Tipificado en el artículo 390 del Código Penal, la extorsión se define como “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”. La pena: “Se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de multa”. Sin embargo en 2011 y ante el crecimiento en la comisión del delito de extorsión por la vía telefónica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó aumentar en una mitad la pena a quien cometa el delito de extorsión por vía telefónica –como se establece en el Código Penal del Distrito Federal-. Aparte hay otras consideraciones para incrementar la penalidad dependiendo del origen del extorsionador: si se trata de una asociación delictuosa, de un servidor o ex servidor público, de un miembro o ex miembro de corporación policíaca alguna o de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, diariamente durante 2013 se cometieron 21 extorsiones. El promedio mensual de enero de 2013 a enero de 2014 fue de 670 extorsiones en México. Las cifras de Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) no son muy distintas. La tasa de extorsiones en el año 2013 fue de 23.6 por ciento en la República Mexicana. Y relacionado al año anterior, en el 2012, el 94 por ciento del total de las extorsiones fueron realizadas por vía telefónica. El mismo Inegi detalla que en 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos de los cuales resultaron 22.4 millones de víctimas. De hecho aclaran la comisión de 1.5 delitos por víctima, mientras que en 2012 esa estadística era de 1.3 delitos por víctima. Y el aumento de la criminalidad entre 2012 y 2013, el Inegi lo justifica así: “El incremento en la tasa de delitos en 2013 frente a los años anteriores se debe, principalmente, al aumento de los delitos como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión”. Lo que no nos dice ni el Inegi, ni la PGR, ni Procuraduría Estatal o Fiscalía alguna, a ciencia cierta, matemática exacta y justicia pronta, son cuántos extorsionadores están en prisión por extorsionar a los mexicanos. Siendo que el delito de extorsión va al alza, fuera de esporádicas campañas mediáticas, cuando la alerta por extorsión es roja o alta, no hay por parte del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto una política para disminuir la comisión de este delito y poner a salvo el patrimonio, el golpeado patrimonio de todos los mexicanos. Hace unos días el jefe de una importante empresa mexicana recibió una llamada a su número de celular. El emisor le ordenó de entrada que escuchara la grabación que le pondría. Ahí fue que, en medio de la crisis psicológica y de inseguridad, el hombre identificó como la voz de su hijo a quien pedía auxilio al padre y le informaba que había sido “levantado” por unos hombres. La grabación fue interrumpida y el hombre le dijo que debía depositar 50 mil pesos a una cuenta de banco si quería ver a su familiar sano y salvo. Ante la premura de la petición, se le explicó al delincuente que se encontraba en tránsito y que sólo contaba con 20 mil pesos en ese momento. El criminal aceptó la oferta. Dando instrucciones por celular condujo a su víctima a un banco. Le proporcionó el número de cuenta en una sucursal de Bancomer. Le dictó los dígitos y le dio el nombre de una mujer que es la titular de la cuenta. El extorsionado hizo lo que le ordenaron. Todavía escuchaba la voz de su hijo pidiendo auxilio ante la toma forzada de su persona. Cómo el extorsionado solo tenía un teléfono, no podía hacer comunicación con sus familiares o amigos para verificar que su hijo, en efecto, había sido tomado rehén de un extorsionador. La víctima entró a la sucursal del banco. Llegó a la fila frente a la caja de atención y se saltó a todos los clientes que esperaban su turno. Alguien protestó y le gritó que debía hacer fila pero el hombre -igualmente exaltado- explicó que su hijo estaba en peligro y que debía hacer la operación financiera cuanto antes. A los clientes que escucharon la situación les llamó la atención la congoja del hombre y le permitieron pasar hasta adelante; los empleados del banco no se inmutaron. Ni siquiera llamaron al gerente, al jefe o al encargado para notificar que en esos momentos una acción ilegal estaba sucediendo. El padre del menor “levantado” depositó en la cuenta de la mujer la suma que acordó con los criminales. Salió del banco y, aun al teléfono, les dijo que ya había hecho el depósito. Los delincuentes le dieron otras instrucciones y el hombre cortó la comunicación. Finalmente pudo hablar a su casa, con su hijo que se encontraba a salvo. De hecho nunca había sido privado de su libertad. El secuestro exprés había sido una extorsión ya clásica en el México de hoy. Los abogados le aconsejaron al empresario presentar dos denuncias. Una local y una federal. Finalmente tenía el número de cuenta, el nombre de la titular de la cuenta bancaria –la que cobraría el dinero producto de la extorsión- y el número telefónico del cual se comunicaron para timarle y sacarle, con la amenaza sobre la integridad de su hijo, una suma de dinero. Cuando proporcionó a las autoridades el número telefónico –que por cierto era local-, el número de cuenta, el nombre de la titular, le dijeron que no era la primera vez que esos datos de celular, esa cuenta y esa mujer eran denunciados. Pero que no podían hacer mucho pues investigando la línea de celular, la comunicación salía del Penal de Santa Martha Acatitla ubicado en la delegación Ixtapalapa en el Distrito Federal. En su estado de origen le dijeron al hombre que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido ya estaba enterado. Que le habían solicitado en otras ocasiones que diera de baja ese y otros celulares denunciados como propiedad de extorsionadores en el Penal de Santa Martha, en la penitenciaría de Guadalajara y hasta en una de Tamaulipas. Que los teléfonos eran locales, de distintas ciudades. Que también habían pedido a la autoridad federal que investigara esa y otras cuentas de banco con todo y sus titulares, donde otras víctimas habían depositado las sumas requeridas en la extorsión. Pero a la fecha nada ha pasado. Los celulares en poder de las autoridades siguen vigentes. La mujer que debió entregar información personal para abrir una cuenta sigue libre y los extorsionadores presos en penales inseguros para el ciudadano común, no son juzgados por este otro delito. La extorsión sigue sucediendo a lo largo y ancho de México. 