Comisión Disciplinaria Policial: Fuga de dinero y de justicia

La inoperancia de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de Tijuana, no solo retrasó la justicia cuando de investigaciones contra uniformados municipales se trató; también ha costado millones que deben pagarse del erario del Ayuntamiento. Nada más en los meses de octubre y noviembre de este año, el Municipio debió desembolsar alrededor de 18 millones de pesos por concepto de derechos laborales suspendidos por asuntos de los años 2011 y 2012. Casos donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron suspendidos preventivamente y después de años, cuando finalmente se avanzó en el proceso que los involucró y se determinó que no tenían responsabilidad, la suma a pagarles llegó a esa cantidad. La demora que desde su fundación tuvo este órgano, también es motivada por la falta de regulación jurídica y de una revisión minuciosa y responsable en las investigaciones  de las que los uniformados son objeto. Es decir, el tiempo que la Comisión tarde en resolver un caso y la forma en que lo haga, aumenta el monto que habrá de reponerse al policía suspendido, de determinarse que no tiene responsabilidad en la imputación que se le hace. Asimismo, se dilata la sanción que éste pudiera tener, de ser responsable probadamente.   “En la mayoría de  los asuntos, los miembros policiales fueron suspendidos en su momento, y ese es un golpe fuerte sobre todo para el erario público. Actualmente es algo que está golpeando mucho a la administración del doctor (Jorge) Astiazarán, es algo muy delicado que debiera haberse previsto por las personas  que estaban en la Comisión”, explica en entrevista Martha Bermúdez Quintana, actual secretaria técnica de la Comisión Disciplinaria.   Los cuatro años de existencia de este órgano evaluador y sancionador han dejado no solo rezagos por falta de eficiencia, también la certeza de que se carece de normatividad suficiente que asegure una justicia pronta para los ciudadanos que señalan una falta, y para los uniformados en su derecho a defenderse. Por lo anterior, Bermúdez Quintana sostiene que después de un trabajo “exhaustivo” realizado durante este año, el atraso se ha disminuido en un 72 por ciento, y que los expedientes restantes están detenidos porque los policías investigados promovieron recursos de amparo o demandaron a la secretaría ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como método de defensa. A los casos anteriores, se suman los que se generan de las quejas presentadas al Departamento de Responsabilidades de Sindicatura, que en lo que va del año, suman 850, 40% más que en 2013. Pero, aunque se habla de un avance, los números oficiales dictan que de 597 expedientes que ya tienen avance en la Comisión, solo han resultado en ocho separaciones definitivas en 2014, la mayoría no han procedido o se encuentran trabados. Retraso: inoperancia y falta de normatividad En el proceso de justicia policial, que inicia con una queja en la Sindicatura Procuradora y termina colegiadamente en la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial, la primera dependencia hace las veces de un Ministerio Público, y la Comisión, de un tribunal, ejemplifica la secretaria técnica. La Sindicatura, específicamente el Departamento de Responsabilidades, integra una investigación con testimonios, información oficial de la SSPM y otras pruebas, como lo han sido las videograbaciones sobre presuntos abusos policiacos. La indagación integrada se remite a la instancia disciplinaria, ésta inicia el proceso de “instrucción” donde se garantiza la audiencia y defensa del uniformado, para que posteriormente se dicte una resolución de manera colegiada entre sus siete integrantes, en un término menor a dos años. Sus integrantes son siete, y entre ellos están: el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares, como presidente; Martha Bermúdez, como secretario técnico; el síndico procurador, Arturo Ledesma; la directora de Policía y Tránsito, Patricia Sida, entre otros. No obstante, el marco jurídico en la ciudad no obliga a iniciar con el proceso de instrucción en un tiempo determinado, y es ahí donde los expedientes se acumulan. Los casos se turnan, y en la Comisión no pasa nada. “Nos