Será la mujer o el hombre, “encargado de velar por la legalidad en todos los actos de la administración pública, promover la justicia y asegurar el respeto de los derechos humanos en todo lo que aquella intervenga” durante los próximos cuatro años en Baja California. Se trata del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y ya hay 22 tiradores apuntados. Sus currículos están siendo revisados por los 25 diputados locales. Para llegar a ser el ombudsman local, él o la designada, deberán tener el apoyo de las dos terceras partes del Congreso. A pesar de la importancia del cargo y que en los más de los casos, su contraparte es el sistema corrupto que tiene decenas de abogados versados y millones de pesos a su disposición… para ser Comisionado de los Derechos Humanos los requisitos son mínimos. La Ley solo pide que sea un mexicano, con residencia de cinco años en el estado, ni siquiera tiene que haber estudiado carrera específica, basta que demuestre “capacidad y experiencia en la defensa, difusión y promoción de los derechos humanos”, que no sea empleado público, no tenga antecedentes penales y posea prestigio, este último requisito por cierto muy subjetivo de evaluar, pero resulta obvio que no debe haber sido acusado como torturador o violador de los derechos humanos. Las exigencias oficiales pues, son pocas. En un estado donde tratándose de delitos de alto impacto reina la impunidad en el tema de la procuración y la administración de la justicia, donde los derechos de los niños a una educación son violentados por semanas y semanas sin consecuencias, donde los jornaleros del valle ensenadense denuncian condiciones de esclavitud laboral; un lugar en el que no desaparecen las denuncias de torturas o detenciones arbitrarias, y los feminicidios crecen… las condiciones indican que los legisladores están obligados a ser más selectivos. A la fecha los diputados solo han mencionado la necesidad que el próximo comisionado tenga experiencia, y sea apolítico, esto último por cierto resultaría contraproducente, porque el responsable de la defensa de los derechos humanos no puede ser indiferente a la política, por el contrario, debe estar interesado en las acciones y efectos de ésta, para poder ser el defensor que el pueblo requiere. Lo que sí es indispensable es que sea apartidista. Por eso el hecho que funcionarios y diputados panistas en lo privado y el diputado perredista en lo público, digan que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un puesto que le toca al PRI, resulta abusivo con los bajacalifornianos e irresponsable de parte de los legisladores. Este defensor ciudadano no puede deberle su puesto a ningún partido específico, es básico para su libertad de actuar. Los desafortunados resultados de la invasión de los partidos en los derechos humanos ya se padecieron con las incursiones del panista Ismael Chacón y el priista Arnulfo de León Lavenant, este último señalado de abusos de poder y hasta de escamotear los fondos públicos. El nuevo comisionado de los derechos humanos deberá demostrar su compromiso y sensibilidad con las causas sociales, tener hambre de justicia, ser conocedor de temas administrativos, pues va a manejar recursos muy limitados que necesita optimizar. También necesita ser profesional y competente en materia del derecho –porque va a enfrentar a los abogados del sistema–, evidentemente, con enfoque particular a la defensa de los derechos humanos. Ahora podrá presentar denuncias penales, ver temas de abusos de particulares. Eficaz con resultados probados, las violaciones a derechos humanos que se cometen en Baja California no están para que llegue ningún novato a aprender. Además, debe contar con el apoyo de los organismos de la sociedad civil, quienes lo acompañarán en su encargo y lucha. Y no se trata solo de que sea honrado y con ello que su actuar sea respetuoso de las leyes y normas consideradas adecuadas por la sociedad, su personalidad y formación, deben darle una visión amplia innovadora y propositiva, la capacidad y el empuje que le permita detectar las leyes y procedimientos burocráticos que violentan los derechos ciudadanos para promover acciones de inconstitucionalidad y lo que sea necesario para conseguir los cambios requeridos. Ahora más allá de que en la lista de aspirantes exista uno o más que reúnan los requerimientos necesarios, las organizaciones civiles, los profesionales organizados, la ciudadanía en general deberá poner el ojo y la presión, sobre los legisladores locales de todos los partidos, para que se dejen de la vergonzante repartición de cuotas de poder y elijan al mejor hombre o mujer, al más independiente, crítico, valiente, combativo, con vocación de proteger, capacitado, imparcial, responsable, libre de intereses, capaz de una escucha activa y productiva. Porque eso es lo que exige la desigualdad económica, política y social que todavía se vive en el estado.
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