Educación en manos de cualquiera

En tiempos donde se pondera estrictamente la preparación del docente y se promueven mecanismos de evaluación en pro de la calidad, se pensaría que es inaceptable la incursión de profesionistas con otro perfil dentro de la estructura educativa. Pero, por lo menos en Tijuana, sí sucede. Basta con realizar una revisión de la nómina del Sistema Educativo Estatal (SEE) para encontrar nombres que carecen de una preparación pedagógica.   Personas que bajo el mando de Leopoldo Guerrero Díaz como delegado en Tijuana y de María del Rosario Rodríguez como secretaria de Educación, han enfrentado conflictos magisteriales que precisamente, no han permitido el nivel del servicio que, por obligación, debe garantizar el Estado. Se trata de un grupo de unas 60 personas contratadas a partir de 2014, y que mes con mes, cobran de las arcas públicas unos 963 mil 700 pesos, redondeando las cuentas. Algunos sueldos para “los nuevos”, que casi llegan a los 30 mil pesos mensuales, han provocado la indignación de otros empleados de la delegación, que cumplen con algún perfil educativo y que tienen años de experiencia. El desgaste para la estructura en Tijuana no solo es económico, pues a decir de personas con conocimiento de las áreas, recurrentemente tienen que asesorar a los de nuevo ingreso sobre sus tareas a desempeñar.   De esos 60, 31 laboran en departamentos como el de Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Física y Especial, Control Escolar y Carrera magisterial; 23 de ellos carecen de formación profesional relacionada al tema educativo, y, según el Registro Nacional de Profesionistas, 28 no cuentan con cédula profesional. Además, 33 tienen afiliación panista o familiares dentro del partido. Hay ex funcionarios y ex candidatos a puestos de elección popular. Más de la mitad, 36, cobran como Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs), figura que, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), debe fungir como “agente de mejora de la calidad de la educación”, respetando experiencia y conocimiento en la materia. Los puestos mencionados fueron abandonados por docentes que, respetando los lineamientos de la Reforma Educativa, tuvieron que regresar a impartir clases, y poco a poco, desde enero, diversas vacantes fueron llenadas por abogados, contadores públicos y hasta ingenieros. Actualmente, la Ley del Servicio Profesional Docente establece un perfil de ATP y requisitos para su nombramiento, pero el delegado del SEE insiste en que no es una figura “jurídicamente constituida”, de esta manera, los espacios son aprovechados por la autoridad para anteponer coincidencias políticas al esfuerzo por mejorar la calidad educativa de Baja California. Asimismo, Consuelo Lozano Pérez, docente de Licenciatura y Maestría en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tijuana, comenta en entrevista que el ATP que está dentro del SEE, tiene la tarea de encabezar los programas educativos para atender las distintas zonas escolares formadas por los planteles. Es decir, representan el primer eslabón entre los programas y los docentes frente a grupo.  Iniciando por los de arriba De entrada, el ejemplo de la falta de una preparación idónea, está en los encargados de los departamentos de Primaria y Secundaria, responsables de atender las necesidades de todos los planteles del nivel en la ciudad. Apenas el 7 de enero de este año, con 49 años de edad, Alejandro Gaz Martínez ingresó a la Unidad de Relaciones Sindicales como coordinador regional, percibiendo 27 mil 398 pesos al mes, entre compensación y sueldo. Sin embargo, recientemente, el panista afiliado desde julio de 2011, recibió un empujón del delegado Leopoldo Guerrero, quien lo ubicó como responsable del Departamento de Secundarias a nivel municipal. El detalle con este personaje, es que carece de cédula profesional, de acuerdo al Registro Nacional de Profesionistas. A lo mucho terminó la preparatoria y estudió siete semestres de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).   Según información que se pudo investigar en el Instituto para el Desarrollo Emprendedor, donde cursa la licenciatura en Derecho (dentro de la Plaza Monarca en Tijuana), Gaz Martínez inició sus estudios en 2013 y cursó su última asignatura en agosto de este año. De acuerdo al kardex de la institución (revisado el 26 de noviembre), faltan por reflejarse con calificación, 28 materias.   El coordinador comparte la afiliación blanquiazul con cuatro hermanos, uno de ellos empleado también del gobierno estatal, en la Secretaria de Desarrollo Social. Anteriormente ocupaba dicho puesto Filemón Moreno Núñez, licenciado en Ciencias de la Educación, con maestría en la misma disciplina. Caso similar es el de Anival Ramírez Valdivia, que hasta hace poco aparecía en la nómina como verificador del Departamento de Primarias, cobrando 13 mil 493 pesos mensuales. Licenciado en Derecho desde 2005, y panista desde 2011, también escaló peldaños sin preparación pedagógica y actualmente es responsable del departamento. A la medida del panismo Entre otros panistas que desde este año ocupan un lugar en la nómina del SEE, destacables son, por ejemplo, José Ernesto López Hernández, quien funge como ATP de la delegación, con un sueldo de 20 mil 900 pesos cada dos quincenas. Desde 1999 es parte de la militancia, se ha desempeñado como director de la Estancia Municipal de Infractores (en tiempos de Jorge Ramos) y como suplente de la panista Mirna Rincón, cuando ésta buscó la diputación federal en 2006.  