Denuncian a Gobierno del Estado por daño patrimonial

La madrugada del 4 de marzo del 2010, en el bar conocido como Las Micheladas, ubicado en la zona dorada del Malecón de La Paz, fue acribillado a balazos el joven Jonathan Hernández Ascencio, desde ese momento varios inculpados pisaron el Centro de Reinserción Social (CERESO) de la capital como presuntos responsables, precisamente uno de ellos fue Daniel Sánchez Ávila. El joven que había sido inculpado por la muerte de joven abogado, precisamente hoy, como en otros casos se sabe que interpuso una demanda por la vía civil en contra del Gobierno del Estado, ya que aun siendo inocente estuvo preso. El joven fue arraigado y llevó su proceso dentro del CERESO de La Paz y luego de algunos meses salió en libertad gracias a la resolución del juez. Una vez con el antecedente y las inconsistencias en el caso, afirma su abogado, Miguel Ángel Meza Figueroa, que se busca denunciar al Gobierno Estatal por responsabilidad patrimonial. “Demandamos al gobierno de Estado por una responsabilidad patrimonial, que por ley tiene en contra del gobernador que fue sujeto a fallas por parte del sistema. Buscamos fincar un precedente porque no podemos permitir que todo sea igual, en este momento es cuando precisamos un cambio, en este momento es cuando podemos exigirle a las instituciones y si no lo hacemos a través de estos mecanismos jurídicos, se van a seguir cometiendo este tipo de arbitrariedades”, afirmó el litigante. La familia buscará una indemnización por parte de las autoridades, ya que el proceso del caso se llevó a cabo bajo varias irregularidades, desde el momento del arraigo. Incluso la misma familia interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por las malas condiciones en que se encontraba en ese momento el presunto responsable del homicidio. Daniel sabe y reconoce que el tiempo, el desgaste y la salud invertida en este caso, es imposible recuperar, sin embargo es justo que si la autoridad es responsable pague por sus actos. Se perdió tiempo, planes, convivencia, incluso esa tranquilidad en la familia, ya que para ingresar a ver a su hijo pasaron por muchos sacrificios. El propio exonerado y ahora joven emprendedor, quien ahora figura como afectado, Daniel Sánchez Ávila, apuntó que todo se hará por la vía legal y con todo derecho a que sea, en cierta manera, recuperado el desgaste. Reconoció que lo que se perdió ya quedó en el pasado, pero es un buen momento de buscar una diminuta parte de lo mucho que se perdió. “Ahora sí que sin rencores a nadie de las personas que nos hicieron todo esto, lo que buscamos es que se repare todo el daño que nos ocasionaron pero hay cosas que no se puede reparar como el tiempo y la salud”, expresó. La denuncia interpuesta en la sala unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el propio juez será quien determine de cuánto pueda ser la indemnización una vez que las investigaciones inicien. Dejaron en claro que la denuncia no va directamente hacia la figura del ex procurador del Estado, Gamill Arreola Leal, sin embargo si las investigaciones lo ameritan y de ser el caso, podría tener una multa por negligencia. Ya que fue quien se encontraba al frente de la PGJE en ese momento. Por parte de la autoridad, Andrés Córdoba Urrutia, Secretario general de Gobierno, concedió una entrevista donde se limitó a responder que el asunto está en revisión, aunque reconoció que no está enterado del todo acerca de la denuncia que hiciera el joven en contra de la administración. Al cierre de esta edición, sostendrían una reunión con el propio Procurador de Justicia del Estado, Adonai Carreón Estrada, dijo que “le hemos pedido al procurador que esté muy al pendiente de ello, hoy a las seis de la tarde tenemos reunión con el propio procurador, vamos a ver de fondo, no conozco de fondo el documento que presentó el señor”.