Aunque se enoje y tenga la ocurrencia de reclamar en sus discursos, sin importar cuanto proclame sin definir con claridad “la existencia de fuerzas oscuras que pretenden desestabilizar la nación”, las evidencias muestran que el Presidente Enrique Peña Nieto está cosechando lo que sembró, y con él, estamos pagando todos los mexicanos. En vísperas de cumplir apenas el segundo año de gobierno, el licenciado Peña está convertido en el Presidente mexicano cuya imagen se ha devaluado con mayor velocidad. En el exterior, con todo y la apertura del petróleo a la inversión extranjera, este año pasó de ser el mandatario reformador que salva a México en mayo, al Ejecutivo incapaz de garantizar el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos en septiembre. Puede desmentir con palabras cuanto quiera al Presidente de Uruguay, José Mujica, y a todos los que antes y después de él, han acusado desde fuera la colusión de autoridades y crimen organizado. Al final, la realidad que padecen diariamente los mexicanos les da la razón. Físicamente adelgazado, con un tono verdoso en la piel, al que poco ayuda su cabello a veces teñido, a menos de 24 meses de gobierno, Peña Nieto encara también varias crisis internas. Como una de las más importantes, la económica, a pesar de las siete reformas transformadoras de las que el Ejecutivo habla cada que abre la boca -como único argumento de “éxito” de su gobierno en dos años-, la desaceleración de la demanda interna, la desconfianza del consumidor, el incremento de la pobreza, el freno en la generación de empleos, el declive en la economía de los estados norteños como Baja California, ante el retraso en la ejecución del gasto público, evidencian los negativos resultados del incremento de impuestos. Los indicadores y las declaraciones de los analistas económicos dejan claro que 2014 también ha sido un año débil y complicado, tratándose de inversiones y dinero. La tan prometida mejoría no llega a la mesa de los mexicanos, y todavía el Presidente cree que está en posición de enojarse ante los desesperados mexicanos que lo cuestionan; y mientras la Secretaría de Hacienda vuelve a reducir las expectativas de crecimiento, sale con que sus reformas no son varita mágica. También la crisis de una violencia recrudecida, como ejemplo permanente de la impunidad y ausencia de justicia que existe en el tema de seguridad nacional, la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa en septiembre, que no es otra cosa que el resultado lógico a su política de silencio y control mediático, al abandono a los estados en el tema de seguridad que decretó con la cancelación de retenes, al sacar a la milicia al Gobierno Federal del combate a las células del narcotráfico locales coludidas con autoridades, que no era secreto desconocido para su gobierno. Pero Enrique Peña Nieto tuvo la osadía de considerar que esa inseguridad desbordada en el territorio nacional no era su responsabilidad y, enfrascado en lo superficial, decidió distanciar su preciada imagen de ese tema incómodo y feo, que tanto afectó a su antecesor. Luego promete soluciones y, el jueves 27 de noviembre, de nuevo se queda en la superficie, se organiza otro espectáculo de lucimiento -de esos que acostumbra-, llama a la Ciudad de México a los gobernadores a costa del erario para que escuchen su discurso, y se lleva a los representantes de cuanto organismo ciudadano afín que pudieran validarlo. Sale a anunciar sus 10 Acciones en Materia de Justicia, y regresa a las propuestas de reformas, en temas que ya están legislados pero simplemente no son respetados, y regresamos a la ausencia del Estado de Derecho. Propuso una Ley para evitar la infiltración del crimen organizado en los municipios., como si fuera un problema que se pueda resolver en papel y por decreto, pero, además, ¿qué pasa con la infiltración en los estados y la Federación? En el tema de la definición de competencia respecto a los delitos, habló de más leyes como si no existieran suficientes y claras. Los hechos muestran que la Federación se ha evadido porque así lo ha querido. Al final, una hora de exposición pública sin nada concreto, que solo contribuyó a su más reciente crisis, la de credibilidad. Agravada tras la exposición que la esposa del Presidente Peña hizo de la “casa familiar” en las Lomas, del Distrito Federal, en una revista hecha para difusión de la vida social de la clase adinerada nacional, internacional y la realeza europea. Casa con valor de 7 millones de dólares vendida -según la versión oficial- a la actriz y esposa del Presidente, por una filial de Grupo Higa, la constructora amiga en todos los gobiernos, campañas y precampañas de Enrique Peña, a un precio menor. Además, el que mandaran a la mujer a tratar de justificar el tráfico de influencias, leyendo una explicación -inverosímil porque las cuentas no salen- de que la compró como fruto de su trabajo, no abonó tampoco a la imagen de caballero del Presidente. Y menos ahora que se hizo público que también a nombre de la señora, la familia Peña adquirió en 2010 y pagó en 2011 un préstamo de 1.3 millones de dólares por otro departamento en Miami. Como si faltara algo para cerrar este círculo de relaciones Higa-Peña que han traído evidentes y mutuos beneficios, esta semana llegó a la prensa, evidencia por parte de vecinos de otra casa en las Lomas, también propiedad de Higa, usada como casa de precampaña, campaña y base de las reuniones en la transición del gobierno peñista. Entonces no se vale enojarse, el desgaste, el repudio, el reclamo, la desconfianza. La incredulidad fue sembrada y cosechada.
Publicidad
