Si bien estamos conscientes que comprar o intentar mercar la edición completa de un periódico no es un delito, la realidad es que no existe buena intención detrás de un acto como el mencionado. Cierto, como empresa privada, vender nuestro producto ha sido fundamental para la permanencia de ZETA (35 años en Baja California, cinco en Baja California Sur), pero antes que la venta, está nuestro objetivo como medio de comunicación comprometido con las sociedades que le han permitido crecer: informar. Por ello alzamos la voz ante lo que consideramos un atentado a la libertad de expresión. Como informamos con oportunidad a través de nuestra página electrónica, la mañana del sábado 9 de mayo, cuando el ejemplar de ZETA llegó a los puntos de venta en Baja California Sur para el consumo entre los sudcalifornianos, voceadores y dueños de los negocios donde se vende el Semanario fueron testigos de un operativo inusual que reportaron de inmediato. Vieron hombres, en la mayoría de los casos bien vestidos, los menos con apariencia de adictos, que acudieron a locales establecidos. Llegaban solos y a pie, otros se acercaron a los voceadores, lo hicieron en autos blancos y en grupos de hasta seis. En todos los casos la intención era comprar todos los ejemplares de ZETA que estuvieran a disposición, fueran cinco o 50, entre más mejor. En el caso de los voceadores, cuando uno se negó a vender todo el producto que tenía consigo, se lo arrebataron, y en la huida le mostraron un arma a manera de advertencia para que no los siguiera. La compra masiva de ZETA en Baja California Sur, impidió que la información publicada llegara a los lectores sudcalifornianos. Dos notas destacaron en la edición que estos personajes se esforzaron por sacar de circulación: Una que exponía las actividades criminales y las fotos de los hermanos Jorge Alberto, Felipe Eduardo y Carlos Guajardo García, identificados como “Los 28”; y la otra, exhibía conversaciones telefónicas que refieren desvíos de recursos públicos del Gobierno del Estado, para favorecer al candidato panista Carlos Mendoza Davis. Precisamente uno de estos compradores a granel tomado por una cámara de video en un negocio de La Paz, resultó ser Juan Tapia Izabal, panista y miembro del equipo de campaña del candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Baja California Sur. En el caso de Ciudad Constitución, proveedores identificaron a un empleado de la campaña panista a la alcaldía de ese municipio como el voraz cliente que obtuvo la mayoría de los ejemplares del Semanario. Sin embargo, en esta esta misma edición, Mendoza Davis niega haber ordenado la compra masiva de ZETA. El Artículo 7 de la Constitución mexicana es claro al calificar como “inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”, reitera que no se puede “impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”, y agrega: “En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”, pero el 9 de mayo en Baja California Sur, hubo quienes lo hicieron. Con esas acciones se violentó el derecho de los sudcalifornianos “al libre acceso a información plural y oportuna” protegido con el Artículo 6 Constitucional: su derecho a saber para formar opinión y participar responsablemente en la vida democrática de su Estado. Y se violó el derecho de los reporteros de ZETA a investigar y transmitir hechos trascendentes para la existencia pública de los sudcalifornianos. Con pocas posibilidades de defensa ante este operativo, informamos telefónicamente los hechos a Juan Pablo Noriega, el subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, explicándole la relevancia que tiene para esta casa editora, la seguridad de quienes distribuyen y venden ZETA en su entidad. En términos de instituciones no hubo mucho más que hacer. Pero el ataque a la libertad de saber y de informar se dio, y por ello dejamos constancia pública. Para evitar que los orquestadores cumplieran sus propósitos, la información que trataron de acallar se publicó el mismo sábado en la página electrónica de esta casa editora, y se replica también en la presente edición. A los grupos de poder que pretenden acallar la información, les notificamos que son cada vez más los sudcalifornianos que pierden el miedo a manifestar sus ideas, y eso enriquece el desarrollo de su sociedad. Entre periodistas es común manejar la frase de que la información es como el agua, sin importar los obstáculos, fluye, y en este caso, por encima de los intereses de grupos, sean políticos, criminales o combinados.
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