Al tomar posesión, tanto el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, como el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, protestaron cumplir y hacer cumplir la Ley; sin embargo, en el caso de los 154 policías que no aprobaron los exámenes de Control y Confianza, primero optaron por retrasar la aplicación de la Ley, pues tras más de un año recibiendo nombres, no los han removido, ni siquiera los han suspendido. La Sindicatura remitió los expedientes a la Comisión de Desarrollo Policial, pero no los removió. A ninguno de los funcionarios le interesó dar mayor seguridad a la ciudadanía que representan. En tales condiciones, estos funcionarios de Tijuana no han cumplido con su obligación de “aplicar los medios lícitos a su alcance para impedir la consumación de los delitos que sepa, van a cometerse o se están cometiendo”. Todavía más grave: la depuración no es opcional o discrecional; es una exigencia del Consejo Nacional de Seguridad, y su incumplimiento puede afectar la llegada de recursos federales. Solapan Si bien, los funcionarios que no depuran no pueden ser penalmente responsables del delito de encubrimiento, sí están contribuyendo a que algunos policías involucrados en delitos, “eludan las investigaciones de la autoridad competente y se sustraigan de la acción de ésta”, por lo menos por un tiempo, porque no concretan los proceso de remoción y permiten que estos elementos sigan en las calles de la ciudad, uniformados, con placa y pistola. “Para Baja California la operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza es una acción estratégica que permite aplicar los procesos de evaluación a través de exámenes de confianza, manteniendo como constante la prioridad de la depuración de las instituciones policiales”, se lee en el portal del C3, por cierto, recientemente reacreditado. Su objetivo, “la evaluación permanente de la función que desempeñan los cuerpos de seguridad pública (…) para garantizar la confiabilidad de las corporaciones policiales (…) en un esfuerzo por optimizar los niveles de eficacia y profesionalización de las corporaciones”. Pero de nada sirve si durante los últimos cinco años hicieron llegar los expedientes de 423 policías municipales en los cinco ayuntamientos -174 corresponden a Tijuana-, y solo se removió a 22, tres de ellos en Tijuana. El 9 de enero de 2015, ZETA presentó una denuncia pública, y el contenido de la nota -motivos por los que decenas de policías no eran confiables-, no fue negado por la autoridad que en este momento ya no puede desaparecer los exámenes antidopaje reprobados, los expedientes de policías que antes de ingresar a la corporación traficaron droga a Estados Unidos, ni las confesiones de policías que torturan detenidos y fueron publicadas por este Semanario. Sin embargo, en lugar de dar celeridad a los procesos, como es su responsabilidad, las autoridades optaron por responsabilizar al medio de comunicación de la insuficiencia que han expuesto en este tema por más de un año. En conferencia pública realizada el martes 20 de enero, en un acto de entrega de equipo para bomberos, los reporteros cuestionaron al alcalde Astiazarán qué pasaría con los policías, en referencia a los reprobados que se publicaron en la anterior edición de ZETA (2129, del 9 al 22 de enero). “En su momento la Comisión de Desarrollo Policial va a hacer la aclaración”, respondió. Dada la gravedad de las faltas cometidas por los agentes no aprobados por el C3, los comunicadores insistieron: — “¿Por lo pronto qué va a pasar? “Por lo pronto está en manos de la Comisión de Desarrollo Policial”, replicó el munícipe. — ¿Es por eso que no están dados de baja? “No están dados de baja porque…”, respondía el presidente municipal cuando fue interrumpido por el secretario Alejandro Lares. “Hay procedimientos que hay que respetar, son procesos internos. Recordemos que ya fueron exhibidos…perdón, presidente, es importante reconocer que es una investigación que era llevada por la Comisión de Desarrollo Policial, del cual se violenta el debido derecho de ellos, obviamente algunos ya fueron notificados, otros están en fase de notificarse y otros se están complementado todo el expediente para una vez ser pasado a la Comisión, que se tome la determinación