express”, localizado en el boulevard Don Guillermo en la colonia Guaymitas en San José del Cabo. Durante esta investigación, este semanario comprobó que la riqueza de la pareja formada por José Manuel Gómez Simental y Celsa Araujo Vizcarra, fue vertiginosa en el gobierno del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, porque de poseer únicamente dos grúas en el año 2000 –según la concesión 3450 expedida el 22 de junio del año 2000—, hoy por hoy, tienen formalmente 11 grúas más que operan con tres concesiones diferentes, distribuidas entre San José del Cabo y Cabo San Lucas. Peor aún. Los terrenos donde se encuentran físicamente los corralones municipales son propiedad de está renombrada familia, quien ya preparaba inclusive, un cuarto terreno para abrir un nuevo corralón municipal, proyectando que el derrotado ex candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Narciso Agúndez Montaño, ganaría la contienda electoral del 7 de junio. En el caso del arrastre de grúas el precio fluctúa entre 500 y mil 500 pesos, según la distancia, y cuyo costo total va a dar a los bolsillos de los dueños de la compañía. En el caso del costo del almacenaje –y de acuerdo a la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos— la tarifa por cada día de almacenaje es la siguiente: 1.- 50 salarios mínimos en automóviles, camionetas y pick up, es decir, 3 mil 505 pesos diarios, tomando como referencia el salario mínimo de la Zona “A” establecido de $70.10 por la Comisión Nacional de salarios Mínimos 2.- 75 salarios mínimos en camiones urbanos y suburbanos, es decir, 5 mil 557 pesos con 50 centavos diarios. 3.- 100 salarios mínimos en autobús de pasajero, camión de carga, tracto-camiones y remolques, es decir, 7 mil 10 pesos diarios. 4.- 10 salarios mínimos en motocicletas y bicicletas, es decir, 701 pesos diarios. Independientemente de esta tarifa oficial, el precio por cada día de almacenaje extra, a partir del onceavo día, es por una cuota igual a la quinta parte de un día de salario mínimo general en la zona económica “A”. El dinero cobrado por concepto de almacenaje no ingresa al ayuntamiento, sino a las cuentas bancarias de los familiares del ex tesorero. Sobre estos hechos, y desde su punto de vista, la regidora del PRD, Ana María Wilson Izquierdo, dijo “no hay una claridad en función de cómo y de qué manera se están operando los corralones y qué ha pasado con los ingresos y dónde está la responsabilidad tanto del concesionario como de la autoridad municipal”. —Ya van de salida, y particularmente en el caso de los corralones no se sabe el destino de entre 55 y 130 millones de pesos que son el gobierno municipal y fueron a dar a manos de un particular. ¿Qué va a pasar?, se le preguntó finalmente a la regidora perredista. “Lo primero que seguramente vamos hacer y después de enterarnos de lo que sucede, es pedir que sea presentado el documento de concesión, que como sabemos y estamos seguros no existe, y pedir que se presente un informe de la situación y subirlo a la mesa y dejar ese tema pendiente como “alerta roja” para que sea revisado, analizado y discutido por la próxima administración y sean ellos quienes deslinden responsabilidades. No sabemos aún hasta qué grado podamos considerar al nuevo presidente municipal de Los Cabos (Arturo de la Rosa Escalante) y ver qué va a pasar con este tema, porque evidentemente estamos hablando millones de pesos”.     Las ganancias en el arrastre de vehículos   Descripción Tarifa promedio Ingreso por mes Ingreso por año Ingreso por 4 años y 5 meses de gobierno Arrastre mínimo de 30 vehículos 800 $24,000.00 $288,000.00 $1,272,000.00 Arrastre máximo de 70 vehículos 800 $56,000.00 $672,000.00 $2,688,000.00   Nota: El cálculo está basado en una tarifa promedio de 800 pesos, tomando en cuenta que la más baja es de 500 pesos y la más alta de mil 500 pesos.   Fuente: Investigaciones ZETA     Las ganancias en almacenaje en corralones   Descripción Tarifa diaria por vehículo Ingreso por mes Ingreso por año Ingreso por 4 años y 5 meses de gobierno Ingreso mínimo de 30 vehículos $3,505.00 $1,051,500.00 $12,618,000.00 $55, 729,500.00 Ingreso máximo de 70 vehículos $3,505.00 $2,453,500.00 $29,443,000.00 $130,035,500.00   Nota: El cálculo está basado en la tarifa más económica, que es de 3 mil 505 pesos, equivalente a 50 salarios mínimos por almacenaje de un solo día y máximo 10 días. A partir del onceavo día, el costo de la cuota por pagar es igual a la quinta parte de un salario mínimo general, según la zona económica.   Fuente: Investigaciones ZETA     Los cobros diarios por almacenaje en los corralones municipales   Concepto Salarios mínimos Costo en pesos Automóviles, camionetas y pick up 50 $3,305.00 Camiones urbanos y suburbanos 75 $5,557.50 Autobús de pasajeros 100 $7,010.00 Camión de carga 100 $7,010.00 Tracto-camiones 100 $7,010.00 Remolque 100 $7,010.00 Motocicletas y bicicletas 10 $701.00   Nota: Después del onceavo día de almacenaje, se cobra una cuota igual a la quinta parte de un día de salario mínimo general en la zona económica “A”, algo así como 14.02 pesos, por día extra.   Fuente: Investigaciones ZETA