San Felipe, BC.-Aunque es la tercera vista del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto a Baja California, ésta es la primera ocasión en lo que va de la administración federal, que visitó la región para poner en marcha un programa integral con el que -dijo- busca preservar a la única especie endémica de la región, la vaquita marina. Este programa implica la prohibición de la pesca legal durante los próximos dos años, y el combate a la pesca furtiva. El planteamiento anunciado por el mandatario incluye una serie de medidas, entre éstas la ampliación del polígono de reserva, la indemnización a pescadores, permisionarios y otros integrantes de la llamada cadena productiva. Además, el énfasis en la vigilancia naval en la zona y el combate a la pesca ilegal. Para esto se hizo entrega simbólica de tres de las 17 unidades tipo Defender -una sofisticada embarcación equipada con tecnología de punta- que se encargarán de vigilar la región, de “mostrar la fuerza del poder naval de la Federación” En el evento estuvieron presentes el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; el de Marina, Vidal Soberón; los titulares de SEMARNAT y SAGARPA; además del embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. 
En su discurso, Pena Nieto habló de refrendar el compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente: “México es un país mega diverso, pocos países en el mundo tienen como el nuestro una gran diversidad de especies”, expuso el Ejecutivo federal para después hacer mención de la vaquita marina, especie que solo habita en esta zona del llamado Alto Golfo y que se encuentra en peligro de extinción. “Estamos aquí para establecer medidas para preservarla”, dijo en alusión a los cuatro principales ejes de la medida gubernamental. Agregó que busca apoyar a quienes se dedican a hacer de la pesca una actividad sustentable, que no altere el entorno ambiental y no represente una amenaza ante el compromiso adquirido de cuidar el medio ambiente. Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina, explicó que junto con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se realizan alianzas estratégicas mediante la implementación de un sistema de vigilancia marítima a nivel nacional que servirá para diseñar la protección y preservación efectiva de los recursos naturales. “Éste implica la utilización de nuevas tecnologías en aquellas zonas que por su posición geográfica y la gran cantidad de recursos naturales que contienen, son susceptibles de ser empleadas para actividades ilícitas, explotadas por encima de la Ley”, expresó el funcionario federal. Para este proyecto se implementarán estaciones navales de búsqueda y rescate; para ello se adquirieron 17 embarcaciones tipo Defender FC33 -dos solo para San Felipe-, caracterizadas por su capacidad de maniobra y fácil desplazamiento a altas velocidades. El titular de la Secretaría de Marina afirmó que se enfatizará en el combate a la pesca ilegal y que con apoyos de los gobiernos de Campeche, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, se tiene contemplada la ampliación de este programa. Para ello, la Armada de México ha adquirido cuatro aviones no tripulados King Air 350, los cuales cuentan con sensores de patrulla marítima, más un soporte operativo en todo el país, conformado con 30 patrullas oceánicas, 19 costeras y 70 interceptoras, y un sistema integral de comunicaciones digitalizado que permite el enlace virtual de toda la información en tiempo real entre todas las entidades involucradas, navales y aéreas. Por parte del sector pesquero, el líder cooperativista Sunshine Rodríguez dijo agradecer “la sensibilidad humana que se ha tenido para llegar a este acuerdo histórico donde gobierno y pescadores buscan la sustentabilidad y el bienestar de las familias de la comunidad del Alto Golfo”. En su intervención, el gobernador estatal Francisco Vega aprovechó para solicitar al Presidente de la República una audiencia “para tratar temas relacionados con los bajacalifornianos”, mencionando rubros como los depósitos en dólares, asuntos fiscales, importaciones de autos y el tema de San Quintín, pero nada dijo sobre la veda. Incertidumbre “Era imposible que entrara el decreto -la veda-, que la gente parara de trabajar y que no hubiera entrada de dinero, entonces sí se le hace un desmadre al Presidente en San Felipe, si la gente no tuviera que comer”, refiere el dirigente de la Federación de Cooperativas de Pescadores Ribereños de San Felipe, Sunshine Rodríguez, al explicar que acordaron alargar la entrada de la veda -pese al decreto publicado el 10 de abril- hasta el 29 de este mismo mes. “Por el bien de todos, por el bien del proyecto, hicimos este acuerdo que en cuanto llegara el dinero ya era la obligación de la gente parar”. El acuerdo de la veda de pesca por dos años en San Felipe, incluye la entrega de dinero a los pescadores inactivos por parte del Gobierno de la República. Son recursos ya acordados, que no han empezado a fluir. La indemnización será de 486 mil pesos anuales para quienes tengan permiso de camarón, 289 mil pesos por el pescado de escama, y 105 mil pesos por tiburón. El l 30 por ciento será para los pescadores y el 70% para el permisionario. 
