Pasaban las cinco de la tarde del 8 de diciembre, y en la sala del pleno del Congreso de Baja California, comparecían los funcionarios de la Comisión de Servicios Públicos de Tecate, al igual que sus comisiones hermanas de los otros cuatro ayuntamientos bajacalifornianos, proponían aumentos en el costo del servicio de agua potable, pero eso a 24 de los 25 diputados no les importó. Simplemente no se presentaron a las comparecencias. Aunque todos conocían el calendario mediante el cual las diferentes secretarías y dependencias estatales presentarían y justificarían sus solicitudes de presupuesto -incluidos aumentos- para el año 2015, los caros legisladores bajacalifornianos decidieron olvidar que una de las razones por las que se les paga es para revisar, analizar y aprobar las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de Estado y municipios. Por cuidar que los impuestos que tanto trabajo cuesta pagar, sean erogados de manera óptima y justificada. La tarde de ese lunes, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rosalba López Regalado, atendió sola a las comisiones de Ensenada y Tecate, por la mañana con la comisión de Mexicali, llegaron un rato Francisco Barraza, Mónica Bedoya y Rosa Isela Peralta, además de Alcibíades García y Nereida Fuentes, que forman parte de la comisión responsable… pero se fueron en cuanto pudieron y no volvieron a aparecer. La única que justificó debidamente su ausencia fue Fuentes. De la Comisión de Hacienda, tranquila e irresponsablemente, dejaron de presentarse el panista Gerardo Álvarez, Rodolfo Olimpo del PES y Julio César Vázquez del PT. Pero igual de abusivos con el erario y con la confianza ciudadana depositada en ellos a través del voto, se comportaron los panistas Gustavo Sánchez, Mario Osuna y Cuauhtémoc Cardona; los priistas Carmen Frías, Miriam Ayón, Marco Antonio Novelo, René Mendívil, David Ruvalcaba y Laura Torres; Alberto Martínez e Irma Martínez, del PANAL; Fausto Gallardo, del PVEM; Felipe Mayoral, del PBC; Armando Reyes Ledezma, del PT; Roberto Dávalos, del PRD; y Juan Manuel Molina, de Movimiento Ciudadano. Las comparecencias iniciaron el 2 de diciembre, y el Congreso aprobó que pese a ser responsabilidad directa de la Comisión de Hacienda, la recepción y análisis se harían en “comisión ampliada”, todos estaban requeridos. Pero desde el inicio de las presentaciones, el poder de convocatoria de los alcaldes no pasó de tres o cuatro diputados, a veces menos, hasta que incluso dejaron sola a la presidenta. El quórum mejoró hasta el 15 de diciembre, durante la comparecencia del secretario de Finanzas del Estado, quien apenas logró captar el interés de 15 de los 25 legisladores obligados. Porque todos reciben un sueldo mensual de 93 mil 655 pesos (los 25 suman gastos por 2 millones 341 mil 393 pesos mensuales y 28 millones 096 mil 719 pesos anuales), más el millón 469 mil 692 pesos mensuales que pagan a sus 69 asesores (17.6 millones al año), y seguimos la suma: Los 30 millones de pesos anuales que absorben para que trabajen sus comisiones, los 75 millones que se entregan para “dar apoyo sociales a la ciudadanía” con dinero del propio pueblo y seguir candidateándose, y los miles o millones que se auto asignan por gastos de representación, gestiones, traslados, comidas, hospedajes… dinero que sale de los 55.7 millones que el Congreso tiene etiquetados como “Servicios Generales”. El de Baja California es el séptimo Congreso más caro de los 32 que funcionan en el país, con sus 521 millones 580 mil 536 pesos de presupuestos, según el reporte de la empresa Integralia, dirigida por Luis Carlos Ugalde, y los diputados bajacalifornianos, los terceros mejor pagados. Pero parece que los caros políticos creen que es de gratis. Vaya, se han convertido en aviadores del Congreso. Las consecuencias de tanta irresponsabilidad se empezaron a ver esta semana, con el inicio de las reuniones donde la Comisión de Hacienda examina los presupuestos antes expuestos. Ahora los faltistas e ineficaces diputados, exponen tener dudas. Cómo no van a tenerlas, si en el momento que pudieron cuestionar a los funcionarios, pese a tener viáticos pagados, simplemente no aparecieron. En ese contexto, a los bajacalifornianos que pagan esos onerosos sueldos y prestaciones, les resta vigilar a los carísimos diputados, presionarlos para que hagan bien su trabajo, que no permitan aumentos injustificados o colaboren escondiendo incrementos, que si van a disminuir recursos, sea por las razones correctas y no políticas, sobre todo, que eviten el abuso y derroche de recursos en el próximo año electoral. Antes de presentarse a las posadas con la prensa, sus empleados o sus votantes, previo a sus jornadas de entregas de regalos con las que se auto promueven a costa del erario, los diputados y sus asesores deben, mínimo, leer lo que van a votar, investigar, examinar, cuestionar el contenido de lo que van a aprobar. Desquitar cuando menos una mínima parte de lo que reciben.
Publicidad
