Ordenan abrir cuentas a Ayuntamiento cabeño

Los Cabos, Baja California Sur.- Después de 103 días de bloquear, ocultar y negarse a exhibir la documentación comprobatoria del gasto del excedente de aproximadamente 224 millones 643 mil 638 pesos del ejercicio fiscal 2012, el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur (ITAI), ordenó el viernes 28 de noviembre al Ayuntamiento de Los Cabos, reabrir la cuenta pública y presentar los expedientes que contienen la información del uso y desembolso del dinero público de los habitantes de este polo turístico. El 22 de agosto de 2014, por órdenes del tesorero municipal de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, las direcciones de Contabilidad y de Asuntos Jurídicos, prohibieron a ZETA la continuación de la revisión del gasto del excedente, tras haber ganado el juicio PR-III-003/2014, cuando la empleada Angélica Cristal Navarro Peralta obstruyó el paso a reporteros de este Semanario a la Sala de Juntas de Armonización Contable de la Dirección Municipal de Contabilidad, luego de prohibir tomar apuntes de los archivos y utilizar el teléfono durante la consulta de la documentación pública. Sin fundar ni motivar tal decisión, la trabajadora municipal se justificó y verbalmente expresó que se trataba de “órdenes superiores”, extralimitándose en sus funciones e incurriendo así en el delito de desacato, por quebrantar la resolución jurídica del órgano garante, toda vez que, según el Artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,  “las resoluciones que dicte el Instituto son definitivas, inatacables y obligatorias para las entidades gubernamentales y aquellas consideradas como de interés público”. El 5 de junio de este año, el Pleno del ITAI había emitido una resolución a favor de ZETA, después de un juicio que inició en abril pasado, decretando que la información del gasto del excedente debía ser exhibida, al tratarse de información de carácter público; por lo que el Ayuntamiento de Los Cabos y reporteros de este Semanario, acordaron la revisión de toda la documentación de la Cuenta Pública de 2012 en la Sala de Juntas de Armonización Contable de la Tesorería, toda vez que no había orden y tenían toda la documentación revuelta del gasto del excedente con la Cuenta Pública en 553 tomos de egresos, lo que no permitía saber con exactitud cuál documentación correspondía al gasto del excedente, y debido al cumulo de documentos, dificultaba su desplazamiento y movilización, inclusive la expedición de copias de la totalidad de  la documentación. De esta manera, el tesorero Gerardo Manríquez Amador autorizó por escrito la revisión de toda la documentación del ejercicio fiscal 2012, y comenzó el 15 de julio y fue suspendida el 22 de agosto, luego de la postura asumida por la Tesorería Municipal de Los Cabos, lo cual derivó en la presentación de una denuncia en el ITAI, Contraloría Municipal y la Comisión de Transparencia del seno del Cabildo del XI Ayuntamiento de Los Cabos, a fin de abrir una investigación y deslindar responsabilidades administrativas en contra de los presuntos responsables; así como programar el reinicio de la revisión de la cuenta pública, ya que todos los servidores públicos, son sujetos obligados a respetar el ejercicio social del derecho al acceso a la información pública, donde prevalece el principio de máxima publicación de la información en posesión de la entidades gubernamentales. Durante ese tiempo, ZETA revisó documentación en once ocasiones y solicitó alrededor de 4 mil 500 copias de gastos de los meses de marzo, junio, julio, noviembre y diciembre, y aún tenía pendiente de revisar enero, febrero, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Después del análisis del caso, este Semanario y el Ayuntamiento de Los Cabos fueron citados por el ITAI, donde el viernes 28 de noviembre de 2014, se acordó el reinicio de la revisión del gasto del excedente de los más de 224 millones de pesos. A excepción de personal de Tesorería Municipal de Los Cabos, e independientemente de personal de este Semanario, en el encuentro estuvieron presentes: * El presidente consejero y el consejero ponente del ITAI, Luis Alberto González Rivera y Félix Pérez Márquez, respectivamente, así como la coordinadora jurídica del ITAI, Diana Leticia Jiménez Ocampo. * El contralor municipal de Los Cabos, Alejandro Sánchez Acosta. * El director municipal de Transparencia, Dorian Germán Verduzco Meza. Durante la reunión, el consejero ponente del ITAI, Félix Pérez Márquez, expuso que la resolución emitida por el órgano garante “se había cumplido parcialmente”, por lo que conminó al