21 personas al día son extorsionadas, el 94 por ciento de ellas por la vía telefónica. La extorsión, uno de los delitos con mayor y alarmante alza en los últimos años, ha resultado redituable para todos. Para los criminales que están en prisión que continúan su vida delincuencial y generan recursos para sus familiares y socios en el exterior de las cárceles. Para los bancos que abren las cuentas a estos criminales y se hacen todos los días de efectivo en sus bóvedas. Para las autoridades que proveen impunidad tanto en penitenciarías –los custodios y funcionarios que por algún acuerdo introducen los aparatos celulares-, los policías que voltean a otro lado, los investigadores que no investigan. A propósito de la ley anti lavado de dinero se hicieron reformas para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público estuviera más al pendiente de las transacciones financieras de los mexicanos, y requerir las contribuciones cuando estas fuesen omitidas por los registrados –y aquellos que no, también- en su padrón de contribuyentes. La intromisión de funcionarios de Hacienda en cuentas de empresas y particulares mexicanos, se anotó en la reforma como “discrepancia fiscal”, lo que significa que la Hacienda Pública puede investigar las cuentas de banco, de crédito y de inversiones financieras de todos los mexicanos, registrados o no ante el SAT. Además que puede obtener información de las cuentas a partir de terceros, tal vez siguiendo una compra en un mercado, en una tienda, en una automotriz. Por ejemplo, Usted tiene una cuenta donde le depositan su sueldo, de esa cuenta Usted compra un carro por un valor superior a lo que en un año ha ganado, esa discrepancia “le salta” a Hacienda y a partir de la información de la automotriz, revisa sus estados financieros, si detectan depósitos económicos adicionales a los de su sueldo, entonces le requerirán para saber el origen y por qué no ha pagado impuestos sobre los mismos. Usted tendrá un periodo para justificar las transacciones y, en caso de confirmarse la discrepancia, deberá pagar a Hacienda los impuestos generados entre los cobrado y lo pagado. En caso que no esté inscrito como contribuyente, deberá inscribirse y pagar. Así de fácil. Pero con todo y su intromisión fiscal legal, la Secretaría de Hacienda no es capaz de poner un alto a los extorsionadores que utilizan, por regla general y modus operandi, a las instituciones financieras para que las víctimas realicen los pagos solicitados. Todos los días, mexicanos están siendo extorsionados y la autoridad, el Gobierno Federal, el de Enrique Peña en la Presidencia, Jesús Murillo en la Procuraduría, Miguel Osorio en Gobernación y Monte Alejandro Rubido en la Comisión Nacional de seguridad, no han definido una estrategia integral para disminuir la extorsión y poner a los extorsionadores tras las rejas y a los que ya están ahí, sumarles juicios. El mismo aparato del Estado contribuye con los delincuentes. Como los extorsionadores están prisioneros y todo lo ordenan con amenazas por la vía celular, la autoridad no ha logrado determinar el camino de la información que se les hace llegar sobre sus víctimas. Se suponen muchas rutas: Desde los padrones electorales que están a la venta y dónde se pueden obtener los datos como dirección y teléfono de familias completas, pasando por los registros de las licencias para conducir en los Estados de la República, donde los automovilistas deben incluir en los formatos el nombre de una persona y el número telefónico donde se le puede localizar en caso de emergencia. Los hijos normalmente anotan los datos de los padres, las esposas a sus esposos, los maridos a sus mujeres. Y con esa información a la venta en el mundo criminal, se entrega la seguridad de las familias. La falta de candados para la protección de la información, y la poca investigación respecto la venta de esta información, crean un clima de corrupción e impunidad que está vulnerando a las familias mexicanas. Lo mismo cuando se tramita el pasaporte mexicano, una beca, un crédito, o cuando se contrata un servicio público. Siempre el gobierno tiene los datos de los ciudadanos que cumplen con la ley. Nunca los de los criminales. De esta manera el negocio de la extorsión beneficia a las familias de los criminales, salpica al gobierno y vulnera a la sociedad. La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California ha gastado desde 2009, unos 48 millones de pesos, para colocar inhibidores de telefonía celular en los penales que administra en Tijuana, Ensenada, Mexicali y El Hongo. Es decir, si un custodio llegase a introducir, ilegalmente por supuesto, un teléfono celular a un reclusorio, no se puede utilizar en el interior, pues los aparatos adquiridos por la Secretaría bloquean las señales de estos dispositivos móviles. El problema es que solo Baja California como entidad federativa cuenta con este sistema para bloquear la señal y solo permitir la comunicación de los presos por medio de teléfonos públicos. Ningún otro estado ha gastado un peso en esto, y de los penales federales sólo dos cuentan con un sistema de bloqueo de señal de telefonía, el de Nayarit y el de Tamaulipas, ambos de máxima seguridad. Vaya, ni el penal de Puente Grande en Jalisco ni el que está en Almoloya de Juárez, Estado de México, cuentan con un sistema de bloqueo para impedir que los prisioneras tengan comunicaciones criminales hacia el exterior de los penales. El incremento en las extorsiones que hacen notar tanto el Inegi como el Observatorio Nacional Ciudadano debería ser la base para la elaboración de un programa de combate que incluya medidas como la que acabo de anotar. Pero en este país donde el gobierno provee impunidad a los delincuentes, las familias deben encontrar la forma de ponerse a buen resguardo ante una autoridad que, con su sospechosa inacción o probable corrupción, las vulnera.
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