Por onceavo año consecutivo, la familia ZETA y la familia Ortiz comparten el doloroso e indignante recuerdo por la pérdida de un padre, un esposo, un hijo, un amigo, un guía y un editor, un hombre honesto. Aquel 22 de junio de 2004, manos cobardes que viven en el gozo de la impunidad le arrancaron la vida al licenciado Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario ZETA. Fue el entonces Procurador del Estado Antonio Martínez Luna, quien informó a la Redacción que había “…un periodista de ZETA asesinado” y después notificó que se trataba de Francisco. A balazos, esta punta de cobardes lo atacó sin importar que estaba acompañado de dos de sus pequeños hijos. Para evidenciar más la corrupción y protección de las autoridades de la que gozaron, lo balearon cuando iba a un tratamiento médico en un consultorio ubicado apenas a unos metros de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado. La tristeza y la conmoción por este hecho, nos quitó el aliento y dejó un vacío emocional y editorial imposible de llenar. Resultó inverosímil que tras dispararle en cuatro ocasiones a plena luz de día en una zona comercial, sus homicidas pudieran huir tranquilamente. La ineficiencia de las autoridades en los momentos posteriores a la investigación también fue a duras penas digerible. Sobre todo conociendo la vida del licenciado Ortiz, ecuánime, siempre pugnando por el punto justo y el equilibrio de la información, un luchador por la verdad y la justicia a través de su trabajo, por eso no era poco usual que en discusiones internas de este semanario tuviera la última palabra, funcionaba como la conciencia mayor de este semanario, por eso ese 22 de junio fue imposible evitar el sentimiento desamparo. Amaba a su familia, la lectura, le gustaba enseñar y le enojaba la incompetencia. En sus investigaciones y reportajes, no publicó mentiras, en las notas de crimen organizado se apegó a la información consignada en expedientes delictivos, los cuales se habían abierto y eran públicos y conocidos porque los delincuentes disfrutaban exhibiendo su poderío matando, traficando droga, protagonizando balaceras, envenenando jóvenes y corrompiendo a la sociedad. Él ejercía un periodismo comprometido, independiente, de investigación, y por hacer su trabajo, por defender el periodismo libre, lo mataron. De acuerdo a la versión dada por José Luis Santiago Vasconcelos, entonces subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), el móvil fue la publicación en ZETA de un cartel de “Se busca”, elaborado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que contenía 71 fotos de miembros activos del Cártel Arellano Félix. Por el pago de entre 40 y 70 mil pesos, todos esos criminales habían recibido credenciales oficiales de la Procuraduría del Estado para hacerse pasar por agentes ministeriales. El mismo Vasconcelos y en su momento el procurador Martínez Luna, identificaron como presuntos responsables a los siguientes criminales del CAF: Jorge Eduardo Ronquillo Delgado “El Niño”, y Heriberto Lazcano, asesinados ambos sin ser acusados o investigados por la muerte del editor. Jorge Briseño López “El Cholo”, desaparecido de la vida público criminal desde 2008, presuntamente baleado –sin muerte confirmada– ese mismo año por otro sicario del Cártel Pedro Ignacio Zazueta. A este criminal tampoco se le fincó responsabilidad. Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón, detenido por autoridades de Estados Unidos en agosto de 2006, en su primera comparecencia ante el juez en San Diego, la fiscal le imputó el homicidio del editor, pero después no se volvió a mencionar. Y a la fecha, este traficante homicida nunca ha sido acusado formalmente en el lado mexicano por la muerte de Ortiz. A excepción de Heriberto Lazcano –y Jorge Hank Rhon, quien también fue señalado por la Procuraduría local como sospechoso del asesinato— el resto de los sospechosos pertenecían públicamente al cártel Arellano Félix, entonces “comandado” por Francisco Javier Arellano Félix, a quien tampoco se investigó por la posible autoría intelectual –los 70 miembros del cártel hecho público por ZETA eran del CAF— y en contraparte, hace unos días le fue eliminada la cadena perpetua por una benévola pena de 26 años de prisión. La promesa hecha por las autoridades en 2004 de poner a los asesinos del periodista tras las rejas, se ha incumplido por 11 largos años, pero como el olvido no es opción, reiteramos el reclamo permanente de justicia para un hombre justo que fue abatido por balas criminales por hacer lo correcto, que los homicidas sean castigados. Y reiteramos la denuncia por la corrupción e ineficiencia de las autoridades que siguen solapando a sus asesinos, identificados por sus corporaciones hace más de 10 años. Exigimos lo que la Constitución como ciudadanos mexicanos nos concede: justicia, aunque ya no sea ni pronta ni expedita.
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