La llegada y el posterior arraigo de jornaleros agrícolas permitieron el crecimiento de San Quintín en los últimos 30 años; a partir de los noventas, el ingreso de capital extranjero y de nuevas tecnologías convirtió esa zona, ubicada a 170 kilómetros de Ensenada, en una de las principales regiones agroexportadoras del país. Ambas condiciones han hecho posible para los productores dueños de los ranchos generar ganancias de cientos de millones de dólares, que además de permitirles crecer y potencializar sus empresas, les dan la facilidad de acceder a cierto nivel de vida que evidencia sus capacidades económicas. Ya sea contratando cantantes o bandas famosas para sus festejos, o movilizándose a diario en su helicóptero o avioneta privada como incluso lo hacía -o lo hace- el productor y actual secretario de Fomento Agropecuario de Baja California, Manuel Valladolid Seamanduras, y muchos otros. Ciertamente no es negativo gastar el dinero bien habido en lo que se les venga en gana, el problema es cuando parte de esos recursos provienen de la explotación de decenas de miles de jornaleros a quienes se les impide el acceso a una vida digna. Entonces esas muestras de opulencia calan en el ánimo de los jornaleros cuando se les niega la obtención de un salario más justo o el acceso pleno a las prestaciones laborales y de seguridad social. En las mismas condiciones han surgido durante tres décadas varias rebeliones de los jornaleros de San Quintín, la más reciente estalló el 17 de marzo de 2015 y ha tenido varias réplicas con sus respetivos brotes de violencia. Este levantamiento de los trabajadores no es contra todos los agroexportadores, es con los abusadores a quienes las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y en muchas ocasiones sus sindicatos, les han permitido durante sexenios robar a los trabajadores impunemente. Las evidencias oficiales de que existe la explotación las mostró el mismo gobierno, el cual reconoció que en este año, de 67 empresas supervisadas, 18 estaban aprovechándose de los jornaleros: no les pagan horas extras, tampoco utilidades, no los inscriben al IMSS ni al INFONAVIT o FONACOT, les pagaban en cheque y les cobraban comisión para cambiárselos; incluso en un caso, detectaron una tienda de raya como las que funcionaban en tiempos del porfiriato. En este punto vale agregar que además de no protegerlos, los tres órdenes de gobierno también han sido insuficientes para llevar a la región los servicios públicos, los de salud, seguridad y de cobertura educativa. Mientras los productores son apoyados con financiamientos. Casi un mes después de la primera jornada violenta -desgraciadamente parece que para reaccionar y cumplir con su trabajo, el gobierno necesita que se dé una serie de delitos que afecten a terceros- llegaron a una serie de “acuerdos”. Revisados los acuerdos, no son nada que no esté consignado en leyes o programas gubernamentales desde hace años: el respeto de sus derechos laborales, desarrollo para la zona, asignación de apoyos sociales. Al final, nada de lo consignado resuelve el problema de fondo de los jornaleros, lo que hace que este conflicto permanezca como una bomba de tiempo que puede volver a explotar en junio, el año que entra o dentro de cinco años. Las evidencias económicas muestran que después de aproximadamente dos décadas de abundancia, los productores y el gobierno han ganado mucho en San Quintín, incluso presumen el desarrollo de la zona, entonces va siendo hora que los menos favorecidos sean alcanzados por los beneficios, pero de verdad, no con acuerdos de buena voluntad. La obligación moral es dejar algo regulado, que diga por ejemplo, cuál es el salario justo para un trabajador del campo, que especifique cada cuánto se incrementará, y cuáles serán los elementos que se considerarán para ese aumento; porque el sueldo que consigan en junio, si es que lo logran, les servirá de poco en un año más con la inflación y las crisis. Un plan firmado con metas y plazos, compromisos reales es lo que se requiere. Hay mucho por hacer respecto a los trabajadores agrícolas, y la responsabilidad directa es de los gobiernos y sus empleadores. Y no se vale la excusa de que no van a negociar con quienes rompen el Estado de Derecho, ejercen la violencia y el terrorismo, y que, según palabras de funcionarios y productores agrícolas, ni siquiera son jornaleros. Si hay infiltrados, agitadores que están cometiendo delitos, denúncienlos, y métanlos a la cárcel, pero no los usen de pretexto para no entregar a los trabajadores lo que en legítimo derecho se han ganado tras años de explotación.
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