Un agente del ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Zona en Tijuana, el pasado 2 de marzo se aproximó hasta la calle José Gorostiza en la Zona Río. Su cometido no fue una gran misión: ingresar hasta el inmueble número 1151 de la mentada calle y entregar un par de citatorios. A donde ingresó el agente fueron las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California. Uno de los citatorios judiciales fue justamente para el procurador, Arnulfo de León Lavenant y otro para el administrador de la dependencia, Rubén Quintero Soberanes. El documento entregado en la mano de los empleados de la PDH dice: “deberá comparecer ante el Ciudadano Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Agencia…Investigadora de Delitos Patrimoniales”. El procurador de los Derechos Humanos se enteró que dentro de las siguientes 48 horas debía presentarse en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la PGJE en calidad de indiciado, es decir, para que compareciera por los delitos de “abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, peculado”. La denuncia se interpuso el 4 de noviembre por los diputados locales de la fracción del PAN luego de haber analizado y encontrado millones de pesos malversados y desviados, entre ellos, depósitos y transferencias a la cuenta bancaria y personal de Arnulfo de León, entre muchas, muchas otras observaciones. El citatorio de Unidad Orgánica de Delitos Patrimoniales, les da un consejo a los indiciados (también para Ferrer Guillermo Armenta, ex administrador) para que se hagan acompañar “de un abogado de confianza o en su caso se le asignará un defensor público penal”. Arnulfo de León y Rubén Quintero antes de las 7 de la noche del 4 de marzo asistieron poco sonrientes al banquillo de los acusados en las oficinas de la PGJE, únicamente para hacer valer su derecho a abstenerse de declarar.
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