si van a ser cesados, sancionados o removidos”. — ¿Qué tanto le preocupa esta parte de los policías que traficaban droga?, cuestionaron los medios al secretario: “Me preocupa más bien la filtración de información, porque si bien es cierto, ahora es un debido proceso el que se lleva, nosotros podemos decirte que algunos de ellos, de esos elementos estaban siendo investigados, lo cual ahora pues sale a la luz pública”. Luego reconoció que eran 156 expedientes de policías no aprobados, que la Comisión no tenía rezagos, pero se contradijo al referir que entre octubre y noviembre habían recibido 50 expedientes, lo que significa que los otros 106 los recibieron antes, y tampoco los habían resuelto. Aunque solo con palabras, Lares aceptó que todos están integrados. Sin embargo, otros miembros de la Comisión refieren que el tema de policías reprobados no se ha tratado. El debido proceso Abogados consultados por ZETA que primero no tuvieron problema en publicar su nombre y después pidieron anonimato, dado que el tema les traería enemigos con uniforme y placa, explicaron que el alcalde y su secretario están cometiendo un error de apreciación. Detallaron que el debido proceso se refiere a las formalidades que la autoridad, en este caso la Comisión encabezada por Lares, debe cubrir al momento de iniciar el proceso de separación definitiva, que son elaborar el expediente, la investigación, fundar y motivar; notificarlos, citarlos, darles la oportunidad de defenderse de ser necesario, asignar defensor de oficio en la audiencia, admitir declaraciones, pruebas, peritajes, alegatos, citar para notificar resolución y demás requisitos. La publicación de ZETA no forma parte ni de los resultados de los exámenes del C3, ni de los expedientes enviados por la Sindicatura, ni de la investigación que, dice Lares, está desarrollando la Comisión de Desarrollo Policial. Lo que se publican son los dichos de los propios policías, admitiendo delitos o sus antecedentes criminales, los cuales se reitera, llegaron a ZETA de forma anónima en copias. Quiénes están informados y a quiénes deben suspender El Artículo 15 del Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, indica las atribuciones del director del C3, entre las cuales se incluye integrar los expedientes de las evaluaciones practicadas. La fracción XI deja muy claro a quiénes debe remitir los resultados de las evaluaciones: “Informar a los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública que corresponda (…) del resultado de los proceso de evaluación” que en el caso de Tijuana, es el secretario de Seguridad Pública, Alejando Lares Valladares, entonces, no puede excusarse; él conoce los resultados de los controles de confianza. Y “… en aquellas situaciones en las que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones, para que se actúe conforme a la normatividad aplicable”, dice la fracción X, se debe “… informar a los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública…”, otra vez, Lares. En esta fracción el reglamento continúa: “…u Órgano de Control Interno que corresponda…”, se refiere a la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, corporación con instancias de control interno y, evidentemente, a las sindicaturas municipales. De manera que el licenciado Lares no tiene excusa legal para andar buscando responsables en otras áreas, por la permanencia de agentes corruptos, ligados al crimen organizado o torturadores, adictos o falsificadores, en la Policía operativa de Tijuana. Sin embargo, en la misma conferencia pública del 20 de enero de 2015, Lares intentó evadir su responsabilidad respecto a la permanencia de policías con exámenes de Control y Confianza reprobados. — Con esos antecedentes previos que ya tenían, ¿no era posible suspenderlos o por lo menos para separarlos de la actividad?, inquirieron los reporteros: “Aquí existe la situación de que nosotros no suspendemos si no es la Sindicatura Municipal quien tiene el poder para suspender a los elementos”, respondió el titular de la SSPM Tijuana. En su Artículo 18, el Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, refiere que una vez recibida la investigación administrativa de Sindicatura, corresponde a la Comisión de Desarrollo Policial, encabezada por