Bastante labor se hizo en los peores momentos de inseguridad en Baja California (2008-2011) y se sigue haciendo para que los ciudadanos sepan qué hacer, cómo reaccionar, a quién acudir, en momentos de crisis, cuando son víctimas de un delito o testigos de uno de alto impacto. Grabados en el consciente y el inconsciente están los números de Emergencia, de rigor el 066 para pedir apoyo de las policías, bomberos o la Cruz Roja, y el 089 de Denuncia Anónima, que se fijó con inusual rapidez debido a las condiciones de violencia que se padecieron cuando el número se dio a conocer y a la posibilidad de contribuir a la justicia sin ser identificado por autoridades corruptas. Cómo olvidar aquel aguerrido “nosotros sí vamos” que el General Sergio Aponte Polito puso en operación en un correo electrónico para atender las denuncias de una ciudadanía cansada de la impunidad de los delincuentes y la corrupción de las autoridades. Todas campañas informativas de corte preventivo, y exitosas. Sin embargo, el esfuerzo que el gobierno estatal le ha puesto a la seguridad no tiene equivalente en otras áreas igual de importantes, y recientemente se están padeciendo dos ejemplos. Por un lado, la rickettsiosis, enfermedad producida por la mordedura de garrapata que hizo crisis en Mexicali en 2011, la cual se ha hecho más letal, al incrementar el número de muertos al año, además de haberse extendido a diferentes zonas de la capital bajacaliforniana y a los otros municipios del Estado. Es una realidad que con más de 100 millones de pesos del presupuesto estatal destinados a la difusión, los bajacalifornianos no han sido informados por todas las vías de los síntomas y acciones preventivas contra la Rickettsia, más allá de los 270 mil volantes repartidos por el Sector Salud, y los cárteles que dicen pegaron en las escuelas de la entidad. De igual manera, no se ha informado ni prevenido de manera eficaz y oportuna sobre el tema del dengue, del cual en 2014 atendieron 40 casos. En Tijuana, ciudadanos afectados por la infesta de garrapatas han denunciado la nula atención recibida por empleados de la administración del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pero no saben dónde quejarse para recibir apoyo. Así que aquí otro número que el Ejecutivo estatal no ha promocionado para atender quejas o denuncias contra funcionarios corruptos o de conductas impropias de un servidor público: 01-800-466-3786. Otro lamentable caso de desinformación y desatención está en el tema laboral. ¿Ha visto Usted alguna campaña de la Secretaría del Trabajo de Baja California que informe a los empleados locales -como los jornaleros del valle de Ensenada o el de Mexicali- de sus derechos laborales que están siendo violentados? Del derecho a la seguridad social, a un salario remunerador, a condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos; a un trabajo libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual, y de cómo en la Secretaría del Trabajo están obligados ayudarlos a defenderse. Ni hablar de algún número “confiable” adonde estos trabajadores explotados puedan denunciar anónimamente las injusticias, para que las autoridades investiguen sin que el empleado corra riesgo de perder su única fuente de ingresos. Evidentemente no hay tales campañas, porque los abusos continúan mientras su titular, Juana Pérez, sirve de cómplice, minimizándolos ante la opinión pública. En el tema de los jornaleros, el nivel de indefensión de los afectados es más grave porque el déficit informativo y la ineficacia de la Secretaría de Trabajo, son apenas una pequeña parte del conflicto de intereses creados cuando de lado de los empleadores y explotadores laborales, se encuentran el secretario de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras; los parientes del secretario de Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez; y el ex secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez. Ese es el problema de gobernador que se autocalifica como “empresario exitoso”, que se rodeé de sus amigos, otros “empresarios exitosos” y, evidentemente, insensibles a las causas sociales. Al Gobierno del Estado de Baja California le hace falta informar. La comunicación no ha sido el fuerte de la administración de Francisco Vega. Ni en materia de seguridad -pues vivimos de los sistemas creados en el sexenio anterior-, ni en tratándose de campañas de salubridad, cultura del agua, defensa de los derechos laborales, atención médica, asistencia legal, y todos esos servicios sociales que el Estado debería estar ofreciendo a su población, cada vez más afectada por aquellos que concentran el poder económico y político. Lamentablemente, en el Gobierno del Estado que encabeza Vega de Lamadrid, la información se restringe, afectando a la población entera.
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