No obstante, según el registro de profesionistas de la SEP, no existe una cédula profesional emitida con ese nombre. Mismo caso el de Esmeralda Guadalupe Badillo, ATP en el Departamento de Administración. Después de registrarse oficialmente en el partido, buscó ingresar al Congreso local como suplente de Irais Vázquez Aguiar, quien perdió la candidatura con Rosalba López Regalado en el proceso interno del blanquiazul. Con 25 años de edad, la panista también se lleva a la bolsa 20 mil 900 pesos. De tradición también azul, otro en la lista con el mismo sueldo es Guillermo Ruiz Esparza Cisneros, que según la nómina en posesión de ZETA, funge como ATP en el Departamento de Educación Secundaria. El hombre, con 10 años de historia panista, se ha desempeñado como recaudador de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) en la zona de Playas, donde se le destaca como contador público, a pesar de que oficialmente, en la SEP no hay cédulas con ese nombre. El abogado Moisés Aldana Pérez fue, en el año 2012, suplente de Alberto Limón, precandidato a una diputación federal. Hoy, sin perfil idóneo, también cobra como ATP en el Departamento de Secundarias.   Otra que aparece como ATP de Secundarias, es Blanca Alicia Hernández Ibarra. Mujer de 60 años con 44 de historia panista. Fue regidora en Tijuana durante la administración de Jesús González Reyes, y anteriormente, delegada de Mesa de Otay, en tiempos de Carlos Montejo Favela (1989-1992). Otros… entre familia Familiares de un diputado panista, y del presidente del Partido Acción Nacional en Tijuana, también son nuevos en el sistema educativo. Se trata de Karina Luévano Ruiz, de 39 años, que con licenciatura en Educación Preescolar, se desempeña como jefa de la Unidad de Carrera Magisterial desde el 17 de enero de 2014, con un sueldo de 27 mil 378 pesos mensuales. Por su parte, la abogada Carolina María Gastélum Rivera, hija del diputado federal Juan Manuel Gastélum, cobra 20 mil 542 pesos como ATP del Departamento de Primarias desde el 13 de marzo. En la nómina también pueden observarse empleados de nuevo ingreso con preparación técnica en contabilidad fiscal, y desempeñándose como ATPs. Nombres que al cotejarlos con el registro de profesionistas, surgen ingenieros industriales, biólogos, mercadólogos, comunicólogos o administradores. “No sabían de qué les estábamos hablando” En entrevista, Leopoldo Guerrero Díaz, delegado del Sistema Educativo en Tijuana, asegura que jurídicamente, el perfil de Asesor Técnico-Pedagógico no está constituido, aun cuando ya se han emitido convocatorias de selección a través del Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE). Tres de los requisitos para participar son: título de nivel superior afín al nivel educativo o tipo de servicio, experiencia frente a grupo y haber realizado funciones similares durante tres años. Pero él sostiene que solo algunas funciones deben cubrirse con preparación pedagógica, otras como donde se encuentran el programa  Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas de Calidad, más bien son de carácter administrativo. En su décimo transitorio, la propia Ley -además de establecer que la autoridad determinará si un trabajador continúa como ATP- específica que en “ningún caso podrán desempeñar funciones administrativas”. Por su parte y con base en su experiencia, Consuelo Lozano Pérez, de la UPN, estima que son solo tres departamentos en los que no se necesitan competencias pedagógicas. Habla de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros y Control de Estadística. “Hay cuestiones interesantes en el sistema (educativo), como que la cuestión partidista parece que es la que está protegiendo, y no está ejecutando las acciones por lo menos como la Ley lo marca”, espeta. Lozano relata que en un taller reciente  que impartió a ATPs para que éstos lo reprodujeran en otras áreas,  “cuando estábamos hablando sobre la importancia de los perfiles y de ejecutar las acciones, no sabían de qué les estábamos hablando. “La Ley del Servicio Profesional Docente dicta que el personal que ha de tener las funciones de ATP (brindará) un conjunto de acciones y servicios para contribuir a la mejora de la calidad de la educación, en eso, los que estamos y hemos vivido en y para la educación, pues sabemos que necesitan toda una trayectoria… pero la realidad es que no tienen idea de lo que sucede en las aulas, están aprendiendo en el camino, cuando el camino ya está andado”, concluye.