El ex secretario general de gobierno, Guillermo Trejo Dozal se calcula que seguirá preso por lo menos otros dos o tres meses más, mientras se resuelve la apelación de sus abogados contra el Auto de Formal Prisión dictado por el Juzgado VI de Distrito y notificada la tarde de este martes al cumplirse el plazo constitucional. El médico oftalmólogo tenía cerca de un año prófugo y fue detenido la tarde del miércoles 11 de marzo en la Garita de Calexico al intentar ingresar al vecino país por la línea rápida conocida como Sentri, y fue entregado por las autoridades norteamericanas a elementos de la Interpol México adscritos a la Delegación de la PGR en Tijuana quienes a su vez le cedieron a autoridades del Cereso local la madrugada del jueves 19 de marzo. El plazo de 144 horas se vencía este miércoles a las 11.30 de la noche, pero horas antes desde el Juzgado Sexto de Distrito emitió el Auto de Formal Prisión. De acuerdo a fuentes cercanas al proceso, el Juez Pedro Jara Venegas utilizó los mismos argumentos que le valieron girar la Orden de Aprehensión el 31 de enero del 2014 al considerar la autoridad federal que el entonces Secretario General de Gobierno había violado –en su ejercicio médico de forma particular- la Ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas, a raíz de una investigación federal ordenada desde la Unidad especial del Sistema de Admiración Tributaria que a su vez depende de Hacienda y Crédito Público. Fundamentalmente lo acusaron junto con otros tres socios de la empresa Latino Servicios de Salud- de vender seguros de gastos médicos a usuarios de empresas de ambos lados de la frontera. Incluso representantes de este listado de clientes tuvieron que comparecer ante los investigadores federales. 
La lista incluyó a empresas como Poiriez Properties, Interiores Aéreos, Aisling Industries Corp, Valley Spreader inc, Internacional Managment Services, Suterm Sección 83, Honeywell Turbo Technologies, Instituto Salvatierra, Furukawa de México S.A. de C.V., Derbis, Grupo García Montaño, Ochoa y Asociados S.C. y Panasonic Electric Works Mexicana S.A. de C.V. De acuerdo a la opinión técnica emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en torno al tema –documento que se encuentra en el expediente- se acredito que si existen elementos para acreditar que Latino Servicios de Salud –empresa donde figuran como socios Trejo, Raúl Granier, Gilberto Singh y Humberto Bonfante, actual Secretario de Desarrollo Económico- “ha venido ofreciendo operaciones de seguros sin contar con la autorización correspondiente”, lo que desde esa óptica encuadra en el tipo penal previsto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas. Aquí la parte fundamental; “.. se considera que se realiza una operación activa de seguros cuando, en caso de que se presente un acontecimiento futuro e incierto, previsto por las partes, una persona, contra el pago de una cantidad de dinero, se obliga a resarcir a otra un daño, de manera directa o indirecta o a pagar una suma de dinero. “No se considerará operación activa de seguros la comercialización a futuro de bienes o servicios, cuando el cumplimiento de la obligación convenida, no obstante que dependa de la realización de un acontecimiento futuro e incierto, se satisfaga con recursos e instalaciones propias de quien ofrece el bien o el servicio y sin que se comprometa a resarcir algún daño o a pagar una prestación en dinero”. Pero la misma legislación establece que “sí se considerará como operación activa de seguros la prestación de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la salud a través de acciones que se realicen en beneficio del asegurado, mediante el pago de una cantidad de dinero, conforme a lo establecido en los artículos 7o., fracción II, inciso c), y 8o., fracción V, de esta Ley”. Bajo todos estos argumentos el Juzgado VI de Distrito emitió el Auto de Formal Prisión con lo que inicia el proceso judicial donde Trejo Dozal sigue considerado como presunto responsable por lo que el siguiente paso de sus abogados fue el trámite de una apelación ante uno de los Tribunales Unitarios en Mexicali, pero la respuesta se calcula que podría durar de dos a tres meses, lapso en las que el médico y exfuncionario estatal deberá permanecer en el Cereso de Mexicali. A la par seguirá el proceso penal en el Juzgado VI de Distrito.
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