Para contextualizar… remítase a aquella madrugada del 4 de junio de 2011 cuando elementos de las Fuerzas Armadas encontraron 88 armas de fuego y 9 mil 300 cartuchos en la propiedad que el empresario Jorge Hank tiene en la colonia Hipódromo de Tijuana. 78 de esas armas aseguradas no tenían permiso, por lo menos 49 eran de uso exclusivo del Ejército, dos tenían grabado el nombre de Jorge Hank, y se pudo probar pericialmente que dos habían sido utilizadas en dos asesinatos sin resolver. Sin embargo, diez días después el priista fue liberado. Sus abogados alegaron detención ilegal y la juzgadora dictó que no había elementos suficientes para procesarlo. La entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Patricia Burgarín, declaró que acataría la orden de la juez, pero se preguntó con ironía en televisión nacional ¿qué hago con las armas?; mientras el cuestionamiento en el área de homicidios de la Procuraduría del Estado de Baja California fue qué hacían con las indagatorias de los dos homicidios donde esas armas habían sido utilizadas. Tres años y medio después, la impunidad se perpetúa en la decisión del Poder Judicial respecto a la responsabilidad por el asesinato de 11 hombres en la balacera del 16 de diciembre de 2014, en la tenencia Felipe Carrillo Puerto, en Michoacán, territorio identificado como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán. Aquel día se enfrentaron dos grupos de las autodefensas que traían rencillas cantadas desde el año 2013 por el homicidio de dos presuntos narcotraficantes: el grupo encabezado por Hipólito Mora, y los dirigidos por Luis Antonio Torres “El Americano”. Cinco de los muertos en esa balacera, eran cercanos de Mora; seis eran gente de Torres. Señalados como presuntos responsables por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, Mora y 26 de sus hombres, Torres y 9 de los suyos, se entregaron los últimos días de diciembre de 2014. Dos meses después, ambos grupos salieron de prisión libres de cargos. Hipólito Mora con 26 de sus compañeros la noche del 9 de marzo de 2015 y al día siguiente Luis Antonio Torres y nueve seguidores. El juez séptimo de lo penal, Magistrado Víctor Barragán Benítez, revocó ambos autos de formal prisión porque decidió que no había elementos para determinar quién mató a quién, pero el proceso sigue abierto y los presuntos responsables pueden ser detenidos o reaprehendidos, según sea el caso. Por lo menos esa es la versión mediática, porque el dictamen exacto del juez no se ha dado a conocer de manera pública. Aquí el tema es la total ausencia de justicia para los 11 hombres asesinados en La Ruana, incluido el hijo de Hipólito, Manuel Mora, por cierto el único nombre de víctima que la autoridad dio a conocer, como si los otros 10 hombres asesinados importaran menos. Al final la autoridad está dejando claro que la justicia no alcanzará a ninguna de las víctimas, y que la impunidad será lo único que las familias recibirán. Potencializando gravemente la posibilidad de la venganza llamada justicia por mano propia, tan conocida en esos rumbos. Enfrentamientos solapados por el gobierno federal del Licenciado Enrique Peña, institución que el 27 de enero de 2014 decidió admitir tácitamente el vacío de poder en Michoacán al institucionalizar las autodefensas. Ese momento en que optaron por dejar de cumplir con su responsabilidad de brindar seguridad plena y dejar la seguridad de Michoacán en manos de los michoacanos. Sin exámenes de confianza, ni requisitos, ni academia policíaca concluida, inscribieron a más de 500 hombres como “Cuerpos de Defensa Rural”, y registraron como oficiales sus más de 800 armas, sin verificar la procedencia. Antes de la matanza de diciembre, Mora y Torres ya se habían enfrentado en marzo del mismo 2014. Esperar que ahora estos grupos armados hagan la paz con 11 muertos de por medios sin justicia, es simplemente ilógico. Pero cuando hay un caso con 11 y muertos y nadie es acusado de homicidio, resulta inevitable preguntarse entonces por qué sigue preso el también líder de las autodefensas José Manuel Mireles, fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, quien fue detenido el 27 de junio de 2014 –con otras personas– en posesión “de armamento de uso exclusivo del Ejército”, 68 armas de fuego (las de Hank eran 88). Y para quienes decidan creerle, una respuesta la dio Hipólito Mora a la periodista Carmen Aristegui: “…Mireles está preso injustamente porque lo detuvieron nada más porque portaba un arma… el virrey Castillo (Alfredo Castillo Cervantes) me pidió que hablara mal de Mireles, que lo hiciera pedazos… le tenía mucho coraje… que lo ayudara para chingarlo… que dijera lo peor para justificar la detención de él ante los michoacanos. Nada más me dijo: ayúdame, hazlo pedazos en la televisión”. Sea cierta o no la versión de Mora, la realidad palpable es que las autodefensas michoacanas y sus 11 muertos, están convertidas en el momento actual, en un ejemplo más de las políticas erradas y sostenidas por el Gobierno Federal, y en uno de los más peligrosos, por generar la impunidad y violencia que supuestamente debían combatir.
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