Ayuntamiento de Los Cabos, a cumplir la resolución de manera definitiva y de carácter urgente, ya que “el cumplimiento estaba desfasado alrededor de seis meses, y no había marcha atrás”, pues el dictamen es definitivo, inatacable y obligatorio. De persistir el desacato, se incurre en responsabilidades tipificadas en el Código Penal Vigente en el Estado. Y aunque Pérez no lo citó textualmente, el Artículo 50 de la Ley de Transparencia contempla sanciones en contra de servidores públicos en caso de “la demora injustificada para proporcionar la información pública solicitada dentro de los plazos previstos por la Ley, y no obstante, el plazo máximo para la entrega de información, exista demora injustificada que no requiera ese plazo máximo”. Peor aún,  el Artículo 75 de la Ley de Transparencia establece claramente: “… los delitos cometidos por servidores públicos de las entidades gubernamentales y de interés público, serán perseguidos y sancionados en los términos de la Legislación Penal vigente en el Estado (…) El desacato a las resoluciones a que se refiere el Artículo 42 Fracción VI de esta Ley, es equiparable al delito de abuso de autoridad previsto en el Código Penal para el Estado (…) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas en el presente capítulo se desarrollarán autónomamente, en los términos y ante las instancias que señalen las leyes…”. Durante estos meses, el ITAI también resolvió la controversia en el costo del precio de las copias, toda vez que el Ayuntamiento de Los Cabos, como una estrategia de evitar que la documentación fuera fotocopiada, pretendía cobrar 69 pesos por cada copia expedida, poniendo como pretexto la Ley de Hacienda Municipal para Los Cabos que, según el Artículo 13, determina: “Las disposiciones que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones de las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares, las disposiciones que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago (…) Para las demás disposiciones fiscales, se podrá aplicar cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento, así como el Derecho Federal, Estatal y Municipal, en este orden, en lo que resulte aplicable, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal…”. ZETA interpuso una queja y solicitó al ITAI dirimir la controversia, por lo que revisado y analizado el caso, el Pleno del Instituto emitió y publicó algunos criterios de cobro, con base a la Constitución, tratados internaciones y leyes de Transparencia, donde decretó que el costo de la copia quedaba establecido en 70 centavos en caso de cada hoja tamaño carta y 75 centavos en caso de tamaño oficio, en virtud de que por mínima lógica, ninguna entidad gubernamental podría lucrar con las copias y, por lo tanto, el precio había sido establecido en base al costo del papel y la tinta. Los criterios fueron publicados el 10 de noviembre de 2014 en el Boletín Oficial número 53, sentando un precedente y un parámetro claro y definitivo del precio en todos los casos del órgano garante, a partir de que entró en vigencia. No obstante, y durante la primera reunión de acuerdos entre este Semanario y el Ayuntamiento de Los Cabos, registrada el pasado 3 de septiembre, donde se determinó seguir con la revisión de la Cuenta Pública 2012, el contralor Alejandro Sánchez Acosta se negó a que la documentación fuera revisada y analizada por ZETA, en virtud de que la resolución del ITAI solo establece y ordena la entrega de copias del gasto del excedente de los más de 224 millones de pesos, y por lo tanto, ordenó a la Directora Municipal de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, entregar la información con carácter de urgente. Sin embargo, ni la propia contadora tenía en claro cuál documentación era del gasto del excedente y cuál el número de copias, porque tendría que revisarse la información en cada una de sus áreas y ver  hasta dónde se podría avanzar. En la reunión estuvieron presentes el tesorero Gerardo Manríquez Amador; la directora de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista; la directora de Ingresos, Susana Burgoin; el titular de Transparencia Municipal, Dorian Germán Verdugo Meza; y el contralor Alejandro Sánchez Acosta. La propuesta de los funcionarios fue cobrar a 2.05 pesos cada una de las copias expedidas a favor de ZETA, lo que fue rechazado por este Semanario, en virtud de que ya existen un criterio de cobros que establece 70 centavos por cada una de las copias. Finalmente, las dos partes mostraron su voluntad de destrabar el problema, y establecieron una nueva cita para el día 10 de diciembre para llegar a un acuerdo.