A cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala, Guerrero, los resultados de las investigaciones se reducen a algunas detenciones, localización de restos humanos en muchas fosas clandestinas y la presunta identificación de uno de los normalistas, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de los jóvenes. Los padres de familia, profesores y amigos de los desaparecidos el 26 de septiembre pasado conmemorarán la fecha con cuatro megamarchas en el Distrito Federal en su inagotable búsqueda de sus seres queridos y de justicia, pues no creen la versión oficial de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de la población de Cocula. Los mayores contingentes proceden de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Las recientes capturas de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo” o “El Terco”, sicario del grupo criminal “Guerreros Unidos”, que presuntamente dio la orden de calcinar los cuerpos de los estudiantes y de Magaly Ortega Jiménez, asesora jurídica del director de Seguridad Pública de Cocula, no han llevado a las autoridades a la verdad de los hechos ni la localización de los normalistas. Estas detenciones se suman a las del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, del presunto líder de los “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias Salgado y decenas de policías de Iguala y Cocula, que ya completan un total de 99 personas detenidas por su presunta implicación en el caso. El resultado negativo de la Universidad de Insbruck para poder identificar los escasos fragmentos de seres humanos localizados en el Río Cocula no han mermado en el ánimo de los familiares de los estudiantes, quienes por el contrario señalan que no se puede confirmar que sus hijos estén muertos y por ello los seguirán buscando, sobre todo en los cuarteles militares. Esta esperanza que mantienen viva los padres de los 43 estudiantes, incluso los de Alexander Mora Venancio -único que presuntamente está declarado como muerto e identificado mediante pruebas genéticas- es lo declarado por los peritos argentinos que acompañan las investigaciones de las autoridades mexicanas, pues los expertos sudamericanos aseguran que aún no existen evidencias suficientes para concluir que los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Cocula, ni que sean los mismos que se localizaron junto al río. Vidulfo Rosales, representante de los parientes de los normalistas y abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que “Nadie puede decirle a los padres que acepten ya que sus hijos están muertos, ni siquiera la autoridad”. Los inconformes con las pesquisas seguidas hasta hoy por la Procuraduría General de la República han exigido se investigue la presunta responsabilidad del Ejército Mexicano en los hechos, ya sea por acción u omisión, pues señalan que las instalaciones del cuartel del 27/o. Batallón de Infantería en Guala, Guerrero, se encuentra aproximadamente dos kilómetros de distancia, en línea recta del lugar donde se registró una balacera que antecedió a la desaparición de los 43 estudiantes, con saldo de seis muertos y 25 lesionados, por lo que los militares “tuvieron que darse cuenta”, dijeron. La búsqueda de los normalistas ha llevado a representantes de la autoridad en Guerrero, familiares de los desaparecidos y grupos de policía comunitaria a descubrir múltiples fosas clandestinas en las que se han localizado decenas de cadáveres, situación que tampoco ha sido aclarada por las Procuradurías Estatal y General de la República.
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