Según el líder de los pescadores, la próxima semana el Gobierno de la República comenzaría a entregar las tarjetas -más de dos mil- y, después, hacer los depósitos, calculando que para el martes 28 de abril estaría todo finiquitado. Afirma que no han variado los montos, sino que estaban revisando las listas, ya que había unos permisos de más y otros que no estaban incluidos, pero ese detalle ya quedó acordado. “Como se ha retrasado tanto (la entrega) la gente ya no cree, muchos creen que como ya dieron el banderazo ya no les van a dar nada, que se van a quedar sin chamba. La gente está dudando porque se ha retrasado cuatro meses el pago”, refiere Rodríguez. Medida desesperada Uno de los principales conocedores de este tema es el ambientalista e investigador por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Alberto Tapia Landeros, quien opina en torno a la inminente veda: “Es una política pública desesperada y basada en la presión política internacional”. Comenta que el 5 de diciembre de 2014, los satélites estadunidenses retrataron dentro del polígono de protección de la vaquita marina en el Alto Golfo a cien pangas pescando ilegalmente. “No supimos de ninguna detención, de ningún castigo, pescadores de San Felipe me hablaron y dijeron que ahora no hay cien; hay mil pangas pescando dentro del polígono”. El especialista e investigador del CIC Museo recuerda que en la zona, primero fue la veda de la totoaba, luego la vaquita, posteriormente la declaratoria de la reserva del Alto Golfo; después la declaratoria del polígono, y ahora la declaratoria de una veda de pesca. “Si ves de cerca el mapa, es la mitad del Alto Golfo, no incluye la costa sonorense cuando sabemos que de Peñasco hacia el sur la gente pesca y come totoaba siempre. Es claro que la veda no es para la totoaba, es para la vaquita, y suponemos que va a beneficiar a la totoaba”. De acuerdo a Tapia Landeros, si realmente se hubiera respetado la veda de la totoaba no habría necesidad de este nuevo decreto: “Esto demuestra que es veda sobre veda y el problema no se ha resuelto, la pesca furtiva y clandestina continúa en el Alto Golfo, es tierra de nadie, ahí no existe el Estado de Derecho”. El investigador universitario rememora que un ex gobernador de Sonora llegó a mencionar públicamente su duda sobre la existencia de la vaquita marina, por lo que fue muy criticado por la comunidad científica: “No creo que les preocupe a los burócratas, a los hacedores de políticas públicas un animalito que nunca han visto y que quizá nunca vean; les preocupa la opinión internacional”. Menciona el caso de China, cuando se extinguió uno de los dos delfines de agua dulce -uno en el Amazonas y otro en el Yangtsé, por lo que el país sigue siendo castigado duramente por los ambientalistas, por los contratos internacionales, por las normas, por dejar extinguir a un mamífero marino. “En México le tienen miedo a eso, y quizá haya rifles apuntando nuestra economía como fue en su momento el embargo atunero por Greenpeace, por andar matando delfines cuando pescábamos atunes”, opina. También destaca el caso de la ex titular de la SEMARNAT, Julia Carabias, sobre el tema del borrego cimarrón, mamífero que llega a una población de menos de cien ejemplares y que ya no tiene salvación. Esto en función de que no hay datos específicos sobre la vaquita y que posiblemente haya menos de cien ejemplares, aparte de que ha habido monitoreos publicados donde se demuestra que de 700 especímenes, bajó a menos de cien en este siglo. El investigador universitario califica de populista la medida de indemnizar a los pescadores para que no salgan a pescar, y reflexiona que las autoridades no han sido capaces de hacer valer el Estado de Derecho: “Se está comprando el Estado de Derecho con dinero público y se paga a los que pescan legalmente, y la pesca ilegal dónde va a quedar, sigue