La esposa del Presidente de la República y ex actriz de Televisa, Angélica Rivera, dio una explicación incongruente e ilógica de la procedencia de los recursos con que presuntamente adquirió la “Casa Blanca” en Lomas de Chapultepec, valuada en más de 86 millones de pesos y construida por Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, el más favorecido con billonarios contratos en las administraciones peñanietistas. La misma favorecida Higa, resultó ser quien le vendió otra mansión de 7.5 millones de pesos en Malinalco, a otro prominente miembro del grupo de Peña Nieto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, evidenciando la relación de la empresa con este grupo político al que permitió usar otras propiedades durante la campaña presidencial y en la época de transición gubernamental. Como resultado de estas transacciones, cuando menos sospechosas, la Procuraduría General de la República no ordenó investigación alguna por tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. En el Congreso federal tampoco se creó una comisión para investigar. La Junta de Coordinación Política encabezada por el diputado Manlio Fabio Beltrones, buscó vacíos legales e impidió incluso que se votara la creación de un órgano especial que dé seguimiento al posible conflicto de interés. En plena complicidad y ante una danza de cifras millonarias, los priistas pretenden que los mexicanos se conformen con las declaraciones de la señora Rivera y del señor Videgaray asegurando que son honestos. En Baja California Sur, el ex gobernador Narciso Agúndez se registra como propietario de la Isla Magdalena en Comondú, adquisición que se dio después de una sustracción irregular de 5.5 millones de pesos del erario, triangulada con las compañías Piensa Publicidad, S.C.; Bólidos de Cholula, S.A. de C.V.; Publi Design, S.A. de C.V. y la constructora Gran Visión, S.A. de C.V. ZETA evidenció los hechos a través de una investigación periodística, y tampoco ha pasado nada. Luego sale a la luz que durante 2013, el General de Brigada Marco Antonio Barrón Ávila, ex comandante de las zonas militares de Colima y Puebla, aparentemente usó un pelotón de soldados como albañiles para remodelar su casa en Querétaro. Y recientemente, el 17 de diciembre, el jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia, regresaba de una fiesta y chocó en un automóvil de 877 mil pesos. Se trata de una de las dos camionetas que usa y son propiedad de una empresa favorecida con contratos otorgados por la delegación que encabeza. En cada uno de estos casos, trabajos periodísticos han revelado el conflicto de intereses, sin que autoridades o políticos, hagan algo al respecto, salvo reunir firmas; intento que hacen algunos diputados para tratar de promover la creación de comisiones investigadoras en el Congreso. Así, mientras de forma abierta ignoran cuanto ejemplo de corrupción se publica diariamente en el país, ahora, tras colusión gobierno-crimen organizado que en septiembre permitió el secuestro y desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, el Gobierno Federal y los partidos representados en el Congreso se muestran finalmente interesados en el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y la mejora de la Ley Transparencia; la ironía es que los principales promotores, son también políticos cubiertos por la sombra de la duda. El diputado panista Marcos Aguilar, y el priista Manlio Fabio Beltrones, señalados pública y recientemente -sin que los investigue ninguna Procuraduría- de participar en una red de legisladores que presuntamente cobran a los alcaldes para apoyarlos en las gestiones de recursos federales. En el caso del priista, incluso fue cuestionado por la infiltración del crimen organizado y relaciones con el narcotráfico en Sonora durante su gobierno en los años noventa, situación que tampoco se investigó ni desahogó judicialmente, cuando fue expuesta por un reportaje del periódico norteamericano The New York Times. Conforme al Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional 2013, “el abuso del poder, tratos secretos y el soborno”, colocaron a México como el país más corrupto en América Latina. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 que elabora anualmente Transparencia Internacional, México también está en los países con más corrupción, estamos en la posición 103 de 175; incluso la revista Forbes de Estados Unidos, hace una lista de los 10 mexicanos más corruptos, que el año pasado fue ocupada por ocho políticos priistas y dos panistas. Al final, todo es muestra de que México sigue siendo aquel que en 1985 plasmó el periodista brasileño Allan Riding en su libro “Vecinos Distantes”: el de la corrupción como lubricante y engrudo, donde la vida ostentosa y la ausencia de honradez de los funcionarios es tan descarada, que muchos ciudadanos comunes y corrientes creen que la justicia es un favor y no un derecho que pueden y deben exigir. Es un hecho que sin la participación ciudadana, el mentado Sistema Nacional Anticorrupción por el que se están peleando los partidos en el Congreso, se va a convertir en otra burla a la sociedad, así que la clave es que la sociedad organizada participe, pacífica pero constantemente. Que la gente reclame a los gobiernos, a las autoridades, a las televisoras, a las radiodifusoras y medios impresos. Que no callen, no minimicen y no se conviertan en cómplices de la impunidad. Que alcen la voz para que políticos y funcionarios corruptos tengan una condena social, una sanción política (no puedan acceder a más puestos públicos), que sean investigados y, si son responsables, condenarlos judicialmente. Porque está visto que en México, aunque la justicia sea un derecho, se tiene que exigir.
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