Alejandro Lares: Fracción II: “Resolver sobre la suspensión preventiva del Miembro, al inicio del procedimiento de separación definitiva, o de remoción del cargo: o en su caso revocar o confirmar la decretada por la Sindicatura…”. También, que la Comisión debe dictar las medidas necesarias para el despacho “pronto y expedito” de los asuntos de su competencia, en la fracción XI. Es cierto que la Sindicatura también pudo suspenderlos, conforme al Artículo 144 de la Ley de Seguridad Publica de Baja California, y debe hacerlo “fundada y motivadamente” cuando lo considere conveniente, a efecto de realizar diligencia y allegarse elementos, pero también indica en el Artículo 145, que será la Comisión la que podrá suspender, negar, decretar o ratificar la suspensión preventiva. Entonces, la omisión de Sindicatura no exime al secretario Lares y a la Comisión, de permitir la permanencia activa de los agentes con antecedentes dudosos. Expedientes remitidos entre diciembre de 2013 y noviembre 2014 Como parte activa en el tema, ZETA solicitó entrevista con el síndico municipal de Tijuana, Arturo Ledesma Romo, quien al final respondió por escrito. A continuación un resumen: Lo primero que se le preguntó fue, ¿por qué la Sindicatura no suspendió de manera preventiva a los policías que no aprobaron los exámenes de Control y Confianza? “Antes de contestar tu pregunta, quisiera manifestarme en torno a lo publicado por el Semanario ZETA sobre los expedientes de estos servidores públicos. Primero lamento que dicha publicación tenga un origen anónimo y no se dé la cara de quién o quiénes entregaron información… “Esta Sindicatura Procuradora, basados en los artículos 144 y 146 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, sí cuenta con las facultades para suspender preventivamente al oficial sujeto a una investigación administrativa. También es cierto que ello debe suceder cuando a juicio de ésta, el mantenerlo activo afecte la investigación; en el caso que nos ocupa, la investigación no fue afectada con la actividad del agente, aunado a lo anterior, una vez remitido a la Comisión de Desarrollo Policial, se cumple con el debido proceso, otorgándole al agente investigado la garantía constitucional de audiencia y el derecho a la defensa”. Explicó Ledesma que la Sindicatura no hizo investigación adicional con relación a los policías mencionados, porque “del examen no aprobado es un elemento de prueba contundente para solicitar el inicio de remoción ante la Comisión de Desarrollo Policial, en los términos del Artículo 117, inciso b) fracción VIII, de la citada Ley”. Respecto a los tiempos, cuando Sindicatura remitió los expedientes de policías que no aprobaron los exámenes de confianza, el funcionario detalló que el primero fue enviado a la Comisión de Desarrollo Policial en fecha 13 de diciembre de 2013, y el último, el 14 de noviembre de 2014. Een total se han remitido 138 expedientes. — ¿Cuántos policías reprobados han sido dados de baja? “A la fecha, esta Sindicatura Procuradora no tiene información de algún policía que como consecuencia de no haber aprobado el examen de Control y Confianza, haya sido dado de baja como consecuencia de una resolución definitiva que haya emitido la Comisión de Desarrollo Policial”. — El alcalde Jorge Astiazarán comentó que todos los relacionados con el tema de seguridad, incluidos los funcionarios de Sindicatura, deberían someterse a los exámenes de Control y Confianza. ¿Qué piensa Usted al respecto? “No voy a entrar en una polémica en contra del alcalde Astiazarán en torno a su sugerencia, solo me voy remitir a contestar tu pregunta en base a lo estipulado por el marco legal y al día de hoy está vigente, y es la materia normativa que nos rige en lo referente a nuestra actuación, las facultades que contamos y los procedimientos que debemos seguir, los cuales no pueden ser alterados o ser sujeto a adecuaciones o recomendaciones, aunque éstas conlleven objetivos positivos. “En el supuesto caso de que los legisladores estimen necesario y por consecuencia aprueben hacer las modificaciones correspondientes a la Ley estatal correspondiente, esta Sindicatura Procuradora no tiene oposición alguna a tales cambios”. — ¿Supervisará la Sindicatura las acciones del alcalde y el