La presentación del paquete presupuestal 2015 para Baja California dejó más dudas que aclaraciones, sobre todo por el juego en el manejo de cifras por parte del secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, que no fue nada claro, sino todo lo contrario. A la opacidad en el discurso, durante la presentación del presupuesto para el Estado de Baja California -realizada la mañana del lunes 1 de diciembre-, se suma el hermetismo que han tenido los diputados locales para dar a conocer el documento que elaboró el Gobierno del Estado conteniendo los números que piensan ejercer el próximo año. Ante los reporteros, el titular de Planeación y Finanzas del Estado expuso que el paquete presupuestal del próximo año, calculado en 33 mil 54 millones de pesos -equilibrado el ingreso y el egreso- contra los 40 mil 864 millones ejercidos en 2014, de hecho no significa que haya una disminución en el presupuesto, producto del ahorro o la planeación, sino que 7 mil 40 millones de pesos que enviaba el Ejecutivo federal para el pago de la nómina magisterial del mismo orden, ahora se pagará directamente desde el centro del país, por lo que se restan al presupuesto de Baja California. Aun sin el análisis del documento presentado por el secretario de Finanzas, diputados de oposición observan un incremento en el presupuesto estatal 2015, en comparación con el del presente año, pues originalmente, el de 2014 quedó en poco más de 39 mil millones de pesos; con el tiempo se hicieron transferencias hasta dejar un presupuesto definitivo para el Estado, por arriba de 40 mil millones de pesos. Pero Valladolid insistió ante los reporteros que se trata de un presupuesto muy similar al de 2014, aunque al revisar con lupa montos y destinos, surgen distintas variables, sobre todo en el monto general y, todavía más, en la parte de la distribución del gasto. En el desglose general del gasto, Valladolid refirió una repartición del presupuesto por sectores y no por rubros. Es decir, no explicó cuánto de esos 33 mil 54 millones de pesos se destinarán al pago del gasto corriente -suelos, rentas, servicios, viáticos, adquisiciones de productos, etcétera -la gran parte del pastel-, tomó el total del presupuesto y lo dividió así: * 57.35 por ciento a Desarrollo Social. * 17.91% en Participaciones y Transferencias a los Municipios. * 8.39% a Procuración de Justicia y Seguridad. * 5.60% a los llamados Poderes Autónomos (Derechos Humanos, Transparencia, Instituto Electoral, Tribunal de lo Contencioso). * 4.8% para Administración. * 2.83% para Desarrollo Económico. * 3.12% a Deuda Pública. 
De hecho, la suma de los porcentajes presentados por Antonio Valladolid no da el 100%, sino el 96%. Aparte, no contempla obra pública, ni educación, ni salud -partidas que, asumen, podrían estar englobadas en Desarrollo Social-. Según la explicación del secretario de Finanzas, así se gastaría el total de los 33 millones 54 mil pesos. En el mismo documento presentado, se muestra una tabla con comparativos por áreas en cuanto a lo ejercido en 2014 y lo que se planea gastar para el próximo. En Gasto Social, este año se destinaron 25 mil 166 millones, pero en 2015 se planea reducir 24% para quedar en 18 mil 955 millones. Otro rubro que se reduce es el de Administración, que de 2 mil 507 millones de pesos de este año, para el siguiente serán mil 586 millones -36% menos- y, de acuerdo a la explicación del funcionario, se fortalecen: * SIDUE en un 59 por ciento -se recordará que en su primer presupuesto, el de 2014, el gobernador disminuyó a 1% del total de presupuesto la inversión en obra -su antecesor la tenía en 5%. * SEDESOE, 18%. * SEDECO, 40%. * SECTURE, 33%. * SEPESCA, 120% -también este presupuesto fue reducido en el primer año de Vega-. * SEFOA, 16% -igualmente este presupuesto fue reducido en 2014-. * Trabajo, 7.5%. Pero las cifras quedan huecas al no haber una explicación exacta en cuanto a programas y obras específicas, así como el significado concreto de esos porcentajes. Además, poco se explica en cuanto a la mecánica de distribución del gasto, ni siquiera qué parte de éste va destinado directamente a gasto corriente -salarios, servicios, movilidad, telefonía- y cuál es la parte que directamente le toca a obras para la ciudadanía. Hay otros datos que no cuadran, por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo -que es el que va aprobar el presupuesto-, el año pasado se le destinaron 697 millones de pesos, de los cuales 521 fueron para el gasto de los diputados, y el resto para el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). En lo presupuestado para 2015, el Legislativo recibiría 715 millones de pesos, de los cuales 588 serían para el Congreso, y el resto para el ORFIS. Eso significa un aumento aproximado a 68 millones de pesos, aunque el funcionario financiero dijo que se trata de una diferencia de 18 millones de pesos, destinados más que nada a laudos por demandas laborales contra el Congreso. De acuerdo a otros datos, el aumento real es de 66 millones de pesos, de los cuales Comunicación Social se llevaría 15 millones más que en 2014, es decir, 30 millones en total; el resto serían 5 millones más para los órganos técnicos y 15 millones para incremento salarial al personal, y los 18 millones restantes para los laudos mencionados. En el caso de los organismos autónomos, los montos siguen igual que en el presente año -que a la vez fueron igual que en 2013-, con 10 millones para el Instituto de Transparencia, 34 millones para la Procuraduría de los Derechos Humanos, y 36 millones para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cabe mencionar que para 2014, la PDH había solicitado 50 millones; el TCA, 46 millones; el Instituto de Transparencia, 29 millones; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 149 millones y le aprobaron 72, aunque para 2015 subió a 269 millones, debido a que será año electoral y, aunque se trata de comicios federales, con la creación del Instituto Nacional de Elecciones, las reglas presupuestales implican un cruce entre apoyos federales y estatales. Otro caso no muy claro es el del Poder Judicial, que en el ejercicio 2014 obtuvo 867 millones de pesos, de los cuales 19 millones corresponden al Tribunal de Justicia Electoral. Para el próximo año, el Poder Judicial solicitó un presupuesto de 956 millones de pesos, de los cuales 27.5 correspondían a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tecate, calculado en un monto de 27.5 millones de pesos. Según datos aportados por Antonio Valladolid, para ese año al Poder Judicial le corresponderán los mismos 867 millones que le tocaron ejercer en 2014, y en el caso de la parte del Nuevo Sistema en Tecate, citó: “Parte del presupuesto del Nuevo Sistema de Justica está dentro del Gobierno del Estado. Este año le dedicamos 187 millones que se potenció, y el año 2015 viene una cantidad importante”. El paquete presupuestal fue entregado ante el Poder Legislativo la mañana del lunes 1 de diciembre y, hasta el jueves 4, la información era virtualmente desconocida para los diputados, quienes finalmente votarán ese presupuesto. Algunos ni siquiera cuentan con copia del documento base.
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