No es nuevo, pero resulta indignante y molesto que ninguna autoridad haga algo por evitarlo. Los panistas corruptos -porque esta forma de transar llegó a este Estado norteño con algunos albiazules de dudosa moralidad- aprendieron rápido en los gobiernos bajacalifornianos: cuando meten a sus bolsillos recursos del erario, no lo sustraen tan descaradamente, como lo hacían sus predecesores priistas. Como ejemplos de estas estrategias más elaboradas para abusar del poder, vale recordar aquel fideicomiso que se inventaron integrantes del gabinete del Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Héctor Osuna para auto-liquidarse al final del trienio; o las facturas falsas entregadas por los miembros del también Cabildo tijuanense dirigido por el ex alcalde Jesús González Reyes, para justificar el gasto de recursos etiquetados para gastos social, que generosa y oportunamente se auto-aprobaron al término de su gestión. Y los casos sin investigar adecuadamente de adjudicaciones directas, en el caso de placas y licencias, por parte del actual secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, quien incluso ha establecido convenios con empresas de reciente creación y fuera del Estado. Sin embargo, el verdadero negocio está en la asignación de contratos, el camino más común de esta subclase de servidor público para embolsarse millones sin trabajar, es la “comisión”. Para los propietarios de empresas constructoras del Estado, es el pan diario: si quieren ganar convenios y licitaciones, deben acordar que entregarán un porcentaje de lo que pague el gobierno. Los funcionarios vivales han existido en todas las administraciones y los porcentajes de comisión varían, en el gobierno de Francisco Vega, según informaron proveedores afectados, es del 15 por ciento para el público en general, y del 10% para los amigos. Lo que significa que si el anuncio de inversión en infraestructura para 2015 en Baja California fue de 6 mil 408 millones de pesos, de los cuales el Estado aplicaría 2 mil 262 millones de pesos, y considerando la comisión más baja del 10%, algún grupo de malos funcionarios podría llegar a embolsarse 226 millones de pesos. Luego el constructor recupera la pérdida y lo hace castigando la obra, entregando un trabajo de mala calidad o incompleto, o inflando los costos. Parte del problema es, como comentó el abogado fiscalista, doctor Adolfo Solís Farías, la corrupción muta más rápido que la Ley, y esta gente, hace de la Ley el vehículo para burlar el acto ilícito. Preguntando respecto a las alternativas, para que funcionarios corruptos dejen de enriquecerse abusando del presupuesto, los fiscalistas hablaron de auditorías. Solís refirió dos puntos: uno, la necesidad que las adjudicaciones de obra tengan debidamente desglosado por partida los conceptos que se van a desarrollar para que se pueda muestrear; y segundo, meter un auditor, autónomo, con capacidad técnica y tecnológica que pueda supervisar los procesos y las calidades de la construcción, no solo el análisis contable. “No tenemos que modificar la Ley, debemos aplicarla”. Jorge Alberto Picket Corona refirió que las autoridades fiscales también podrían aplicarse y realizar auditoria a estos funcionarios sospechosos, y revisar si se da la figura de “discrepancia fiscal”, que sus gastos sean mayores a sus ingresos lícitos declarados, como el mafioso Al Capone, para asegurarse que no estén cometiendo los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Además, vio una posibilidad de esperanza en la reforma constitucional que en mayo de 2015 creó la Comisión Anticorrupción, proyecto sistémico que en teoría, evitará actos como la mentada “comisión”. Consultadas fuentes del Senado, recordaron que los plazos indican que en menos de un año se reformarán la Ley de Obra Pública, la de Responsabilidades de los Funcionarios y la de Adquisiciones; también se crearán por lo menos otras dos, la Ley Anti-corrupción y una para coordinar todas las leyes relacionadas. Pero son de 20 a 25 instrumentos legales que se deben reformar y, después de eso, los Estados tendrán otros 180 días para adecuar las legislaciones locales. Mientras, toca esperar para ver si las legislaciones secundarias de verdad son redactadas para combatir la corrupción mexicana. Por lo pronto, desde el Congreso de la Unión, aseguraron que también en este tipo de actos existe la denuncia anónima, incluso, dijeron que sí esas situaciones se reportaban en la prensa, las contralorías estatales y Secretaría de la Función Pública estaban obligadas a investigar de oficio, y de no hacerlo, se les podría acusar de complicidad, por omisión. ¿Cuándo se ha visto que algo así suceda en este país? Nunca, lo que significa que va siendo hora de probar, lo peor que puede pasar es que sigamos igual.
Publicidad
