Rafael Rodríguez Ríos carga entre sus manos varios folders, cada uno con documentos –copias, memorándums, cartas, contratos– referentes a un adeudo que el Instituto de Cultura de Baja California tiene con la compañía impresora que encabeza y que asegura suma un millón 390 mil pesos. La deuda fue generada desde la administración en el ICBC en tiempos de Ángel Norzagaray, pero el tema no fue atendido por su sucesor Moisés Galindo y que el actual titular Manuel Bejarano Giacoman tampoco le ha resuelto. “No hay documentación que avale su dicho”, refiere Bejarano quien dice estar dispuesto a la revisión del caso. Pero el funcionario anexa otros datos, como el pleito laboral que enfrenta con los integrantes del Ballet Ehécatl, que ya implicó un laudo final a favor de los danzantes por un monto cercano a los 18 millones de pesos y que aún no saben cómo pagarlo. Al preguntarle si son los únicos adeudos heredados por su administración, el Director del ICBC abre otra carpeta donde muestra cifras de los años 2011, 2012 y 2013 por irregularidades administrativas que suman cerca de 44 millones de pesos –entre adeudos, gastos por comprobar y laudos– que asumió al tomar el cargo en noviembre de 2013. Bejarano Giacoman explica que para el arranque del 2015 han logrado disminuir esa cifra a 29 millones 915 mil pesos. El 7 de julio del 2014 Rafael Rodríguez Ríos –titular de la empresa Artificios Media S.A. de C.V.– envió una carta al gobernador Francisco Vega para detallar la problemática que ha enfrentado por un adeudo con el Instituto de Cultura que data a 2011 –en tiempos de Ángel Norzagaray al frente del ICBC, hoy Vicerrector de la UABC en Mexicali– y el viacrucis que ha sufrido al reclamar el pago de una larga lista de impresiones de libros que realizó en el pasado y que a la fecha no ha logrado que le paguen. Además afirma que el actual titular del organismo se ha negado sistemáticamente a recibirlo, mientras que Moisés Galindo nunca le resolvió su problema. “¿Es que acaso frente a su gobierno el ciudadano no tiene más alternativa que inmolarse para llamar la atención de los funcionarios?”, pregunta Rodríguez Ríos. Sociólogo con maestría en economía, Rafael comenta que empezó a trabajar con el ICBC a raíz del nombramiento de Ángel Norzagaray como director, en noviembre del 2007. Fue contratado el 1 de enero del 2008. Y es que originalmente Norzagaray lo nombró Director de Desarrollo Cultural, cargo del que tomó posesión pero fue relevado inmediatamente, en horas, por Jesús Flores Campbell. 
Ingresó entonces como asesor –con plaza de investigador y cubierto por honorarios– del director y le tocó involucrarse en el Plan Estatal de Cultura, los planes estratégicos sexenales y la creación del programa Cultura en Todas Partes. A la par Rafael y su esposa crearon su sello editorial, Artificios Media S.A. de C.V., y empezaron a imprimir algunos libros para el ICBC con créditos y promesas de pago, algunos cubiertos hasta agosto de 2010. Rodríguez acepta que en ese tiempo el trabajo no fue mucho ya que sus impresiones no representaban más del 20 por ciento del total que hacía el Instituto. El caso es que en el 2010, a raíz del terremoto en Mexicali, algunas instalaciones del ICBC sufrieron daños y una parte importante del gasto operativo se vio mermado por el cierre del Teatro del estado y el Centro de Convenciones. En ese contexto se dio la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, lo que implicó que Conaculta entregara al ICBC 15 millones de pesos. Pero con ese quiebre financiero –por el temblor, por la suspensión de pagos de Conaculta– la situación se puso difícil, los salarios se retrasaron y a la par había compromisos de dinero ya gastado con Conaculta, lo que implicó que con su empresa financiaran –fiadas– varias publicaciones con la idea de que empezando el siguiente año se cubrirían. En ese tiempo la deuda de calculaba en cerca de 400 mil pesos entre trabajos entregados en tiraje completo o parcial. Ahí está el ejemplo del libro Independencia y Revolución con un tiraje de mil ejemplares, de los que alcanzó a hacer cerca de 500 ejemplares. El trabajo se presentó en actos públicos con la presencia del gobernador, quien les regaló el título a escolares. Al día de hoy, el editor no ha recibido el pago correspondiente. A la par Rodríguez comenta que, por la difícil situación financiera del Instituto su salario como asesor le fue detenido varios meses. La esposa de Rodríguez también laboraba en el Instituto. Otro detalle es que para todas esas impresiones los acuerdos con el titular fueron verbales. Menciona casos como el de un diputado local que decidió apoyar la cultura con una publicación de un libro de poesía en Ensenada, Sombras de Sol; encomienda que le fue transferida a Norzagaray, y de ahí a Rodríguez, obra que ahora forma parte del adeudo. “Aunque no están los contratos, sí están las entregas, está documentado y registrados ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor”, comenta Rodríguez y asegura que lo libros se presentaron en actos públicos y existen en la bodega del Instituto, pero no se los han pagado. Pero en febrero del 2011 Ángel Norzagaray dejó el ICBC para brincar a la UABC, donde fue designado Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar y su sucesor, Moisés Galindo –quien encabezaba el área administrativa– empezó a bloquearlo, por lo que Rodríguez busco a través de Norzagaray que le finiquitaran como empleado además de saldar el adeudo como impresor. “Todo el 2011 el Instituto no tuvo dinero, gente que conozco, artistas que trabajaban para el