A mediados del año en la Cámara de Diputados del Estado, particularmente en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, los diputados acordaron un punto por demás importante. Se pactó, en la presencia de Manuel Montenegro, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja California, que éste entregaría los reportes y revisiones de las cuentas públicas de 2013 antes del primero de diciembre. Fecha límite para que en dado caso de haberse encontrado graves irregularidades en el gasto público, se presentaran solicitudes de juicio político contra algún ex alcalde, o bien, contra el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Por eso hubo algunas demandas de juicio político un tanto apresuradas antes del día primero. Dicho con otras palabras, el ORFIS se comprometió a entregar las posibles anomalías antes del periodo permitido para proceder contra los ex funcionarios. Al cierre de esta edición, no había un solo reporte ni cuenta concluida o dictaminada en manos de los diputados integrantes de la Comisión que preside Rodolfo Olimpo Hernández. Pero tampoco hay alguien exigiendo o reclamando aquel acuerdo que, a lo sumo, simplemente se les olvidó y que evita que los ex alcaldes puedan ser amonestados por la vía legislativa. Se hacen y se hicieron patos, pues.
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