Narcoguerra imparable

A punto de arrancar el proceso electoral de 2015, y previo a la selección de candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales y federales entre noviembre y diciembre próximo, la lucha entre células del crimen organizado tiende a empeorar, en medio de la omisión, sospecha y complicidad de agentes y mandos de la Policía Municipal de La Paz, Policía Estatal Preventiva, Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, Gendarmería, Policía Federal y hasta de la Procuraduría General de la República. La narcoguerra inició el 31 de julio de 2014, cuando -según reportes federales y militares- hubo una ruptura entre células criminales y la plaza del narcomenudeo del municipio de La Paz se dividió en dos, tras la captura del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán. Por un lado, la zona sur -de la Avenida Colosio hacia el sur de la ciudad-, controlada por la gente de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, del Cártel de Sinaloa; y por otro, la zona norte -de la Avenida Colosio hacia el norte-, bajo el dominio de la gente de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, del Cártel de los Beltrán Leyva, quienes han sido protagonistas de una feroz lucha por el control del territorio que, al cierre de esta edición, elevó a 27 el número de muertos en solo 92 días. Reportes de inteligencia federales y de las fuerzas armadas -cuya información fue corroborada tras la aparición de narcovideos en las últimas dos semanas- exponen la pelea entre dos bandos de narcomenudistas. El primero de ellos encabezado por Ranulfo Portillo López “El Ranulfo”, y el segundo por una célula identificada como “El René” o “El Zero Miedo”. Según las primeras investigaciones, “El Ranulfo” es respaldado por el jefe de plaza de Los Cabos, Vidal Martínez Barraza “El Vidal” o “El Víctor” y criminales de la zona sur del Cártel de Sinaloa, con la pretensión de,  a sangre y fuego, apoderarse de la zona norte controlada por los Beltrán Leyva. La mayoría de los crímenes se han cometido en la línea divisoria entre los territorios del narcomenudeo, es decir, sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio hacia la calle Nayarit en el lado norte, y de la avenida Luis Donaldo Colosio hacia el libramiento Daniel Roldán Zimbrón del lado sur.  En base a investigaciones federales y militares, la lucha entre unos por meterse y otros por defenderse ha traído como consecuencia levantones, balaceras, ejecutados, decapitados, calcinados e inclusive fusilados, como fue el caso del poblado de Los Barriles, donde el jefe de plaza de esa zona, José Ramón Sánchez Quiroz “El Pelón”, su lugarteniente Rosendo Jesús Acevedo Amador “El Chendo” y su novia, Guadalupe Torres López “La Melody”. Por ese triple homicidio -como se afirma en averiguación previa LPZ/039/HOM/2014- fueron capturados y encarcelados el sobrino de “El Ranulfo”, Arnulfo Lozoya Portillo y/o Rodrigo López García “El Güero”, e Hipólito Noé Solís Hernández “El Combayo”, quienes a la fecha han sido los primeros y únicos detenidos de esta ola de asesinatos en La Paz. Según reportes de las autoridades, un hombre es clave en la ola de ejecuciones: Cruz Alfonso Lozoya Uriarte “El Grande”, presunto jefe de sicarios de Ranulfo López Portillo y antiguo aliado de “El René” o “El Zero Miedo”. Se ubica a “El Grande” como el cerebro de la logística de los asesinatos, en virtud de que conoce a todas las células criminales tanto de la zona norte como de la zona sur del narcomenudeo, lo que le ha permitido dar fácilmente con sus víctimas, vigilarlas y asesinarlas, además de desplazarse impunemente con gran habilidad, protegido por policías corruptos y mandos deshonestos vinculados a su red criminal del Cártel de Sinaloa. Lo más cuestionable El Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, prácticamente ha sido exhibido como ineficiente una y otra vez ante el crecimiento del número de homicidios de una semana a otra, cuyos integrantes -algunos de los cuales cuando menos tuvieron el valor civil de reconocer- “han sido incapaces de articular un plan que permita revertir el nivel de violencia y devolver la tranquilidad a una ciudad relativamente pequeña”. “El problema es que no todos están jalando parejo. Puede ser por miedo o por complicidad”, reflexionó un miembro de este grupo interinstitucional, quien de entrada, cuestionó duramente la actuación de los gobiernos del Estado y Federal. Desde su punto de vista, y con base a la Constitución Mexicana, Código Penal Federal, Ley Orgánica de la PGR, Ley Orgánica de la PGJE y la Ley General de Delincuencia Organizada, desde el inicio de la narcoguerra “debieron investigarse los crímenes