Continúa conflicto por Calfia; Tribunal multa a Hernández Silerio

El conflicto por el apoderamiento legal de la empresa de transporte Calfia continúa desahogándose en los tribunales. Desde la muerte de Gregorio Barreto, en julio de 2012, Raúl González Lima y Arturo Aguirre –actual delegado de La Presa– han disputado la titularidad del Grupo Calfia. En el expediente 1246/2011 entre Auto Transportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos Calfia de Tijuana y el director municipal de Transporte Público de Tijuana, González Lima pelea por su derecho de ser reconocido como apoderado legal de la empresa del finado diputado y transportista, Gregorio Barreto. De acuerdo a la última resolución de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, a cargo del licenciado Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, el director de transporte, José Luis Hernández Silerio, debe reconocer la personalidad jurídica de González Lima. Sin embargo, Hernández Silerio no acató la orden del Tribunal, por lo que el 29 de septiembre de 2014, esta Sala le concedió un plazo de cinco días “para que exhiba las documentales que justifiquen el cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos, apercibida”. En el documento, se desestiman las manifestaciones que el director de transporte público presentó para no reconocer a González Lima. También se le informa que de no hacerlo, se le multaría por el equivalente a un mes de salario mínimo general. Sin embargo, el 9 de octubre, el funcionario municipal respondió con otra misiva para argumentar que el magistrado “omite precisar en forma específica y concreta a qué sentencia se refiere”. En entrevista con ZETA, Hernández Silerio alega la existencia de dos expedientes por el mismo asunto dentro de tribunales, por lo que acatará la orden cuando sea especificado a cuál de los dos, el magistrado se refiere. En el documento contestado por el director de transporte público, se manifiesta una “confusión” que le “impide” dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal, pero cuatro días después, el Tribunal emitió su respuesta. Por su parte, el Magistrado sostiene “no existe confusión alguna” e instruye a la autoridad municipal a cumplir con lo solicitado, en conformidad a los artículos 86  y 97 de la Ley que rige al Tribunal. Además de hacer válida la primera multa por un salario mínimo, se le advierte que tiene un plazo de tres días para exhibir las documentales que le fueron solicitadas anteriormente, de no hacerlo, se le aplicará una multa por tres meses de salario mínimo. Mientras Hernández Silerio refiere que continúa en espera de lo solicitado al Tribunal, pero González Lima lo acusa de proteger a Arturo Aguirre por el parentesco político entre los dos priistas. Al respecto, el director de transporte público dijo “no protejo a nadie en lo particular, eso es un asunto interno de la empresa”.