Representantes del Frente Estudiantil Mexicalense de La Universidad Autónoma de Baja California anunciaron la reciente aprobación por parte del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de los requisitos necesarios para que se pueda llevar a cabo el plebiscito contra el alza al incremento a la tarifa de transporte público, preámbulo para que se apruebe en lo general ante dicho organismo y pase a ser tema del Congreso del Estado. José Ramón López Hernández representante de la agrupación de universitarios señaló que ante la poca respuesta que tuvieron las marchas de inconformidad contra la autorización del Ayuntamiento de un nuevo cobro a los usuarios del camión fue como se decidió tomar la vía legal para revertir la medida que consideran un golpe a la economía de los mexicalenses. “Tuvimos una muy buena noticia el día 31 de marzo; sesionó el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana donde se aprueba el punto de acuerdo de los requisitos que se ocupan para el plebiscito y nos faltaría un paso más para que el Consejo apruebe en lo general la solicitud de plebiscito”. Una vez que se lleve a cabo la aceptación de dicha consulta ciudadana el Instituto tendría que notificar al Congreso de Baja California para la aprobación del presupuesto con que se realizara este ejercicio ciudadano. Además que el Ayuntamiento de Mexicali tendrá que notificar en un lapso de 5 días la decisión de haber aprobado una nueva tarifa de transporte urbano. Michel Sánchez quien ha integrado desde sus inicios este movimiento en contra del pago de 13.00 pesos como importe a los usuarios mexicalenses menciono que una vez que el IEPC tome una decisión valorando los argumentos tanto del municipio como el del Frente Estudiantil deberá decidir si procede o no la consulta ciudadana. De seguir su curso ante el Congreso se tendrán dos meses para la organizar la logística del plebiscito lapso en cual el transporte público deberá regresar a su cobro anterior de 11.00 pesos. Finalmente, la representante universitaria comento que la falta de recurso económico no deberá ser en ningún motivo justificante por parte del poder legislativo para que este se concretice y se lleve a cabo pues se estaría incurriendo en una falta.
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