Lo primero que se puede decir respecto a las notas que supuestamente provocaron el inédito enfrentamiento entre Periódicos Healy, con el gobernador de Baja California, Francisco Vega y los alcaldes Jorge Astiazarán de Tijuana, Jaime Díaz de Mexicali, Gilberto Hirata de Ensenada, César Moreno de Tecate y Silvano Abarca en Rosarito, es que no tenían ni novedad, ni oportunidad, ni fueron exclusivas. En ese entorno resulta difícil fundamentar que el anuncio de los gobiernos de retirar su publicidad de esa empresa, sea un ataque a la libertad de escribir, porque los temas de las notas en discusión ya se habían abordado sin que los gobiernos hayan reaccionado, acusando intentos de chantaje a otros medios, como sí lo hicieron el 13 de marzo en el caso de Periódicos Healy. Por ejemplo, de las evidentes deficiencias del sistema financiero del Estado bajacaliforniano reportado por los Healy hasta febrero de 2015, ZETA ha venido dando cuenta desde finales de 2014; lo mismo del tema de crecimiento de los secuestros y robos violentos en Tijuana que este Semanario investigó y reportó en noviembre del año anterior, con agregados en enero de 2015. Igual con la carísima casa que construye Francisco Vega, que Frontera reportó hasta marzo, ocho meses después que ZETA realizara el trabajo de investigación. Una breve revisión de los prontuarios de Frontera permite identificar un cambio en el manejo editorial. Por ejemplo, el 2 de octubre de 2014 publicaron en su portada, sin cuestionar: “En el primer año de Kiko se crean 47 mil empleos, destaca el informe”. Luego, en noviembre y diciembre del mismo año, y en enero de 2015, los periodistas de Frontera y La Crónica continuaron sin ejercer el periodismo crítico que dicen hacer ahora, en cambio publicaron notas favorecedoras como “Aumentos de secuestros preocupa al estado”, “Anuncian las reformas de ISSSTECALI” o “Nuevo CRIT en el estado”. La información de enfoque crítico empieza aparecer en febrero de 2015. Según los gobiernos -acostumbrados a ser bien tratados-, la razón de ese cambio de línea era una “política de chantaje”, porque la empresa pretendía obtener beneficios económicos desproporcionados. Dinero adicional a los contratos de compra de publicidad, recursos procedentes de los fondos de desarrollo social (el dinero de los pobres), informó extraoficialmente a ZETA uno de los implicados. El medio negó los señalamientos “de extorsión” (aunque el gobierno habló de chantaje, concepto que no está clasificado como delito en las Leyes), y después aseguró de manera imprecisa, que el gobernador había calificado las notas de “difamatorias y sin sustento”, cuando lo que refirieron en su texto acusatorio los titulares de los poderes ejecutivos bajacalifornianos, fue un “… manejo de información fuera de toda objetividad”, por cierto, un concepto muy subjetivo. Entonces, la veracidad del contenido es un punto en el que el gobierno no se metió abiertamente, al final, lo que dejaron en entredicho no fue el cambio de línea editorial, sino los motivos. Ahora, la pregunta es qué sigue. Por un lado, Periódicos Healy respondió como habría de esperarse, demandando por la vía civil a los gobiernos por difamación y calumnia, con lo cual, si los empresarios pueden probar la existencia de un delito y el dolo, podrían cobrar a los gobiernos un importe económico a manera de “reparación del daño”; dinero que, finalmente, saldría de las arcas públicas, que a su vez se alimentan de los impuestos. Así, de nueva cuenta la que pierde es la sociedad bajacaliforniana. En ese contexto es pertinente agregar, que la mayoría de estos mandatarios que hoy se manifiestan molestos, siendo candidatos pagaron -además del costo por los anuncios publicados- un precio adicional por cada mención adicional, entrevista, publicación de boletín o cobertura de actividad, y esto sucedió con casi todos los medios de comunicación. Entonces, lo que critican no es novedad para ellos. La corrupción es un camino de dos vías. En todo caso el peligro es que los dimes y diretes entre Periódicos Healy, los cinco alcaldes y el gobernador de Baja California se quedaran en solo eso, derivando de ello una negociación aún más turbia, donde podría comprobarse que el silencio de un medio tiene un precio que el gobierno no debe, pero tal vez esté dispuesto a pagar, siempre y cuando “no se manden”. Esperemos que ese no sea el desenlace de este enfrentamiento mediático, pero en los hechos quedará asentada esta historia.
Publicidad
