Tratándose de la incidencia en delitos de alto impacto, para hacer una revisión de los avances o retrocesos de las estrategias de seguridad pública, en ZETA optamos por darle seguimiento a los homicidios por tratarse de un delito cuyas víctimas son difíciles de esconder por la autoridad. Ofrecer cifras alegres o maquillar estadísticas resulta más complicado tratándose de asesinatos, que de robos o secuestros, y como ejemplo, este último delito. Para mejorar sus números en la incidencia nacional, las autoridades bajacalifornianas hacen diferencia y unos los catalogan como secuestros y otros como privaciones de la libertad o “levantones”. De tal suerte que, según cifras oficiales, durante el primer trimestre de 2015, en todo Baja California se abrieron solo dos expedientes por secuestro, lo que da una idea de disminución, de no ser porque también se registraron 106 privaciones de la libertad, 42 solo en Tijuana. Si bien, está claro que por la forma en que se archivan los levantones-secuestros relacionados con la venta o consumo de droga, el criterio de la autoridad ministerial es que las víctimas de estas “privaciones” se merecen el delito cometido en su contra, la realidad es que sin importar lo que piensen o sientan, eso no los excusa de investigarlos y registrarlos correctamente. Al igual que el intento permanente de ocultar los secuestros, en abril de 2015 resultó más que inútil el esfuerzo de la señora procuradora del Estado de Baja California, Perla Ibarra Leyva, de restarle importancia a la escalada homicida que se vive particularmente en el municipio de Tijuana. Apenas pasadas la segunda y la tercera semanas de abril -las más sangrientas en lo que va del año-, en las que hubo narcomensajes con amenazas colgados en vialidades públicas y una serie de homicidios efectivos y otros tantos frustrados, a la licenciada Ibarra le pareció buena idea asegurar públicamente el 20 de abril, que no había aumento en los homicidios, pero taimada, se basó en las cifras de enero a marzo. Como si a la dama no le llegara diariamente un reporte de los asesinatos ocurridos en todo el Estado -sí lo recibe- con números que su evidente intelecto debieron hacerle notar el incremento, ella decidió mal informar, tal vez para que con sus palabras inexactas, los tijuanenses receptores del mensaje pudieran tener una sensación de mayor seguridad, aunque fuera falsa. De hecho, de acuerdo a cifras oficiales, el 22 de abril -dos días después de las declaraciones de la procuradora- los 37 muertos que se registraron en Tijuana, ya sumaban una cantidad similar al número de homicidios asentados en todo el mes de abril de 2014. Del 22 de abril a la fecha, la prensa local ha reportado 13 asesinatos más, lo que indica que al miércoles 29 de abril de 2015, solo en Tijuana ya se habían cometido 50 homicidios, lo que hace más evidente el incremento. Desde su llegada a la Procuraduría hace más de 17 meses, la ciudadanía poco sabe del trabajo de la funcionaria, ni de sus resultados. Una revisión de la prensa local, la ubica apenas en las notas de su toma de posesión, algunas graduaciones, recepción de funcionarios internacionales y en el control de las manifestaciones de los jornaleros en Ensenada entre marzo y abril. “Esto es de actuar y resolver”, dijo Perla Ibarra a su arribo a la Procuraduría, “hemos estado resolviendo muchos asuntos de éstos” aseguró el 20 de abril de 2015. Y en el contexto de estas declaraciones, echemos un vistazo a los números de la semana que concluye. Del 22 al 29 de abril, 13 personas fueron asesinadas en Tijuana (dos más con motivos familiar-pasionales), y en el mismo lapso, la Procuraduría del Estado solo informó de la captura de un homicida, luego entonces, los números no se presentan favorables. Decir que se están matando entre ellos (los criminales), tampoco es argumento válido para generar tranquilidad. Así dio inicio aquella narcoguerra interna en 2008-2010, y la impunidad que disfrutaron hizo creer a los criminales que podían empezar a secuestrar y matar a víctimas inocentes para hacerse de recursos sin tener castigo, y lo hicieron por un largo período. Entonces, siguiendo la premisa popular usada por los alcohólicos anónimos, licenciada Ibarra: el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe. Y la mujer responsable de la institución encargada de la investigación y persecución de los delitos, no puede ser omisa, menos aún, actuar con desconocimiento. El cargo que ostenta y los bajacalifornianos, merecen mucho más que medias verdades.
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