y causas de los crímenes, es decir, la PGJE, investigar los homicidios; y la PGR, la causa de esos homicidios”. Sin embargo, no está pasando eso. A decir del integrante del Grupo de Coordinación, entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República se están echando la bolita y nadie quiere hacer el trabajo de investigación de la causa de los crímenes, a pesar de que el Artículo 21 de la Constitución Mexicana es muy claro: * La PGJE es la instancia responsable de investigar delitos del fuero común, en este caso, los crímenes. *  La PGR es la instancia responsable de investigar delitos relacionados a la delincuencia organizada, en este caso, acopio de armas y tráfico de drogas. Peor aún, según el Artículo 2 de la Ley General de Delincuencia Organizada, la PGR debe atraer el caso de delincuencia organizada, ya sea ejerciendo el derecho de facultad de atracción, o por declaración de incompetencia de cualquier autoridad. El Artículo 2 transcribe: “… cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado, cometer alguno a algunos de los siguientes delitos: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores, trata de personas y tráfico de drogas…”. A pesar de que un grupo de agentes de la Unidad Especializada de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) levantó durante dos semanas un mapeo delictivo, algunas dudas y sospechas de vínculos criminales recayeron sobre comandantes y mandos de la Policía Municipal de La Paz, Policía Federal Ministerial y Policía Federal. Y es que en la revisión y análisis de la información de capturas por parte de agentes de la SEIDO, prácticamente todas salieron reprobados. Los números fríos -según informes recolectados de puestas a disposición de vendedores de droga- de enero a octubre pasado, son los siguientes: * La  Policía Federal Ministerial únicamente tiene registradas dos capturas, distribuidas de la siguiente manera: 0 en enero; 0 en febrero; 1 en marzo; 0 en abril; 1 en mayo; 0 en junio; 0 en julio; 0 en agosto; 0 en septiembre y 0 en octubre. * Policía Federal solo 9 detenciones, distribuidas así: 1 en enero; 0 en febrero; 2 en marzo; 0 en abril; 1 en mayo; 0 en junio; 3 en julio; 2 en agosto; 0 en septiembre y 0 en octubre. * Policía Municipal de La Paz, únicamente tiene 3 detenciones: 0 en enero; 1 en febrero; 0 en marzo; 1 en abril; 0 en mayo; 0 en junio; 0 en julio; 0 en agosto; 0 en septiembre y 1 en octubre. Los pobres resultados hablan por sí solos de la complicidad de dichas autoridades con el crimen organizado, a quienes no detienen ni combaten, por lo que evidentemente, aportaron su cuota en esta narcoguerra. Los últimos crímenes En el recuento de esta última semana, un levantón y tres tiroteos dejaron saldo de tres muertos y dos heridos en las colonias Benito Juárez, Agua Escondida e Indeco, en la zona urbana de La Paz. El primero se registró la mañana del sábado 25 de octubre, cuando un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco, placas de circulación CZL-8459, circulaba sobre las calles de Cabildo, entre Benito Juárez y Normal Urbana, Colonia Benito Juárez, y repentinamente una camioneta le cerró el paso. Un sujeto bajó con un arma larga y disparó en contra del tripulante. Testigos refieren que el vehículo blanco era perseguido por una camioneta Toyota RAV4 de color gris, tripulada por tres sujetos, uno de ellos de complexión mediana y tez clara, con chaleco antibalas, quien empezó a disparar y, acto seguido, salieron huyendo hacia la calle Manuel Márquez de León. En la escena del crimen, la PGJE levantó 29 cartuchos percutidos calibre .223 y 16 de 9 milímetros, encontrando al herido aún con vida, por lo que fue trasladado al Hospital General “Juan María de Salvatierra”. En el auto se encontraron más de diez impactos de bala y una gorra negra con un gallo de pelea bordado, unos lentes Ray Ban y una cerveza Tecate Light abierta, y a un costado, tres recibos de nómina expedidos por Oficialía Mayor del Ayuntamiento de La Paz, a nombre de Jesús Manuel Amador Avilés, quien era empleado general en el área de Deportes. El segundo caso se registró el martes 28 de octubre, cuando se reportó el hallazgo de una persona sin vida en el arroyo conocido como “El Piojillo”, en la colonia Agua Escondida. La víctima se encontraba esposada y con un golpe en la cabeza, boca abajo y, a su alrededor, un charco de sangre. Las primeras investigaciones arrojaron que se trataba del narcomenudista Christian Castro Tyler “El Cris”, quien -según testigos- había sido levantado por la madrugada en las calles Zafiro y Progreso del fraccionamiento Las Palmas. Apenas el 14 de octubre, el joven había sido detenido en posesión de ocho grapas