El 7 de febrero en Mexicali, Janeth Lizbeth de 12 años de edad, fue violada y asfixiada por un vecino adicto. Los padres de la niña se encontraban en su hogar, a escasas casas de donde la tragedia alcanzaba a su hija. En Tijuana en diciembre de 2014, Gonzalo del Río Hernández, golpeó y acuchilló a un niño de 9 años. Era el hijo de su amasia Karina Luna Sandoval, quien planeó el asesinato; octubre 2014, Daniel Adrián tenía dos años cuando el concubino de su madre, Francisco Javier Ronquillo –un delincuente detenido y liberado–, lo mató a golpes; en agosto un pastor cristiano fue detenido luego que asesinó a una adolescente de 14 años con la cual sostenía relaciones sexuales desde que la menor tenía 12 años. En julio del mismo año, una madre y su hijo de dos años fueron asesinados mientras dormían; los balearon por un asunto de drogas del padre de esa familia; en mayo, Citlali, una niña de dos años murió en la Cruz Roja por estallamiento de vísceras y traumatismo craneoencefálico provocado por su madre Adriana Palomeque Gordillo y su concubino Jaime Nájera Vega, la menor también fue víctima de violación impropia. Éstos son solo algunos de los casos que más sonaron en la agenda pública, la lista judicial es más larga. Una breve revisión permitió detectar que en 2012 y 2013 la historia no fue distinta, que la violencia contra los niños es un problema real que no está siendo combatido con efectividad, no solo en Tijuana, sino en Ensenada, Mexicali, Tecate, Rosarito, en todo el estado. La parte positiva: la mayoría de los homicidas están tras las rejas. La negativa: los niños siguen muertos y no hay poder en el mundo que pueda borrar los horrores que padecieron, mientras otros menores están sufriendo en este preciso instante. Estos niños violentados están convertidos en las víctimas más vulnerables de políticas de gobierno erráticas en seguridad y economía que degeneran en pobreza, desempleo, educación deficiente, consumo de droga y crecimiento del narcomenudeo. En un entorno donde los programas deportivos, culturales, de desarrollo social y de Desarrollo Integral de la Familia no están cumpliendo su objetivo, pero igual se sostienen. Porque sí… es necesario que se atienda a los viejitos, que les den de desayunar a los que tienen hambre, incluso la sociedad ha aceptado que la primera dama del estado ponga como prioridad la atención a los niños con capacidades diferentes porque es un sector vulnerable, pero la pregunta es: ¿Por qué los DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor, las áreas de Prevención del Delito en las secretarías de seguridad, las Procuradurías de Justicia, y todos los gobiernos en general, no están haciendo, todo, pero todo lo necesario para que los niños bajacalifornianos no sean desatendidos, violados, asesinados a golpes, asfixiados, degollados, baleados, maltratados o usados para el tráfico de drogas?. ¿Dónde están aquellos programas y campañas preventivas de “mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas”, las de control de la natalidad, paternidad responsable, “di no a las drogas”? ¿Dónde está esa política integral y realmente encaminada a la reconstrucción del tejido social? Al final, la evidencia indica que las autoridades saben cuál es el problema, públicamente, Alejandro Lares, secretario de seguridad pública municipal de Tijuana habló de los patrones repetitivos que las pequeñas víctimas padecen: Padrastros o personas que no son consanguíneos que se quedan al cuidado de los menores, madres y victimarios que consumen drogas, mujeres que trabajan mientras los amasias se quedan en casa, y esquemas de violencia intrafamiliar. El uso de enervantes es un común denominador, más específico, el uso de drogas sintéticas como el cristal, pero en Baja California no existe siquiera un estudio serio que dimensione el problema. Entonces resulta que la autoridad conoce las particularidades, pero no está desarrollando una política integral para proteger a los menores. Otra pregunta es: ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos bajacalifornianos, más allá de indignarnos, o manifestar a través de las redes sociales –vía electrónica– la conmoción social? Todos formamos parte de ese tejido social en descomposición, y vivimos en una sociedad permisiva, donde Enrique Peña puede llegar a Presidente después que su equipo de campaña cambia votos por tarjetas para comprar alimentos en Soriana; y Jorge Hank puede ser alcalde de Tijuana después que dos de sus escoltas son sentenciados por haber matado a un periodista que escribía contra su patrón. El mismo país, el mismo estado, donde madres de la tercera edad intentan ingresar a los penales con droga escondida en sus cavidades corporales para llevársela a sus hijos. Y las mujeres maltratadas otorgan el perdón una y otra vez a sus maridos golpeadores. Donde los vecinos ven que los niños son maltratados y no hacen nada. Recientemente Karla Andrade, psicóloga del DIF Municipal en Tijuana, declaró a un diario local que recibían en promedio 568 llamadas al mes –número de denuncia 075– de las cuales el 77 por ciento era por omisión de cuidados, 17 por ciento por maltrato físico y 6 por ciento por maltrato psicológico. Entonces, la ciudadanía inicia con una cultura de denuncia y eso es positivo. La Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California dice que los menores deben y serán protegidos de “cualquier forma de explotación, agresión o maltrato”, que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia deben darles “afecto, seguridad moral y material” y “recibir del Estado la protección y tutela en los casos en que peligren…”. Pero las evidencias muestran que ni la autoridad, ni la sociedad estamos cumpliendo, que es urgente la participación ciudadana comprometida, y apremiante la acción interinstitucional de los gobiernos. Que ese plan integral –estatal, municipal– del que hablan los empresarios, se convierta en programa institucional que incluya acciones específicas de combate a esta problemática, porque no basta con preocuparse, hay que ocuparse en crear una propuesta que genere resultados en favor de la niñez en el corto, mediano y largo plazo. Que los niños dejen de ser maltratados. Asesinados.
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