Ya se confirmó: a la licenciada Conchita Rubio, directora de Averiguaciones Previas en Tijuana, la despidieron por órdenes directas de la procuradora Perla del Socorro Ibarra, cuando ésta consideró que una de sus disposiciones no fue cumplida. La fiscal se molestó cuando no siguieron la ordenanza que a ella le dio el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, de no consignar al policía municipal Conrado Vázquez, quien había sido detenido luego de que el 24 de noviembre de 2014 matara -con disparos por la espalda- a Javier Valencia, hombre que iba huyendo desarmado, y quien -después de la muerte se sabría- era un presunto secuestrador. El municipal no estaba al tanto de la actividad criminal del abatido cuando le descargó los disparos. En ese contexto, y ante la ausencia de protocolo por parte de los municipales para perseguir y detener personas, correspondía la consignación. Así lo estimó la abogada y actuó en consecuencia. Lo que ella ignoraba -no que eso debiera nublar su juicio o hacerla tomar decisiones jurídicas basada en intereses de terceros-, era que desde Tijuana se había pedido al gobernador no consignar al policía, pues entre la tropa lo consideraban “un héroe” y, de entregarlo, inhibiría a los agentes municipales a actuar “por el temor de ser aprehendidos”. La sugerencia la hicieron llegar al mandatario, él dio la orden a la procuradora, quien a su vez dio la orden al subprocurador y éste permitió que la titular de Averiguaciones Previas hiciera su trabajo sin sugerencias ni órdenes que afectaran el sistema de procuración de justicia del Estado. Así se dio la consignación, e Ibarra decidió despedir a Concepción Rubio para dejar claro que quien no siga sus órdenes -así sea romper con la procuración de justicia y alentar la impunidad, como era el caso-, correrá con la misma suerte.
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