Instituto se pasaron un año esperando que les pagaran”, comenta Rodríguez Ríos. En agosto del 2011 recibió un cheque de 70 mil pesos y fue el último de una deuda cada vez más grande; a mediados del 2012 recibió una oferta de pago en parcialidades que nunca se concretó. En febrero del 2013 le ofrecieron una oferta de liquidación de 250 mil pesos la cual no aceptó por considerarla muy baja en relación al adeudo. Ahora con Manuel Bejarano como Director del ICBC Rodríguez menciona que se reunieron en febrero del 2014 pero no se ha concretado ningún arreglo. Muestra una serie de intercambios –que han subido de tono– enviados al actual titular, donde le sigue reclamando el pago –que ya calcula en 1 millón 390 mil pesos. Herencia, muchos millones Sobre el tema Manuel Bejarano Giacoman explica que se reunió con Rodríguez en febrero del 2014. “Me hizo una amplia exposición de lo ocurrido en la administración del señor Ángel Norzagaray y de Moisés Galindo, refirió que había hecho una serie de trabajos, muchísimos libros y que nunca recibió de manera completa las indicaciones de órdenes de trabajo, memorándums de instrucción o similares que le dieran a él la pauta para presentar su factura y cobrar”, comenta el funcionario señalando también que en la versión de Rodríguez éste incluyó que había sido invitado a colaborar con el señor Norzagaray. Bejarano comenta que le pidió al editor la documentación que sirviera de soporte para revisar el caso y hasta el 20 de mayo recibieron un escrito donde les expone que hay un adeudo por salarios y trabajos no pagados. “Le dije al señor Rodríguez que de parte de la administración que concluyó en 2013 no existe ningún registro acerca de adeudo alguno en favor de él o de su empresa, por lo que le solicité que nos hiciera llegar los documentos que tiene de soporte, sin que nos hubiera remitido ninguna información en ese entonces”. El funcionario narra que en el ICBC se integró un grupo de trabajo y se decidió gestionar la participación de la Contraloría del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior con la idea de dar una respuesta. “Nosotros lo hemos atendido siempre de muy buena manera”, insiste Bejarano quien a su vez muestra al reportero documentos relativos al intercambio de papeles y correos sobre el tema. “La postura es detectar, corroborar la existencia de adeudos”, menciona Bejarano quien insiste en que “si hay algo que cubrir, pues que se cubra”, pero recalca que en los archivos del ICBC no existe evidencia documental que soporten los mencionados adeudos. Afirma que efectivamente han podido corroborar que algunos de los títulos que menciona el editor están en poder del Instituto, “lo que no encontramos es el sustento de todo ello”, dice Bejarano y añade que “todavía falta tener esa reunión donde se pueda dirimir esto”. Finalmente, sostiene: “Obviamente ésta es una situación de falta de responsabilidad de quien estuvo al frente del Instituto en aquel entonces…”. Más de lo mismo El titular del ICBC menciona que al recibir la administración del Instituto el 1 de noviembre del 2013 recibió como pasivos: – Adeudos con proveedores, acreedores e impuestos por 11 millones 980 mil pesos, adeudos – Adeudos a los fondos bipartitos con Conaculta correspondientes a 2011,12 y 13 por 8 millones 0489 mil pesos – Adeudo por el laudo al Ballet Ehécatl por 18 millones 91 mil pesos – Impacto por la nómina del Ballet en el 2014 no considerado en el presupuesto entregado por la anterior administración por 6 millones 519 mil pesos. Todo esto suma 44 millones 642 mil pesos, de los cuales según Bejarano, al 30 de enero del 2015 se logró por medidas de ahorro en cuanto a acciones propuestas por Oficialía Mayor y SPF, reducir la deuda a 29 millones 915 mil pesos. El Director del ICBC explica que cuando acudieron ante Conaculta para establecer contacto de seguimiento de temas, inversiones y recursos para la entidad se encontraron que existía pendiente de comprobación ante Conaculta por ministraciones culturales a proyectos en Baja California desde el año 2009 al 2013 por 48 millones 314 mil pesos. “Nos dedicamos a integrar, concentrar, remitir documentaciones y comprobaciones y ahora ese monto no comprobado ante Conaculta asciende a 17 millones 358 mil pesos”, dice Bejarano, agregando que ya enviaron el señalamiento de Conaculta en el sentido de que para recibir recursos por esa vía en el 2015 debe estar atendido toda la etapa anterior. Por último, en el caso del Ballet Ehécatl en febrero del 2009 un total de 32 integrantes demandaron al ICBC por reconocimiento de antigüedad, otorgamiento de prestaciones según el contrato y basificación. El ICBC contestó la demanda hasta el 6 de julio del 2010, pero no planteó la “excepción de prescripción”, lo que implicó que en el laudo le reconocieran la antigüedad “incluso a fechas anteriores a la que se constituyó el Instituto –según explica Bejarano– y después de una serie de laudos, amparos y demás, finalmente el 24 de octubre del 2013 –una semana antes de la llegada de la actual administración– hubo un laudo final donde se obliga al ICBC al pago de todas las prestaciones requeridas, lo que sumó un monto de 18 millones de pesos. En diciembre dos cuentas bancarias del ICBC fueron embargadas. Para este 2015 se autorizó al ICBC por parte del Congreso la cantidad de 3 millones 600 mil pesos equivalentes a 12 pagos mensuales por 300 mil pesos a lo largo de 5 años, bajo la premisa de celebrar un convenio con los integrantes del Ballet pero no han llegado a ningún acuerdo.
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