encontramos con que no se había actuado absolutamente nada. Estoy hablando de expedientes de los cuales en su momento debió de pronunciarse el auto de inicio respectivo, otros que habían quedado inconclusos en cuanto a la instrucción, no se les dio el seguimiento correspondiente”, afirma Bermúdez Quintana. Durante este año, el retraso que llegó a 218 expedientes -de los años 2011, 2012 y 2013- sin avance alguno, ha disminuido a 61 retenidos en algún Juzgado Civil, o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la mayoría. “El miembro no se encuentra conforme con la resolución, o antes va y promueve demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el Tribunal, la mayor parte de las veces concede la suspensión provisional… nosotros no podemos emitir sentencia correspondiente”, expuso la secretaria técnica de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial. De los expedientes generados en 2011, están sin iniciar 31, más otros dos del año 2012, y 28 de 2013. De 590 expedientes en Comisión, solo ocho bajas en la Municipal La reciente resolución del caso de los policías municipales de la delegación La Presa que fueron grabados mientras una mujer detenida bailaba frente a ellos quitándose la ropa en el año 2011, alcanza a dimensionar la lentitud que existió en la Comisión. La secretaria técnica Martha Bermúdez Quintana explicó que siete policías involucrados en aquel caso fueron dados de baja apenas en  marzo de este año, en una de las primeras sesiones del órgano disciplinario. Al mes siguiente, otro más fue separado definitivamente del cargo por acumulación de faltas injustificadas, un caso que también fue retrasándose. Además, durante este año fueron enviados a la Comisión 120 expedientes más que se integraron en la Sindicatura Procuradora de Tijuana. En el 90% de los casos ya se iniciaron diligencias por parte de la secretaría técnica, y el 10% serán devueltos a la dependencia municipal por no estar debidamente integrados. De los iniciados, se ha concluido el 40%, y otro porcentaje similar está detenido por juicios civiles o contenciosos. En total, del año 2010 a 2014, 590 expedientes tienen avance en la Comisión, pero solo 180 expedientes están como concluidos y solo ocho policías han terminado sancionados con la baja definitiva, pues el resto de las investigaciones han sido declaradas como incompetentes o improcedentes, e incluso se han archivado por la muerte del policía investigado. Al solicitarse más elementos, la funcionaria dijo que “no se pueden dar muchos detalles de fondo”, pero especificó que ninguno de ellos tiene que ver con delincuencia organizada o extorsión, y que solo seis casos son por abuso de autoridad. En 120 casos se ha declarado auto de inicio -evaluación de la Comisión- y 108 policías ya están citados para ser sentenciados, no obstante, el 90% se encuentran atorados en tribunales. “Mientras no dicten sentencia, nosotros no podemos emitir la nuestra”, insiste Martha Bermúdez, agregando que en su mayoría, se trata de casos de los años 2011 y 2012. 256 quejas improcedentes que no llegan a Comisión, según Sindicatura Omar Durán Contreras, director de Responsabilidades  en la Sindicatura Procuradora de Tijuana, dijo que durante este año fueron enviados a la Comisión -en promedio- entre 8 y 10 expedientes por mes. No obstante, detalla que otras 275 quejas generadas terminaron en otras instancias: 256 fueron archivadas por no encontrarse “elementos probatorios para acreditar responsabilidad”, y 19 enviadas a la SSPM para solicitar correctivos disciplinarios, pues su falta no ameritó una baja definitiva. “La gran mayoría de las quejas se archiva por falta de elementos. Independientemente de que vengan o no vengan (los ciudadanos), nosotros hacemos una tarea de  investigación, nos apoyamos en asuntos internos, en la SSPM, recabamos la información necesaria. Si  no hay elementos suficientes y lo sometemos a un procedimiento, pues le violaríamos las garantías a los policías; entonces este órgano de control siempre va a velar por las garantías constitucionales de todo mundo”, argumenta el funcionario. De los expedientes enviados a Seguridad Pública Municipal, solo se aplica un correctivo en el 60% de los casos. Aun así, no hay un comportamiento parcial de la SSPM.  “Con que nosotros solicitemos no, siempre pedimos información y ellos nos la dan. Hay que ver también que el cúmulo de trabajo es bastante, y a lo mejor tardan un poquito, pero por lo regular nos lo dan”, afirma. Más trabajo En materia de justicia policiaca viene más trabajo. Nada más en el primer año de la administración se han generado alrededor de 850 quejas procedentes de ciudadanos, o por decisión de la autoridad municipal al enterarse de una posible falta de la autoridad.  La cantidad representa entre un 30 y 40%  más de lo recibido en el año 2013. Omar Durán no descarta un posible aumento en malas acciones de elementos municipales, pero también pone a consideración que exista mayor confianza de los ciudadanos para denunciar faltas de los elementos municipales, “pero sí presumimos que hay mucho más trabajo”. No más retraso Por su parte, la secretaria técnica de la Comisión, asegura que los recursos con los que cuenta, son suficientes para evitar más rezagos, así como disminuyeron el existente desde el mes de marzo. Actualmente cuentan con 11 empleados, entre instructores de procedimiento, proyectistas, archivistas y emisores de actos de inicios. No obstante, tomando en cuenta la falta de normativa en la materia, se trabaja en el análisis del reglamento del servicio profesional de carrera policial, para garantizar que los procesos de instrucción -el análisis de expedientes en la Comisión- no se rezaguen más. Participarán en la elaboración de propuestas, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como académicos en materia de Derecho. Se espera que lo generado bajo el título de “Sinergia Legislativa”,  coordinado por el departamento jurídico de la SSPM, sea enviado al Congreso de Baja California para impulsar eventuales reformas legales. Lo mediático Tanto autoridades de Sindicatura Municipal, como de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial, coinciden en que un video difundido por las redes sociales, es solo un indicio más en una investigación por abuso de autoridad. Refieren que más allá de la presión social que trae como consecuencia un material videograbado, está una correcta integración técnica y legal. A continuación, los videos más populares que han motivado una investigación contra policías municipales, la mayoría sin resolver: Café Blue Luna. Durante los primeros días del mes de abril de 2014, se difundió un video donde se observa una presunta detención arbitraría por parte de siete policías comerciales a un empleado de la cafetería ubicada frente al Palacio de Gobierno. El expediente con integración de testimonios y otro video más, fueron enviados a Comisión, donde meses después, se determinó que no hubo faltas de los policías. Menor de la 3 de Octubre. Después de cinco meses de que se publicó el video en las redes sociales (19 de agosto de 2014), el caso de un menor agredido por elementos del Grupo de Operaciones Estratégicas de la Municipal, no pasó ni a Comisión. La razón: un retraso en la integración de testimoniales, según Sindicatura. Municipal golpea a indigente esposado. El lunes 15 de diciembre se publicó en internet otro video donde se observa una presunta agresión a un indigente detenido a manos de un municipal. A siete días de la difusión, la secretaría integra la investigación. En la PDH, 246 quejas contra municipales En 12 meses, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Baja California ha sumado en su estadística 246 quejas contra policías municipales de Tijuana. De acuerdo a la información otorgada por la institución, el periodo abarca de octubre de 2013 a octubre de 2014, es decir, solo 11 meses del XXI Ayuntamiento de Tijuana, y del periodo de Alejandro Lares Valladares como secretario de Seguridad Pública Municipal. Las principales quejas ciudadanas sobre los uniformados municipales han sido tres: Lesiones, ejercicio ilegal del cargo y detención arbitraria. Por lo anterior, la PDH ha enviado dos recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con los expedientes 24/2014 y 25/2014, así como dos resoluciones, la 02/14 y 04/14. El trabajo de la institución consiste en emitir documentos a la dependencia municipal, donde se destacen aspectos a mejorar de manera general o en casos específicos.