“La Policía de Mando Único, planteada para las 32 entidades de México, deberá revertir el deterioro de las corporaciones policiales y dignificar la función policial…”, expresó el Presidente de México, y agregó que “la debilidad institucional ha hecho más vulnerables a las policías municipales frente a los embates de la criminalidad”. Pero estas declaraciones no son de Enrique Peña Nieto, son del ex Presidente Felipe Calderón y fueron publicadas en la prensa nacional el 6 de octubre de 2010, día en que envió la propuesta al Congreso para el Mando Único. Era una idea que se venía acordando con los estados desde 2009 y se había aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad en junio del mismo año. El 1 de diciembre de 2014, con Mandos Únicos funcionando en estados como Morelos, Quintana Roo, Guerrero y Nuevo León, el licenciado Peña envió otra reforma para lo mismo. Ya en la 44° Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el 18 de febrero de 2013, había instruido al secretario de Gobernación buscar con los gobernadores, los recursos legales “para concretar el Mando Único policial”. Pero no avanzaron. Ahora, 21 meses después e inmerso en una crisis de credibilidad ante el desborde de la violencia y la ausencia de justicia, Enrique Peña Nieto retoma el Mando Único y lo presenta como alternativa de solución novedosa dentro de sus 10 Acciones para “fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia”. ZETA procuró el texto de la mencionada reforma, donde los datos más interesantes fueron los que reflejan las condiciones de las corporaciones municipales en México: el 0.6 por ciento de los policías municipales son analfabetas, el 3% carece de educación básica, el 11.9% tiene educación básica y el 52.0% cuenta únicamente con educación media. Después, las propuestas para el Artículo 115 Constitucional -creado para consignar el fortalecimiento municipal-, que en esta ocasión se reforma para restarle facultades. Analistas del tema de seguridad se quedaron con más dudas que respuestas al escuchar el decálogo presidencial, pero surgen dos cuestionamientos esenciales sobre el fortalecimiento municipal, o la pérdida del mismo: * Si ya se va a quitar a los municipios la Policía, que es la vía y la razón por la que el crimen organizado infiltra a los ayuntamientos, entonces, ¿para qué establecer mecanismos adicionales para disolver las autoridades locales, que no van a tener a su cargo la seguridad? * ¿Cuáles serán los instrumentos legales para determinar y fundamentar que un municipio está infiltrado? De los anteriores cuestionamientos, solo el segundo tiene respuesta en la propuesta de reforma presidencial. “Será el Fiscal General de la República cuando advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen en los municipios, lo comunicará al Secretario de Gobernación para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta, soliciten la aprobación del Senado de la República para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del Municipio”. Este modelo se copió de Italia, pero el pequeño gran detalle es que en aquel país, la decisión la toma el Poder Judicial -con mayor nivel de aceptación y credibilidad que el mexicano-, después de un juicio debidamente establecido. Si en México serán políticos quienes decidan disolver un municipio, ya empezamos mal. En la propuesta presidencial para nuevo texto constitucional, también especifican que son la Federación y las entidades federativas, a quienes corresponde la prevención de los delitos… y las policías estatales actuarán bajo el mando de las federales, en los casos que determine la Ley. Los ayuntamientos conservarán la facultad de expedir los bandos de gobierno, de participar en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los delitos, de expedir y aplicar el Bando de Policía y Buen Gobierno e infracciones administrativas “por conducto de agentes administrativos que en ningún caso tendrán el carácter de Policía”. Indican que municipios y estados harán convenios y calendarios para que el traslado de las facultades sea paulatino. Y del dinero, “… el presupuesto federal que se asigna para seguridad en los municipios, deberá ser integrados al presupuesto estatal, a través de convenios fiscales”. Complementan: “Se entiende que la parte específica de la Hacienda municipal que se destinaba a la seguridad pública deberá ser utilizada para la prestación de otros servicios”, lo cual suena bien, pero luego refiere: “… razón por la cual será necesario compensar el costo de la prestación del servicio para los estados con alguna de las fuentes externas de financiamiento que tiene cada municipio”. Esto se lee más complicado, porque al no dejar claro de dónde debe salir el dinero, podría ser que parte de los impuestos y recursos propios de los municipios deberán ser enviados a los estados, o que se deberán crear nuevos impuestos, y la puerta queda muy abierta. Ahora, pese a que éste es un tema que se está “concretando” desde 2010, resulta que en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, el Mando Único es una realidad, donde se ordenó un régimen de transición “expedito” por la urgencia. El proceso deberá “concluir en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de éste. Qué le gusta, ¿diciembre de 2016, enero de 2017?, Entonces, ¿las demás para cuándo?, porque nada de lo inscrito en el texto presidencial garantiza el avance, en plazos o tiempos. Tampoco queda claro qué pasará si se infiltran “más” -porque ya lo están.- las corporaciones de Estado y Federación. Entonces, al final tenemos un Presidente que está haciendo lo mismo que su antecesor, aunque no lo acepta, pero esperando resultados diferentes. Una propuesta de reforma que -como es costumbre priista- será aprobada sin las especificaciones que garanticen una correcta y transparente, oportuna y expedita aplicación. Y los ciudadanos seguimos sin saber cómo se va a medir el éxito o fracaso de estas políticas recicladas.
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