vigente”. No se entiende la racionalidad Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, Agustín Sández, sostiene: “Es cierto que las acciones de tipo ambiental merecen ser atendidas, pero la construcción de una política pública de este orden, en el cual afecta la actividad tradicional de las personas, tiene que ser construida sobre una base de consensos, a través del consenso con la ciudadanía se establecen políticas a largo plazo. Parece más bien una mera acción coyuntural que no tiene ninguna repercusión a largo plazo”. Indica el también maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE): “Reciben un ingreso económico a cambio de dejar las actividades sobre las que han sustentado su desarrollo a lo largo del tiempo, les dan un ingreso que habría que ver qué tan representativo puede ser, pero hay un desplazamiento de las actividades productivas. Ese ingreso económico se entiende como un subsidio, pero no se entiende la racionalidad e todo esto”. El especialista insiste en que la sustentabilidad se construye sobre la base de un consenso, de otra forma, se entiende como una política impuesta. Sobre los riesgos del ocio, Sández retoma que a menos que ese tipo de decisiones se construya sobre la base de un consenso en el cual tuvieran alguna actividad productiva con que remplazar, con un efecto de sustitución productiva, “hasta donde entiendo, no hay nada de eso…”, finaliza. Intentan hablar con Peña y el Presidente los ignora Medio centenar de integrantes del Frente Cívico Mexicalense, encabezados por Sergio Tamai García, alcanzaron a librar los dos primeros retenes establecidos en San Felipe, Baja California, con motivo de la gira del Presidente Enrique Preña Nieto, y ahí se manifestaron, en el tercer acceso. Planteaban demandas relacionadas con las tarifas eléctricas, los rangos de consumo y los llamados recibos locos, pero fueron detenidos en el tercer retén. Hasta ahí llegaron miembros del Estado Mayor Presidencial, quienes los atendieron. “Tuvimos suerte, pues llegó el General Miranda, quien ya nos había atendido en la etapa de (Felipe) Calderón”, expuso Tamai quien también demandaba el apoyo federal para el tema de migrantes. Finalmente hubo una breve conversación y acordaron establecer una mesa de diálogo con autoridades federales, estableciendo el plazo de un mes para concretarla. En otro contingente, alrededor de 200 maestros de San Felipe, Mexicali y Tijuana, pertenecientes al Movimiento de Resissstencia Estatal, también se manifestaron a las afueras de la playa privada donde se desarrolló el evento.
Varios de los docentes llegaron desde el miércoles 15 de abril, pero fue hasta las 9:00 am del jueves 16 que intentaron ingresar a la carretera a Puertecitos, donde un grupo de guardia -que identificaron como granaderos- les impidió el paso. De igual manera, agentes municipales bloquearon desde la segunda glorieta de acceso a San Felipe, por lo que al no poder continuar en vehículo, marcharon alrededor de un kilómetro y medio al punto del retén que resguardaba el Estado Mayor Presidencial. Ahí se manifestaron con consignas, canciones y pancartas, una de ella decía: “Si no le alcanza el dinero para pagar sueldo a los maestros que venda su casa blanca”. Los maestros bloquearon el acceso vehicular de los asistentes, por lo que muchos de los invitados se tuvieron que trasladar a pie hasta la playa. Posteriormente fueron atendidos por el delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California, José Luis Hernández, quien les recibió el pliego petitorio y les aseguró que los dejaría ingresar al final del evento; cuestión que no sucedió. Una de las docentes fue jaloneada por los granaderos al intentar colarse al evento, sin embargo, el percance no pasó a mayores. Al final los maestros se retiraron aproximadamente a las 2:30 pm.
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