Con los cambios de presidentes en las cúpulas empresariales de Baja California, los recién llegados han tenido mostrar de qué están hechos y, al empezar a justificar su presencia, todos han abordado el tema del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) y su impacto negativo en la pretendida generación de empleos. Unos más aguerridos, otros más laxos y complacientes ante el gobierno. Mario García Franco, al frente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, de plano avisó que será una de sus misiones en la vida luchar para que el impuesto sobre nómina sea cancelado, ya que no permite generar empleos. De igual manera, aseguró que el 5 por ciento (entre 53 y 55 millones de pesos) de ese impuesto que el gobierno entrega a las cúpulas empresariales a través del Fideicomiso Empresarial (FIDEM) es una “mochada” que sirve para controlar y manipular a los inversionistas bajacalifornianos, lo cual significa otra razón para que sea eliminado. Mientras desde el CCE Tijuana, Humberto Jaramillo se declaró en unidad con el “Señor Gobernador”, refiriendo que si el Estado consideraba eliminar o disminuir el impuesto sobre nómina se lo aplaudirían, como si fuera un favor de parte del Ejecutivo estatal. Pero evidenciando que no tiene pensado pugnar por la eliminación del gravamen, agregó que desea que el sector empresarial reciba más del 5% que se les entrega vía FIDEM y que el porcentaje restante se utilice enteramente para la atracción inversiones. “No estamos dispuestos a permitir que ese recurso se destine a propósitos diferentes”, dijo con tajante intención. Algunos empresarios tijuanenses se manifestaron confundidos ante la postura de su líder: con más impuestos a pagar, los inversionistas tiene menos ingresos disponibles, y por lo tanto, menos posibilidades de generar empleos. Por lo tanto, la lógica indica que la eliminación del ISRTP les permitiría contratar más trabajadores, lo que llevaría al crecimiento de la economía regional. En este punto vale recordar que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid no cumplió con la creación de 50 mil empleos que prometió para 2014. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a diciembre del año pasado, solo logró crear 21 mil 039 empleos más en comparación con diciembre de 2013. Y no es la primera vez que el gobierno kikista escucha de la necesidad de modificar dicho tributo. En agosto de 2014, desde el Congreso del Estado, los priistas encabezados por el diputado René Mendívil plantearon modificar la Ley para exentar en algunos casos específicos el impuesto sobre nómina, pero fueron ignorados. Ya en noviembre de 2014, los tricolores solicitaron pública y formalmente al gobernador que, previo a la elaboración del Presupuesto de Ingresos 2015, el impuesto de 1.8% se redujera al 1%. Entonces, Mendívil justificó que si bien, este impuesto es oficialmente de 1.8, del cual entregan el 5% al FIDEM y 30% a los ayuntamientos, para asegurar altos ingresos estatales, agregan un sobreimpuesto del .25% no participable -este porcentaje no lo comparten con nadie-, entonces el impuesto real es de 2.05%. Y a esa tributación se le agrega otro sobreimpuesto del 35% para Educación Superior. El 27 de noviembre de 2014, el gobernador de Baja California se manifestó abierto a la discusión, pero declaró que el ISN representaba ingreso aproximado de mil 248 millones de pesos, y la reducción del 0.8% significaría 555 millones menos del presupuesto, por lo que era un planteamiento que debía analizarse con detenimiento. Cuatro meses han pasado desde que el mandatario estatal aseguró lo que no ha cumplido, y nadie ha hecho nada. Así que la bola está en la cancha de los empresarios, quienes ahora deberán definir si pugnarán por la búsqueda de condiciones y reducción de cargas fiscales que les permitan generar el desarrollo que requiere Baja California; o darán continuidad al actual esquema de coordinación condicionada a la recepción de parte del empresariado, de un fondo económico de más de 50 millones de pesos. Esto último, sin importar que el mencionado acuerdo no haya impedido que Baja California haya pasado de ocupar el lugar número 3 en competitividad en 2010, al espacio número 12 de los 32 estado en 2014. Habrá que esperar para que ver si se evidencia qué tan mezclados están los interés de la iniciativa privada bajacaliforniana con los del gobierno estatal.
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