El cirujano Jaime Caloca, quien lleva un proceso de divorcio contra Joseane Da Silva, madre de sus dos hijas, señala que el Juez Segundo de lo Familiar en Tijuana, Gustavo Villarespe, cometió irregularidades a favor de su contraparte durante el proceso, a pesar de que el caso ya no lo lleva él desde hace un año y medio. En mayo de 2012, Caloca inició el proceso de divorcio necesario por adulterio e injurias. Se asentó el expediente 794/12, asignado al Juzgado Segundo Familiar. En primera instancia, el juez Villarespe ordenó que el médico ejerciera la custodia provisional de las menores, situación que cambió después de un recurso de revocación presentado por Da Silva (brasileña de nacimiento) en base a una entrevista a las menores a puerta cerrada y sin presencia de otras autoridades. El juez fijó un plazo de tres días para que el cirujano señalara un nuevo domicilio y otorgó la custodia a la mujer, así como una pensión de 60 mil pesos mensuales. Lo anterior también fue revocado en noviembre de 2012 por Jaime Caloca, mediante un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito. De igual manera, interpuso un incidente argumentando falsedad de documentos, pues no reconoció la firma de Joseane Da Silva en escritos como la contestación a la demanda y ofrecimiento de pruebas, lo que logró demostrar mediante estudios periciales y se invalidaron los actos procesales. Según Caloca, Villarespe ordenó se notificara de manera personal a Da Silva sobre esta resolución y no mediante boletín judicial, aunque también mediaba una declaratoria de rebeldía por la falta de contestación a la demanda. El asunto llegó al Juzgado Tercero Familiar (expediente 2139/13) en 2013, donde Caloca argumentó como irregular que de un video ofrecido como prueba solo se haya tomado su duración y no el contenido. El video muestra a Da Silva desvistiendo violentamente a una de sus hijas, molesta porque la menor alteró su sueño. Evaluaciones psicológicas hechas a Caloca y Da Silva -ordenadas tras la inspección ocular de este video- fueron realizados sin metodología científica ni sustento de sus valoraciones, las cuales son ambiguas, poco concluyentes y tendientes a favorecer a su ex mujer, considera el denunciante. El DIF informó a ZETA que corresponde a los jueces determinar la resolución de pleitos como éstos, y que su función es solamente proteger la integridad de los menores, rechazando señalamientos hechos por Jaime Caloca respecto a su actuar. Sin pronunciarse sobre el fondo del juicio, Sergio Bravo Gibert, abogado de Joseane Da Silva, comentó que si una de las partes debería quejarse de las resoluciones dentro del litigio es la que representa, ya que Caloca ha ganado los recursos que ha presentado dentro del mismo, razón por la cual cuenta con la custodia de las menores y con pensión alimenticia. De la misma manera, Bravo Gibert dijo que no tenía sentido exponer este caso, siendo que el mismo se está llevando a cabo en el Juzgado Tercero Familiar desde hace año y medio, concluyendo que la actuación por parte de ambos Juzgados y DIF ha sido en apego a derecho.
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