Un sujeto le pregunta a otro ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia y apatía?, y el segundo hombre responde “no sé, ni me interesa”. Ésa es la actitud que parece haber tomado el Gobernador del Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y recientemente, los bajacalifornianos debieron padecer varios ejemplos. Uno, con los problemas generados a partir del paro de maestros en el Estado por falta de pagos, los niños estuvieron un mes sin escuela, a los educadores faltistas les pagaron el mes que no trabajaron, se comprometieron a reponer las clases y ahora resulta que con cinco días pretenden cubrir lo que no vieron en las cuatro semanas que paralizaron el sistema, y los afectados al final los educandos. Lo más terrible, que fue una crisis que se dejó crecer, porque no cayó de sorpresa. El Gobernador ha tenido este tipo de conflictos con el magisterio desde su llegada en diciembre de 2013 y en agosto de 2014. Lo vio venir, los docentes se lo advirtieron y no hizo lo necesario para evitar el daño a la educación de los niños bajacalifornianos. Otro ejemplo, la rebelión de los jornaleros de Ensenada por los abusos laborales, y en algunos casos condiciones de esclavitud. De nuevo los trabajadores del campo remitieron al estado su pliego petitorio para una mesa de diálogo que les permitiera mejorar las condiciones de trabajo desde el 15 de octubre de 2014, repitieron su petición en enero de 2015. Los sembradores pierden la paciencia al ser ignorados, y el 17 de marzo después de anunciarlo, hacen una manifestación tumultuaria y cierran la carretera Transpeninsular. Le siguió el vandalismo, tiendas saqueadas, camiones tomados, propiedades incendiadas. Pérdidas por más de 50 millones los primeros días reportaron los rancheros, y los comerciantes hablaron de más de 100 millones de pesos perdidos en los saqueos. Después, familias asustadas ente actos violentos y los enfrentamientos entre jornaleros y autoridad. Hoy, dos meses y 12 días después, el problema de origen sigue sin solución. Se firmó un pacto en el que la autoridad se compromete a respetar los derechos constitucionales de los trabajadores del campo, algo que no necesita firma porque está en Ley. Además, los delincuentes que cometieron delitos no fueron encerrados. Y luego pospusieron la mesa de diálogo a una fecha cercana a la jornada electoral en busca de más problemas. Recientemente con la vivencia de una jornada de sangre y violencia en Tijuana que se ha extendido de abril a mayo, la declaración pública del gobernador fue que la autoridad estaba siendo eficaz en los decomisos, y que los delincuentes se están peleando entre ellos. Para la ola de asesinatos de mujeres en Mexicali a principios del año también tuvo “un llamado a las mujeres para cuidarse y evitar situaciones de riesgo”. Gobernado, gobernada, ¿esas actitudes y repuestas del licenciado Vega le hacen sentir más seguro?, mejor aún, ¿los miembros del crimen organizado y delincuentes menores pensarán que su actividad delictiva está amenazada? Salvo la sorpresiva llegada de Francisco Vega el mismo 17 de mayo de 2015, al derrumbe de la colonia anexa Miramar en Tijuana que dejó sin hogar a 19 familias y puso en riesgo a otras tantas, el resto de sus acciones en 18 meses de administración han dejado claro que no le gusta, o no es su estilo encarar sus obligaciones y prefiere dejar sus responsabilidades en manos de terceras personas, secretarios, o subsecretarios. Pero como no tienen una mano dura que empuje, ni liderazgo que los maneje o ejemplo que seguir, los miembros del gabinete andan por la libre y deciden entrarle a las crisis tarde, como apagafuegos. Esto en el mejor de los casos, que son los funcionarios que trabajan, porque hay otros que cuando el Gobernador se desaparece –que es muy seguido– ellos ni siquiera se asoman por sus oficinas, o se ocupan de cumplir sus obligaciones. Sin embargo es menester recordar que aquí la responsabilidad legal primaria es del Gobernador. De él son obligaciones: Hacer que se respeten las Leyes; velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida; visitar los Municipios del Estado cuando lo estime conveniente, proveyendo lo necesario en el orden administrativo; cuidar la recaudación y correcta inversión de los caudales del Estado; planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia. Son facultades y deberes ineludibles del señor Francisco Vega, consagradas en el artículo 49 Constitucional, no son de sus secretarios, ni del de Gobierno, ni del de Educación o Seguridad, ni del resto. Ellos son su apoyo, pero la cabeza debe marcar el rumbo que en acciones, no termina por definirse en Baja California. Hasta los subordinados menores se quejan que mientras el Gobernador permite que sus secretarios mal gobiernen, éstos tienen convertido el Poder Ejecutivo en una agencia de colocaciones para pagar favores, acomodar amigos y cobrar comisiones. Y a saber, si Kiko lo desconoce, o no le interesa. Lo que queda claro es que tampoco busca o pregunta a más allá de dos o tres miembros cercanos de su gabinete. No recibe pues, asesoría. Sin presencia el liderazgo se pierde, entonces el Gobernador no puede permanecer indiferente y mostrar incapacidad de reaccionar ante situaciones que dañan el desarrollo de la entidad. Como el exitoso hombre de negocios que dice ser, sabe que las empresas solo crecen bajo la supervisión proactiva de quienes las encabezan, no con jefes ausentes. Y le guste o no, el resto de sus innumerables inversiones deben esperar, porque en este momento su ocupación única debe ser con Baja California, porque urge.
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