secretario de Seguridad en este caso? “No, no tenemos ningún indicio que requiera una supervisión por parte de esta Sindicatura Procuradora referente al caso en comento, y las resoluciones que se tomen en la Comisión de Desarrollo Policial, son asumidas como un Órgano Colegiado con jurisdicción plena”. — Las autoridades municipales, la Secretaría de Seguridad y la Presidencia, se preocupan más por “la filtración de la información” que por tener agentes deshonestos en la Municipal. ¿Mantenerlos conlleva alguna responsabilidad? “Si se tiene conocimiento de algún acto de complicidad o de deshonestidad, y no se somete al procedimiento administrativo, por supuesto que se incurre en responsabilidad, pero quiero dejar en claro que a esta Sindicatura Procuradora, la seguridad de los ciudadanos es una prioridad y, por ende, ante una situación como la que se presenta con los exámenes de confianza reprobados por parte de los agentes policiacos, debe ser un objetivo común de todos los miembros de este H. Ayuntamiento, el que se resuelva conforme a derecho y a la brevedad posible tal situación, y se fortalezcan las instituciones policiacas que brindan la seguridad tan necesitada de nuestra ciudad. Por ello convoco respetuosamente al alcalde y a sus funcionarios a no bajar la guardia en este delicado tema, el cual la ciudadanía espera resultados en un corto tiempo”. Lares, evasivo Para clarificar responsabilidades legales e implicaciones, editores de ZETA solicitaron de manera reiterada, entre los días 19 y 22 de enero, entrevista con Alejandro Lares en su calidad de secretario de Seguridad Pública y presidente de la Comisión de Desarrollo Policial. Primero dijo estar ocupado, después preguntó qué tema traía ZETA pendiente con él, el miércoles 21 se fue a México y después, simplemente dio largas. Este Semanario también intentó entrevistar a la directora de Policía, Patricia Sida, quien trabaja directamente con los agentes y también tiene voto en la Comisión de Desarrollo Policial, pero el área de Comunicación del Ayuntamiento negó el acceso a la funcionaria, argumentando que solo podía hablar con previa autorización de Lares. La mañana del jueves 22 de enero, durante la inauguración de una caseta, un reportero de este Semanario lo abordó con la misma solicitud, respondió que tenía mucha prisa, que cuál era la razón de la entrevista si el tema ya estaba muy manoseado y después condicionó dos preguntas, las cuales respondió de manera superficial. — ¿Por qué no se suspendió a los policías, siendo que hay ordenamientos legales como la Ley de Seguridad Pública, que faculta a la Comisión de Desarrollo Policial a hacerlo? “Te quiero comentar que quien recibe la información es la Sindicatura Procuradora, ellos tienen la obligación de suspender a base de conocimiento del propio C3, les informa, en este caso los expedientes llegaron a la Sindicatura, yo creo que obviamente el resultado es de que lo pasó íntegro a la Comisión de Desarrollo Policial. En la Comisión, nosotros estábamos evaluando, de hecho llevando la investigación que la propia Comisión está facultada, y bueno, te darás cuenta que ya muchos de ellos fueron notificados, otros están en proceso de, y, de los casos tan mencionados, ya se tomaron acciones directas”. — ¿Cuántos han sido dados de baja por este tema y cuáles son los riesgos que presenta el que la SSPM cuente con elementos en activo que presentan este tipo de problemas? “De tus dos preguntas, la primera: no traigo el número; la segunda: yo creo que es más importante tener localizados a los malos elementos que tenerlos en libertad, porque al interior de las filas podemos darle mayor resultado y mayor eficacia a una investigación interna, como he girado yo en ciertos casos de ciertos elementos y no de alguna manera que se vea estropeada toda esta información por las posibles filtraciones que se puedan dar”. Si no depuran, menos dinero para Seguridad Pública Depurar los elementos detectados por los exámenes de Control y Confianza “es una exigencia y una disposición del Consejo Nacional de Seguridad que no está a discusión o discreción de un mando, ni estatal, ni federal ni municipal; hay representantes ciudadanos que le está dando seguimiento al tema”, argumentó el secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya. — En el Grupo Coordinación están revisando este tema desde diciembre 2014, porque que los ayuntamientos, incluido Tijuana, no han cumplido. ¿De qué manera afectará a los incumplidos? “El proceso de concertacesión inició a finales de octubre 2014 y termina a finales de febrero de 2015, el no cumplir afectaría las posibilidades de los ayuntamientos de acceder a una mayor cantidad de recursos federales para seguridad, esto no aplica en la primera ministración, pero puede ser una afectación para la segunda ministración de los recursos, a partir de junio”. — Esta semana se reunió el Consejo de Seguridad, ¿a qué acuerdo llegaron en materia de depuración? “El acuerdo es muy claro, es el cumplimiento de la Ley, en este sentido, que esos elementos cuando menos tengan el procedimiento instaurado y se esté desarrollando. Y la otra, que son temas graves y notorios, policías con vinculación en acciones ilícitas, esos ya deben estar removidos”. — ¿Cuáles son los riesgos de que policías que no aprobaron los exámenes de confianza, estén trabajando en las calles? “El riesgo es que seguimos teniendo dentro de las corporaciones gente que está traicionando la confianza de los ciudadanos”. En estos casos, comentó De la Rosa, la obligación de los mandos es dar a la ciudadanía la certeza que quienes reprobaron, han sido removidos, “… o cuando menos suspendidos, en los casos que los trámites legales no me permitan removerlo todavía. Pero que sí tengan el procedimiento correspondiente iniciado, de manera muy clara frente a la sociedad, para que sepa a quiénes tienen de policías o de mandos”. Se le preguntó al secretario estatal si Tijuana había comprobado con documentos ante el Grupo Coordinación que ya tenía los procedimientos instaurados, pero evadió el tema. Dijo conocer la respuesta, pero que es mejor que los representantes ciudadanos hablen de ese punto. Cuando se le informó que a finales de diciembre de 2014, el Consejo Ciudadano ya había manifestado su preocupación por la falta de seguimiento en este tema, Daniel de la Rosa se limitó a decir: “En ese sentido solo puedo responder que los procedimientos los tiene que hacer el organismo responsable”. Droga en dron 
Respecto a la caída del dron que cayó cargado con droga conocida como cristal, la noche del martes 20 de enero en Zona Río, el parte de la Policía Municipal presenta inconsistencias. Los reportes al C4 recibidos y atestiguados por todas las corporaciones que colaboran en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, indican que el aparato se localizó poco antes de las diez de la noche del martes, cuando una denuncia anónima alertó que un dron que traía adheridos paquetes, se desplomó en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el centro comercial Pueblo Amigo, propiedad de Jorge Hank Rhon. Oficialmente, la Policía Municipal informó que lo localizó pasadas las 2:00 am del miércoles 21 de enero, cuando un agente comercial les llamó para avisarles que un sujeto que no aceptó identificarse, aseguró que el aparato había caído en la glorieta de la Diana Cazadora, contra esquina de la plaza comercial en mención. Otra inconsistencia es que mientras de manera extraoficial se supo que además de la droga, la corporación municipal localizó en la memoria del aparato un video donde se identificaba a tres jóvenes como los usuarios del dron, al momento de remitir el caso a la Procuraduría General de la República (PGR) no entregaron ni cámara de video, ni memoria del artefacto; solo el dron y seis cajas abiertas con una cantidad aún no determinada de cristal. El aparato traía la leyenda “Spreading Wings 900”, con seis hélices y batería de litio en color verde. Dron y batería pesan 3.6 kilos, y tiene capacidad para elevarse a una altura de 2 metros, otros 5 durante 18 minutos, según el fabricante. En internet se puede adquirir por mil 400 dólares. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, dio a conocer que la misma noche del desplome del dron se dio aviso a las autoridades homólogas del país vecino, quienes al compartir información, refieren la detección de avistamientos por lo menos desde hace tres meses. ZETA preguntó en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) respecto a esta forma de trasiego. La respuesta fue que el CBP “no ha interceptado ningún dron usado para el trasiego de drogas a través de la fronteras de Estados Unidos. En colaboración con las fuerzas del orden federales, estatales, locales e internacionales, la CBP continúa en vigilancia de formas emergentes y tácticas cambiantes utilizadas por organizaciones criminales trasnacionales que se dedican a los intentos ilegales de traficar drogas a los Estados Unidos”. Para concluir, Lares señaló que la caída del dron se debió a las características del mismo, al que calificó como “hechizo” o fabricado en casa con componentes adquiridos por separado, tema sobre el cual especificó, ya se han detectado tres locales en Tijuana en que los mismos están a la venta. Balazos en Zona Río Tijuana El despliegue policiaco se desató alrededor de las 5:30 pm del lunes 19 de enero, en la Zona Río en Tijuana, luego de que dos sujetos fueran detenidos por la Policía Municipal tras hacer detonaciones de arma de fuego cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo a información proporcionada por la Policía Municipal, dos hombres, al parecer por razones de “orden personal”, dispararon en contra de un vehículo en circulación por el Bulevar Cuauhtémoc Sur, a escasos metros de la glorieta; 200 metros adelante del incidente, la corporación policiaca capturó por separado a dos sujetos que intentaban huir. A los detenidos les fue confiscada una pistola calibre 9 milímetros con aditamento de compresor de sonido (silenciador). El expediente se consignó al Juzgado Décimo Penal, bajo la causa 33/15, como presuntos responsables identifican a Juan Fernando Urzúa Villegas y a Juan Andrés Cortez Carrillo; y como ofendidos, a Gerardo Meléndez Fuentes y José Manuel Sánchez Cárdenas. Los delitos son tentativa de homicidio calificado y robo de vehículo, porque uno de los matones intentó huir en el auto de la víctima. Los presuntos responsables se reservaron su derecho a declarar ante el Ministerio Público, sin embargo, Cortez Carrillo, quien disparó, salió positivo a la prueba del rodizonato y también fue consignado al Ministerio Público federal por la posesión del arma. Aceptó una primera entrevista con la Policía Ministerial. Ahí dijo que previo al ataque, llegó a un departamento donde estaba su primo Manuel García, acompañado de una persona que le dicen “Juan”, y le dijo si quería aventarse un “jale”. Preguntó de qué se trataba, “matar a un bato”, preguntó por qué y le respondieron que “se pasó de… con una jaina”. Luego explicó que siguieron a la víctima, que “Juan” les avisó cuando salió de un estacionamiento en la zona, lo siguieron y estaban en la glorieta en un auto cuando su primo, Manuel García, le entregó al pistola y le dijo “tírale”. Bajó y le disparó a través de uno de los vidrios del auto de la víctima, cuando salió del auto para salvarse, él lo persiguió en la calle, disparando. Luego de no lograr su cometido, también intentó huir. Por su lado, la víctima negó saber de qué mujer hablaba el victimario y negó conocer o identificar a sus atacantes. Hasta el momento a ninguno de los implicados le han sido encontrados antecedentes delictivos, y el arma no ha salido positiva en otro hecho criminal. Gendarmes en Rosarito Hay pocos avances respecto a la balacera ocurrida el 10 de enero de 2015 en la colonia Lomas Altas I del municipio de Rosarito, donde un hombre fue abatido en el interior de su casa, y en la que estuvieron involucrados ocho o nueve gendarmes, de los cuales dos resultaron heridos. Extraoficialmente, ZETA pudo conocer lo siguiente: Una, que la primera identificación de la víctima fue inconsistente, el hombre abatido, quien se presumía era Darryl Anderson por una licencia que se encontró con ese nombre, tiene otra identidad aún sin corroborar por las autoridades de Estados Unidos. Dos, que los gendarmes si estaban de servicio y uniformados el día de la balacera, y hay videos que lo comprueban. Tres, no existen elementos periciales que prueben la versión de los gendarmes, de que la víctima les disparó antes de que ingresaran a su vivienda. Cuatro, aunque la víctima salió negativa a la prueba de rodizonato, el Ministerio Público federal investiga si disparó.
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