El 30 de septiembre la prensa internacional replicó las palabras expresadas por el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza en Washington durante la audiencia sobre México: “Hay un contexto de grave crisis de lo que está pasando y es lamentable no solo los hechos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Puebla, lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes. Ésa es una de las señales que preocupa”. Álvarez de Icaza reiteró lo que todos los mexicanos reclaman, la doble victimización, la injusticia ante la violencia que ocurre en todo el país desde hace mucho tiempo. El clima de impunidad que en este mes que concluye tuvo varios ejemplos públicos de crímenes cometidos y perpetradores no castigados. Empecemos con la balacera en instalaciones de la Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Distrito Federal el miércoles 29 de octubre. Fue atacado a balazos el académico Ernesto Villanueva mientras circulaba en un carro “blindado”; denunció como sus presuntos agresores a otros miembros de la UNAM: Diego Valadés Ríos –quien negó el señalamiento vía Twitter– y al investigador Isidro Saucedo. Villanueva considera que el ataque proviene de la nota que publicó el 13 de octubre de 2014 en la revista Proceso y titulada “Diego Valadés y el Cártel de Juárez”. Artículo sustentado en el hallazgo en 2003 de una credencial con la fotografía del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, acreditándolo como agente federal y firmado el documento por Valadés en calidad de Procurador General de la República (cargo que ocupó de enero a mayo de 1994). El 16 de octubre apareció asesinada la tuitera María del Rosario Fuentes Rubuos, la habían secuestrado un día antes. En internet publicaron a un lado de su foto muerta la siguiente amenaza “…cierren sus cuentas no arriesguen a sus familias como lo hice yo”. Para el 19 de octubre apareció muerto en Guanajuato Ricardo de Jesús Esparza, estudiante del Centro Universitario de los Lagos; había sido detenido por policías en el Festival Cervantino en Guanajuato, la autoridad ha intentado deslindarse y criminalizar al joven, mientras sus compañeros acusan: “lo mataron”. El lunes 27 balearon e hirieron en Monterrey, Nuevo León a León Humberto Reyes Martínez, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en ese municipio. El mismo día fue asesinado Honorio Martínez Rodríguez, director de seguridad de Cuajimalpa, Guerrero con sus dos escoltas en la carretera federal número 95 de la Costa Chica. Después, el 29 de octubre fue asesinado a tiros en el puerto de Acapulco, el Presidente de la Confederación Nacional Campesina CNC en Guerrero, Francisco Tlamanalco, quien había denunciado irregularidades en la confederación y era investigado por despojo. El mismo miércoles fueron localizados en Tamaulipas los cuerpos –quemados y con tiro de gracia– de los hermanos de Álex, José Ángel y Érica Alvarado Rivera (y su novio José Guadalupe Castañeda Benítez), cuya desaparición había sido denunciada desde el día 13 de octubre por la madre los Alvarado, quien aseguró habían sido secuestrados por el Grupo Hércules, un cuerpo de seguridad de élite de la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar. Y los asesinatos impunes continúan. Por otro lado, callar a la prensa es un objetivo primario tanto para los criminales que integran bandas, células y cárteles, como para gobiernos, sean instancias federales, estatales o municipales. El 28 de octubre el portal electrónico de noticias SinEmbargo denunció el acoso y los ciberataques de que fueron objeto a partir de 8 del presente mes: “…una campaña de amenazas y difamación desplegada en redes sociales, llamadas telefónicas, correo electrónico y mensajeros en sus oficinas”. Todas relacionadas con la molestia del delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, quien exigió en forma violenta que la dirección editorial retirara del portal una serie de fotografías que muestra al funcionario mientras posa con armas. Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que elementos de las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal encubiertos, eran quienes un día antes habían atacado a reporteros en el poblado de Apetlanca, en Cuetzala del Progreso, Guerrero. Previo, en las redes sociales empezó a circular un video donde cuatro hombres vestidos de civiles con armas largas se fueron encima del auto de los reporteros como energúmenos e intentaron obligarlos a bajar del carro apuntándolos, insultándolos y tratando de romper el vidrio del vehículo con las armas. En la misma fecha, en YouTube y SinEmbargo, expusieron un audio donde presuntamente el Secretario de Gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado, ordena golpear al periodista Juan Manuel Auzua, conductor del programa “El Guardián de la noche”, que se transmite en el estado. Instruye: “a ése hay que romperle la madre, eh” porque no le gusta lo que cree que se da a entender del gobernador priista José Eduardo Calzada Rovirosa. La descomposición social e institucional en su máxima expresión, la barbarie que, efectivamente, va más allá de Tlatlaya y Ayotzinapa o Puebla. Y de las autoridades, la única respuesta que se obtiene es en palabras que a nadie satisfacen y menos cuando vemos al secretario de defensa decirle a sus subalternos algo que ya deberían saber, “no podemos actuar como delincuentes”, lo que sucedió a mediados de esta semana. Ante la evidencia de los hechos, “El tope a donde tope” del presidente Enrique Peña Nieto resulta demagógico e insuficiente.
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