Después de tres intentos, el sábado 17 de enero se consumó el primer matrimonio homosexual en Baja California. En Mexicali, la voluntad de la pareja venció a la cerrazón del presidente municipal, Jaime Díaz Ochoa. Lo que inició como una manifestación organizada por la comunidad LGTB, terminó con el “sí” de Víctor Aguirre y Víctor Urías, protegidos por un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la plaza del Ayuntamiento de Mexicali se colocó una gran bandera con los colores del arcoíris, símbolo internacional del orgullo gay. Pocos fueron los que gritaron consignas, pero en los carteles se leía: “No se trata de religión” o “mismos impuestos, mismos derechos”. Pero aquel día la pareja no recibió una negativa, Jaime Díaz ordenó colocar una parafernalia ceremonial para oficializar la boda. El secretario del Ayuntamiento, Javier Martínez, fue quien durante la protestas refirió a la pareja la mejor disposición para casarlos. Los jóvenes dudaron, pidieron hablar con Jaime Díaz y después de la reunión privada decidieron contraer matrimonio. El abogado del matrimonio, José Luis Márquez, dijo que para lograr que no se prohíban las uniones homosexuales en Baja California, es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgue otros cuatro amparos. Comentó que esa vía tendrán que seguir al menos 13 parejas más que se sabe, tienen el interés de casarse por lo civil. No obstante, después de que la SCJN declarara anticonstitucionales los artículos 7, 143 y 144 del Código Civil de la entidad, los diputados locales bien podrían iniciar con reformas legislativas. Pero las posturas dentro del Congreso del Estado no se prestan, afirmó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto Dávalos, sobre todo por la doble moral de algunos diputados en temas polémicos. En contraparte, Rodolfo Olimpo Hernández, del Partido Encuentro Social (PES), sostuvo que el matrimonio siempre debe ser entre un hombre y una mujer, ya que se trata del enlace idóneo para la “procreación de la especie”. Mencionó que si se permiten los matrimonios homosexuales tendría que dárseles el derecho a adoptar y “el derecho humano del menor de edad a crecer en una familia tradicional está por encima del derecho humano de las parejas del mismo sexo de adoptar menores de edad”. Afirmó que la sentencia de la SCJN no obliga al estado a modificar la Constitución, pero que sería viable buscar alternativas que permitan a las parejas del mismo sexo tener la protección de los derechos que reclaman: prestaciones de seguridad social, herencia y otras prerrogativas del matrimonio. Por su parte Rene Mendívil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que se debe tener apertura en el tema, que no se debe mezclar la ideología, pues se trata de respeto y reconocimiento a los derechos de los ciudadanos.
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