En Mexicali las autoridades informaron que Emanuel López Espinoza admitió en su primera entrevista con los agentes que lo detuvieron, haber asesinado a Janeth, una niña de doce años cuya imagen y nombre los bajacalifornianos conocimos ampliamente durante su búsqueda. El 7 de febrero, la pequeña también fue atacada sexualmente y enterrada en un patio trasero. Presentando ante el juez el 19 de febrero, el asesino confeso pidió que se protegieran sus datos y su imagen. Así, este sujeto quiere que el gobierno –que fue incapaz de salvaguardar a la víctima– lo proteja para que la opinión pública no lo identifique, ni lo relacione con las atrocidades que sufrió Janeth, menor cuya imagen, se insiste, fue ampliamente divulgada. Días antes de su aprehensión, los generales de Emanuel López Espinoza habían sido dados a conocer debido a la alerta sobre la búsqueda de quien entonces, era el principal sospechoso de dar muerte, abusar y enterrar a la menor. Luis Carlos Calzada, procesado por el estrangulamiento, e incineración de una mujer de nombre Jacqueline, cuyo cuerpo fue encontrado abandonado en el interior de un carro en una zona despoblada de la colonia Progreso en la capital bajacaliforniana el 17 de marzo de 2013, también solicitó el 24 de febrero, que sus datos fueran resguardados. Con todo y que existen videos, elementos periciales y declaraciones alrededor de su persona en la comisión del crimen, él no quiere que la comunidad se entere. Ninguno de los dos hombres, encarcelados y sujetos a proceso, ha sido señalado como responsable –aun cuando en el caso de Emanuel López y de acuerdo a sus captores, él confesó el crimen–, dado que no han sido sentenciados. Sea por información de familiares, o por investigaciones periodísticas, se ha conocido el nombre de los procesados –como en muchos otros casos–, y se ha hecho público. Tanto en medios tradicionales, radio, prensa, televisión, como digitales alternativos y redes sociales, pero ante ello, los jueces instruyen y advierten a los medios de comunicación para que callen. Que guarden la información de los presuntos agresores, mientras irónicamente los datos de las víctimas son expuestos. Ciertamente, vigilar el debido proceso es muy importante en un país donde suelen inventarse culpables o chivos expiatorios, donde además se consideran verdades jurídicas las declaraciones de un presunto narcotraficante y homicida como Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo o El Terco, para tratar de cerrar el expediente de 43 normalistas desaparecidos en Guerrero. O únicamente permanecen en prisión aquellos que no tienen dinero para pagar un buen abogado, mientras los grandes capos y políticos corruptos gozan de la impunidad que sus ostentosas fortunas pueden pagar. Cierto es también que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sigue lejos de alcanzar el justo equilibrio entre los derechos de los procesados y los derechos de las víctimas, los de sus familias, y los de la sociedad que permanece en riesgo, por la ineficiencia del sistema judicial, y los obligan a convivir a diario con delincuentes que son constantemente detenidos y liberados. Que solo terminan promoviendo mayor opacidad. La situación es del dominio público, ahí está el informe de los Derechos Humanos en el mundo presentado este 24 de febrero de 2015 en Londres, por Amnistía Internacional (AI). El reporte de México se resume en cinco palabras “la impunidad es la norma”. Y como si la opacidad del sistema judicial no fuera suficiente, el licenciado Enrique Peña Nieto, mete su presidencial mano y envía con emisario, 81 modificaciones a la Ley de Transparencia –que los legisladores habían elaborado junto con organismos ciudadanos– cuyo objetivo básico es que el IFAI siga sin poder sancionar. Que para que el instituto promueva una controversia constitucional y pueda modificar leyes en contra de la transparencia, deba tener mayoría calificada. También propone el Presidente que ya no sean públicos los sueldos y honorarios de los funcionarios, y que no sean públicos los nombres de personas o empresas que sean favorecidas con condonaciones fiscales. Pugnan para que la información clasificada no pueda ser desclasificada por votación del Comité de Transparencia, y que tampoco se desclasifique cuando haya una violación grave a los derechos humanos. La intervención de la Presidencia de la República resulta abusiva considerando que hace unos días fueron expuestos los problemas generados por la falta de controles y transparencia en la administración pública. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de Fiscalización, informó que en la revisión de la Cuenta Pública 2013 detectó irregularidades que apuntan a desvíos de recursos que debieron invertirse en educación, sector social, agropecuario y agrario, y el daño patrimonial podría ascender a más de 50 mil millones de pesos Como resultado de la misma auditoría, la ASF realizó 1,768 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 147 denuncias de hechos. En el discurso, recordó que “el sentir general es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones de la República” y la actitud de escepticismo y de reserva respecto a la actuación del Estado que tiene la ciudadanía y opinó: “A mi parecer, los órganos del Estado tienen la obligación de…proporcionar elementos de certidumbre y objetividad, más allá de cualquier interés…” Y después 243 consejeros electorales de distintas entidades federativas criticaron al Instituto Nacional Electoral “por no aprobar las medidas que eviten la compra del voto” a través de los programas sociales en la próxima jornada electiva. Apenas el 24 de febrero, los representantes de los partidos fuertes en el Congreso de la Unión anunciaron que finalmente llegaron a un acuerdo que: “…considera la ratificación del secretario de la Función Pública por parte del Senado; la fiscalización de hasta 92 por ciento de los recursos de los estados por parte de la Auditoría Superior de la Federación; y que no prescriban los delitos vinculados a casos de corrupción en un lapso de siete años. Pero de si van aceptar o no las sugerencia regresivas del Presidente, no mencionaron nada. Tampoco de las “negociaciones en lo oscurito” que acusaron algunos diputados panistas. Total que el ciudadano común sigue sin saber si los diputados echarán por la borda los pocos avances logrados en materia de transparencia, en los dos sexenios panistas. Ahogados en el oscurantismo de los acuerdos con el autoritarismo del PRI presidencial.
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