La Procuraduría General de la República (PGR) dijo la mañana de este lunes que actuó conforme a sus facultades en las diligencias realizadas en el Rio San Juan y en el basurero de Cocula, Guerrero, y rechazó “duda alguna” sobre la investigación que lleva a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que de acuerdo con el Procurador Jesús Murillo Karam fueron secuestrados, asesinados y quemados por criminales, y sobre la cual el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) denunció “irregularidades”. “Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF”, respondió la PGR en un comunicado de prensa. 
Este fin de semana, el Equipo Argentino dijo que “no hay evidencia científica” para afirmar que hay una “verdad histórica” . Los peritos dijeron que han trabajado con las mismas evidencias que la Procuraduría y aún continúan el análisis de parte del material recogido en el basurero de Cocula. La PGR dijo que con respecto a lo dicho por el Equipo argentino en el comunicado sobre que “la PGR presentó conclusiones sobre la evidencia física recolectada en el basurero de Cocula, interpretándolas como perteneciente a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014″, en la Conferencia de Prensa del 27 de enero de 2015, dijo la dependencia, se señaló que se encontraron tres zonas con ceniza dentro del basurero, haciéndose también la indicación del punto de origen del incendio e inclusive se señaló que el área principal de fuego abarcó 140 metros cuadrados en una superficie cercana a los 15 X 9 metros. 
“Al especular que ‘los elementos tomados como diagnóstico por la PGR -aluminio, vidrio, dientes, etc.- en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero y mencionados en la conferencia de prensa de 27 de enero del 2015, pueden no corresponder a los incidentes del 26 de septiembre del 2014, sino a eventos anteriores’, el EAAF emite un criterio aislado y la Procuraduría General de la República señala, tajantemente, que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la Conferencia de Prensa referida, y los que integran la Investigación, fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014, y no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría”, refiere el comunicado. La Procuraduría dijo que de manera científica, “ha quedado plenamente comprobado que los sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, corresponden químicamente a los encontrados en el Basurero de Cocula, por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad”. La dependencia indicó que el equipo de expertos argentinos “en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento, se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”. 
El EAAF acusó que la PGR no los convocó cuando buzos de la Marina sacaron la bolsa con restos del Río San Cocula; les avisaron hasta que la bolsa ya había sido manipulada. “El EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos que según la PGR, fue recuperada del Río San Juan, Cocula”. La PGR notificó cuando dicha bolsa ya se encontraba abierta y siendo analizada por peritos federales publicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en un comunicado. En respuesta, la PGR dijo que “el EAAF no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético, además de que la cadena de custodia fue iniciada por el Agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados”. La Procuraduría General de la República detalló en un amplio comunicado que para practicar un dictamen en las inmediaciones del Basurero de Cocula, el 15 de noviembre, el EAAF no fue convocado, “lo cual es correcto, dado que NO se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera Antropología, Criminalística y Genética, dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”. Detalló que se han realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, “sin que el EAAF participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación. A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas”. “En todo caso, se les exhorta a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la Averiguación Previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa”, refiere el documento difundido este lunes. ZETA/SinEmbargo
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